CdMx.- La noche del martes, en la Cámara de Diputados se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La votación quedó con 339 votos a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones.
La nueva legislación busca perseguir de oficio los actos de extorsión, imponer condenas de hasta 25 años de prisión y habilitar la denuncia anónima a través del número telefónico 089.
Sin embargo, durante la discusión en lo particular, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó reservas de último momento que fueron avaladas por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).
Entre los cambios más relevantes, se propuso reducir las sanciones para servidores públicos, como policías, ministerios públicos, directores de centros penitenciarios y quienes incurran en omisión al denunciar delitos de extorsión conocidos.
La reserva de Monreal, aprobada ayer en la Cámara de Diputados, modificó las penas para servidores públicos por omisión en casos de extorsión. Según Monreal, imponer de 10 a 20 años de prisión a un funcionario que conoce un caso de extorsión, mientras que quienes cometen directamente el delito recibirían entre 6 y 15 años, resulta irracional y desproporcionado.
El legislador argumentó que esta medida buscaba equilibrar las sanciones y señaló que nadie de las demás bancadas había propuesto cambios al artículo 2 de la Ley General para Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión, tipificado como grave y que amerita prisión preventiva oficiosa.
Con la reserva aprobada, los servidores públicos que omitan denunciar los delitos previstos en la ley podrían enfrentar penas de 5 a 12 años de prisión, además de multas de 600 a 3 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de sus atribuciones en prevención, investigación, procuración e impartición de justicia o vigilancia en centros penitenciarios.
Un segundo cambio recayó en la figura de extinción de dominio, que permite confiscar bienes de personas involucradas en delitos. La reparación del daño a las víctimas se realizará con los recursos obtenidos de particulares mediante esta figura, pero se excluyeron los bienes asegurados a favor del Gobierno federal o de los estados.
Esta noche, en la Cámara de @Mx_Diputados, aprobamos la Ley General contra la Extorsión, propuesta por la Presidenta @Claudiashein.
Con esta norma, el Estado podrá perseguir de oficio este delito y recibir denuncias a distancia, protegiendo la identidad de las víctimas. pic.twitter.com/AQekV9UiF6— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 29, 2025
«Esta Ley previene que de los bienes producto de este delito de extorsión se destinen prioritariamente a la reparación del daño», expuso el legislador morenista.
Además, Monreal propuso fortalecer la Estrategia Nacional contra la Extorsión para convertirla en un instrumento de política pública operativa y verificable: “Se plantea diseñar e implementar campañas permanentes de información y prevención orientadas a visibilizar las distintas modalidades de extorsión y a fomentar la denuncia ciudadana”.
Sobre el tema, la oposición acusó que las reservas iban en contra de la voluntad del Ejecutivo federal. Por ejemplo, el panista César Damián Retes explicó que era una pésima manera de echar a perder la iniciativa de la Presidenta, con una Ley que buscaba proteger a las familias de la extorsión.
Cuestionada al respecto durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) respondió que no contaba con información detallada sobre la reserva impulsada por el Diputado Ricardo Monreal.
“No tenía la información. Hoy averiguamos exactamente de qué se trata y por qué lo está planteando Monreal. Vamos a ver. Vamos a ver exactamente de qué se trata”, dijo.
