Zacatecas, Zac.— La diputada Renata Ávila Valadez, en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), presentó ante el Pleno de la LXV Legislatura una iniciativa crucial para modificar el Artículo 21 de la Constitución Política del Estado. El propósito de la reforma es incorporar el Principio del Interés Superior de la Niñez y la Adolescencia como un criterio rector y vinculante para todas las determinaciones del poder público en la entidad.
La legisladora argumentó que su propuesta tiene la convicción profunda de situar en el centro a los grupos más vulnerables de la sociedad: «las niñas, los niños y las y adolescentes de Zacatecas.» Ávila Valadez señaló que la infancia no debe continuar siendo considerada un tema secundario o simplemente un asunto de retórica política.
Ávila explicó que este principio debe quedar plasmado en la Constitución local para funcionar como una guía de carácter obligatorio en todas las decisiones que emanen del Estado. Si bien la Constitución Federal, los acuerdos internacionales y la jurisprudencia federal ya reconocen a la infancia como sujeta de plenos derechos, la omisión de este reconocimiento de manera directa en el texto zacatecano limita la creación de políticas públicas efectivas y sistemas de protección integral.
La diputada enfatizó que cuando la Ley Suprema otorga un nombre y un reconocimiento, inmediatamente genera una obligación. Por lo tanto, es esencial que Zacatecas asuma la responsabilidad de garantizar el desarrollo, el bienestar y la participación activa de este sector, haciéndolo desde el más alto nivel de jerarquía jurídica estatal. El «interés superior» no es un concepto hueco, sino que requiere que se privilegie siempre el pleno desarrollo físico, emocional, educativo y comunitario de la niñez.
La integración de este principio no es meramente simbólica; la diputada detalló que esta enmienda constitucional abrirá el camino para la creación de presupuestos con un enfoque específico en la infancia, el reforzamiento del Sistema Estatal de Protección Integral, la elaboración de políticas interinstitucionales y la generación de mejores instrumentos para prevenir la violencia, el abandono, el reclutamiento, la desigualdad y la exclusión.
Actualmente, el texto constitucional de Zacatecas reconoce los derechos humanos de manera general, pero no individualiza a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos prioritarios ni impone la obligación expresa al gobierno de diseñar políticas con un enfoque en ellos. Con la reforma, el Estado y los municipios deberán, en cada decisión, presupuesto, programa y sentencia, anteponer el bienestar y la protección integral de la infancia.
La congresista recordó las graves problemáticas que padece Zacatecas en relación con las infancias: pobreza, violencia intrafamiliar, rezago educativo, migración prematura y riesgos asociados a la inseguridad. Reiteró que es imposible transformar esta realidad sin partir de una protección constitucional reforzada. Por ello, sentenció que la reforma no es un adorno, sino un «mandato jurídico vinculante.»
La iniciativa, que fue respaldada por legisladores de diversas fracciones parlamentarias, permitirá con mayor eficacia la creación de observatorios, defensorías, líneas presupuestales específicas y mecanismos de seguimiento para fortalecer la protección de la infancia desde la base normativa. El proyecto ha sido turnado a comisiones para su análisis, debate y posterior dictaminación.
