Por Andrés Vera Díaz
La ejecución del alcalde de Uruapan dista mucho de lo fortuito. Entre las interpretaciones y la obviedad, la explicación conlleva responsabilidades y correlación.
La estrategia de confrontación directa al crimen organizado desde un ámbito sin atribución constitucional, de fondo llevaba un planteamiento más reaccionario que quirúrgico.
Ese desprendimiento de la política tradicional que implementó la 4T de atacar las causas, tampoco ha resultado en una disminución realmente palpable en ciertas regiones del país, sobre todo en aquellas donde los grupos tienen más coptadas a las instituciones y a la sociedad en su conjunto.
Michoacán, desde el sexenio de Felipe Calderón se convirtió en un polvorín emblemático de la complicidad política y criminal. Basta recordar los oscuros pactos entre «Cocoa» Calderón (hermana de Felipe) con la «Tuta», líder de los Caballeros Templarios, en los que se pedía la intervención de esa organización para ayudar a candidatos del PAN.
Sin embargo, con el paso de otros gobiernos, PRD y Morena, la realidad no ha cambiado. La administración tanto del poder gubernamental, asociado al criminal es tan profunda, que las estructuras ligadas no rompen los acuerdos de impunidad.
Por eso, la estridencia de Manzo que en la teoría intentaba deslizar esa realidad, en lo práctico y tangible era una sentencia de muerte. Y esa correlación que se extiende a la actualidad, es precisamente lo que el crimen intenta proteger por medio de actos como el asesinato del alcalde como una forma propagandistica de manifestar que su poder factico sobrepasa cualquier intentona de romper moldes preestablecidos.
La muerte de Manzo, no solamente proyecta una realidad que dista de la versión oficial sobre la pacificación nacional, pero también sobrepasa la «exigencia» opositora cuándo se evade el origen de dicha violencia institucionalizada y pretendidamente culturizada.
Ahora, la reeditada visión de Manzo tenía más un trasfondo político que una solución al origen. De hecho, en 2021, fue diputado federal de Morena y un férreo crítico de Felipe Calderón, a quien acusaba de haber incendiado al país con su «estrategia» frontal contra el narco, misma que replicase ya como alcalde. De hecho, el 27 de febrero solicitó licencia para contender a la alcaldía de Uruapan como candidato independiente y no por el partido que lo llevó a la Cámara Baja. Su gestión se distinguió por una posición contra el crimen a manera de exterminio y la exigencia de acciones firmes para contener la escalada de violencia en la zona.
Manzo llegó a hacer una declaración impactante: «Aquel delincuente que se encuentre armado, que se resista al arresto o agreda a los ciudadanos, hay que abatirlo». Este discurso beligerante lo puso en desacuerdo directo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero no todo eran declaraciones estridentes en el marco de gobernar una demarcación dominada por cinco grupos del crimen en una de las zonas aguacateras y limoneras más importantes del país.
A finales del 2024, tras el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solis, en pleno centro de Uruapan, colectivos denunciaron al alcalde por una serie de discursos de odio contra la prensa, elevando a tonos de amenaza y apología del delito contra sus críticos.
De hecho, Manzo fue objeto de una denuncia de carácter penal por los supuestos delitos de amenazas y discriminación, luego de que algunos medios reportaran la ejecución de su colega.
Una masacre en una fiesta patronal que dejó como saldo doce muertos, también expuso la fragilidad de su «estrategia» frontal, pues en sí, las cifras de asesinatos y extorsiones no bajaban, solamente evidenciaba un mero discurso que no llevaba más que a exacerbar el debate social entre sus seguidores, que alentaban el linchamiento mediático contra la prensa local.
Por eso, la ahora pretensión de elevarlo como un héroe y un motivo para evocar simplonamente la emocionalidad como forma de expresión opositora, sin analizar los antecedentes y los resultados del propio Manzo, es absurda y demuestra la falta de seriedad de muchos comentócratas que tratan de legitimarse mediante la reproducción de esos mismos mensajes sin siquiera pretender entender, el devenir contradictorio de Manzo y la denostación contra sus detractores por la exhibición de la serie de arbitrariedades en derechos humanos, de los cuáles existen registro de por lo menos seis denuncias.
El asesinato como un drama de corte opositor se ensalza en el objetivo de deslegitimación, de a quien Manzo lanzaba retos y críticas severas -Claudia Sheinbaum-, por eso, su muerte simboliza una efervescente explosión de animadversión, pero evade a toda costa, investigar un poco aunque sea, el proceder del ex alcalde en una posición que él mismo repudiaba un par de años atrás.
Sin duda, su posición que resaltaba, provocó que tuviese foro nacional y su muerte trágica, no debió pasar. Ahora ya no se trata de un caso aislado, pero si es la consecuencia directa de la falta de estado de derecho y una extensa complicidad estructural.
