Por Andrés Vera Díaz
Una compleja red que opera como un “Cártel Inmobiliario” ha sido detectada en Zacatecas, enfocándose en la apropiación ilícita de inmuebles de alto valor, principalmente en el Centro Histórico de la capital. La denuncia, impulsada por el Colegio de Notarios de Zacatecas en coordinación con notarios de diversos estados, expone un sofisticado esquema que involucra falsificación de documentos y la participación de exfuncionarios y en funciones.
Fue el licenciado Jaime Casas Madero, presidente del Colegio quien ha destapado la cloaca, pero la bomba aún no termina de estallar. El esquema que tendría a ex burócratas y en funciones del Ayuntamiento capitalino, en coordinación con ex funcionarios del Infonavit, notarios locales y empresarios, dista del modus operandi de aquel Cártel Inmobiliario panista practicado en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, que consistía en autorizar ilegalmente pisos adicionales y obras de construcción a cambio de sobornos en efectivo y departamentos, burlando las normas de desarrollo urbano.
En algunas alas del morenismo zacatecano, se apresuraron a inferir o relacionar que era el mismo grupo panista, el que se asentó en Zacatecas, y aunque existen elementos que involucrarían a la actual “administración” varelista, no es exclusivo del gobierno municipal presente. De hecho, los datos que posee Casas Madero se concentrarían en un periodo de tiempo específico, desde 2018 a la fecha.
Así pues, pesarían las dudas sobre Verónica Gálvez y Margarita García, directoras de catastro municipal en los gobiernos de Ulises Mejía, Jorge Miranda y Miguel Varela, respectivamente; aunque con la presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario, se han reservado acusaciones en firme hasta que se vaya dirimiendo la investigación. Sin embargo, llama la atención que García ha salido de la administración panista, en una serie de movimientos que si evocaría el esquema de la Benito Juárez, como el nombramiento repentino en Catastro, en el que entra el M.A. Alfredo Robles Rodríguez en sustitución, aunque no ha pasado por Cabildo.
Sin embargo, la salida de Margarita García estaría sustentado en que precisamente, la funcionaria habría manipulado información en los registros catastrales municipales, clasificando propiedades en proceso de juicio sucesorio como “intestados abandonados” o en “abandono” en este periodo en la administración panista, por lo que desde el propio gobierno estatal, se fue promoviendo su salida al mismo tiempo, que en una coincidente pero no pactado, cierre de filas, Varela y compinches prefirieron darle salida para colocar a alguien que no tuviera conexiones en la línea de tiempo con anteriores administraciones, pero el desligue político no basta.
También un ex funcionario del gobierno del Estado junto con un notario, -quien fue impulsor de la campaña de David Monreal y que además se vende como un “gran cercano a Varela”-, habrían falsificado documentos para el cambio de propietario de una finca en la Avenida Tacuba de la capital, cercano a dos estacionamientos. En el proceso, documentos de dudosa fiabilidad pasaron por las manos de García, mismos que forman parte de la investigación. Este hecho, fue determinante para terminar de despedir a ese ex funcionario, sobre quien pesaba la pésima estrategia jurídica para la defensa del Segundo Piso o Viaducto Elevado. Con conocimiento del gobernador David Monreal, los actos derivaron la salida de ese funcionario, quien en el entramado, habría sido ayudado por ese notario con vínculos varelistas.
Ahora, según lo expuesto por el notario Jaime Casas, esta red delictiva se especializa en identificar y apropiarse de los llamados “bienes vacantes” o aquellos con propietarios desconocidos en el Centro Histórico. Estos inmuebles, muchos de ellos centenarios y en grave deterioro, quedaron sin titular aparente debido a problemas sucesorios no resueltos, fallecimientos o la omisión de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
El esquema se basa en haber utilizado información generada en un censo realizado durante la administración municipal de Judith Guerrero, cuyo objetivo era identificar estos bienes para su restauración y evitar colapsos. Esta base de datos habría caído en «malas manos». Los integrantes del cártel han fabricado escrituras ficticias y apócrifas, falsificando firmas y sellos de notarios de otros estados como Hidalgo, Guanajuato (particularmente Silao), Jalisco y Durango.
Posteriormente, buscan legitimar la propiedad celebrando supuestos contratos de compraventa en otras entidades y luego, realizando el pago de traslado de dominio en la presidencia municipal de Zacatecas para intentar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así pues, el uso de notarios foráneos busca generar una «distracción» en el proceso de validación y que no se expusiera el caso en Zacatecas. Entonces, precisamente la admisión del traslado de dominio y el pago espontaneo de predial, serían elementos primordiales para conocer que predios han sido objeto de ésta práctica, además del cruce de información con notarios de otros estados que deben tener registro en sus libros, de la validación documental para los cambios de propietario. He aquí la esencia, porque al no existir en sus registros, evidentemente se recurrió a la falsificación, suplantación y puede que hasta, la compra del favor en determinados casos; como por ejemplo, los predios en Tlaltenango en la era de Varela, en donde la certeza jurídica sigue sin esclarecerse, pero un notario «allegado» hizo el favorcito.
El presidente del Colegio de Notarios de Zacatecas, asegura que los notarios afectados cuyas firmas y sellos fueron falsificados, ya han interpuesto denuncias penales en sus respectivos estados. El Colegio está trabajando en coordinación con el Registro Público de la Propiedad y la Fiscalía de Justicia del Estado de Zacatecas. «No es justo que los notarios que trabajamos de manera honesta, ordenada y honorable paguemos las consecuencias de alguien que está haciendo mal su trabajo,» declaró Casas.
El caso de Zacatecas resuena con el escándalo del Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México, que involucró a miembros del partido político PAN y notarios para cometer actos ilícitos similares. La gravedad de la situación ha motivado al gremio notarial a nivel nacional a tomar medidas, luego de que el tema escalara a instancias federales.
Aunque ya se han retenido varios instrumentos apócrifos en el Registro Público y se ha iniciado el proceso de cancelación de algunos registros ilegales, el Colegio de Notarios ha instado al Gobierno del Estado a considerar un decreto que resuelva la situación legal de estos bienes vacantes, que representan un riesgo estructural y son objeto de disputa ilegal.
Casas Madero ha emitido una alerta a la ciudadanía para extremar precauciones ante la venta u oferta de inmuebles en el Centro Histórico, ya que las investigaciones prometen revelar pronto a los responsables que ya han adquirido o vendido estas propiedades de manera fraudulenta.
