CdMx.- El Pleno del Senado de la República avaló, en lo general y en lo particular, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el delito de Extorsión.
El dictamen en lo particular fue avalado con 95 votos a favor y 12 en contra, por lo que regresará a la Cámara de Diputados.
Dicha reforma tiene como objetivo castigar con mayor severidad dicho delito que afecta a diversos sectores productivos del país.
¿En qué consiste la reforma a Ley contra la Extorsión?
La iniciativa promovida por Morena, que ya ha sido aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado en lo general, para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, consiste en varios puntos clave que buscan combatir este delito de manera unificada a nivel nacional.
Los puntos centrales de la iniciativa son:
- Persecución de Oficio y Definición de la Extorsión
Persecución de Oficio: Es el cambio más relevante. El delito de extorsión se perseguirá de oficio en todas las entidades federativas. Esto significa que la investigación y sanción no dependerá de que la víctima presente una denuncia formal, sino que el Estado mexicano asume la responsabilidad de perseguir el delito tan pronto tenga conocimiento de él.
Tipo Penal Único: Se establece un tipo penal único y homologado a nivel nacional para el delito de extorsión, eliminando la dispersión y falta de uniformidad que existía en los códigos penales estatales. Esto da certeza a las instituciones de seguridad y justicia.
- Aumento de Penas y Agravantes
Penas Base Elevadas: Se establece que la pena por extorsión será de 15 a 25 años de prisión (el tipo penal básico), con el objetivo de evitar reducciones que pudieran conducir a liberaciones anticipadas.
Agravantes Severas: Se consideran múltiples agravantes que elevan la pena hasta los 42 años de prisión, aplicables en casos como:
- Mecanismos Adicionales
Dispositivos en Penales: Se sanciona la introducción o intento de introducción de dispositivos electrónicos que permitan la transmisión de datos a centros penitenciarios, buscando atacar la extorsión telefónica carcelaria.
Destino de Recursos: Se establece que los recursos obtenidos por procedimientos de extinción de dominio derivados de delitos de extorsión serán destinados preferentemente a la restitución de los derechos de las víctimas.
En esencia, la iniciativa busca centralizar y endurecer el combate a la extorsión, homologando las penas para evitar la impunidad y, sobre todo, aliviando la carga de la denuncia al perseguir el delito de oficio.
