Zacatecas, Zac.- Ante la creciente evidencia de agresiones y uso excesivo de la fuerza por parte de corporaciones de seguridad en Zacatecas, la diputada Ana María Romo Fonseca, de Movimiento Ciudadano, presentó una Iniciativa de Punto de Acuerdo ante la Sexagésima Quinta Legislatura para exigir rendición de cuentas.
La legisladora de la bancada naranja busca poner un alto a los abusos policiales y demandar transparencia. Citó como evidencia los videos difundidos en redes sociales que muestran agresiones contra ciudadanos, mujeres y colectivos.
Romo Fonseca recordó eventos específicos como la represión contra madres buscadoras durante el informe de gobierno, los forcejeos con una ciudadana en la Feria Nacional de Zacatecas y los altercados en el desfile del Día de Muertos de 2024. Estos hechos, señaló, demuestran «el distanciamiento entre las instituciones de seguridad y la sociedad que deberían proteger».
»La ciudadanía exige justicia, respeto y humanismo en el actuar de las corporaciones. No podemos permitir que quienes deben cuidarnos se conviertan en quienes nos agreden», sentenció la diputada.
La gravedad de la situación se respalda en cifras: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) reportó 52 quejas contra policías estatales solo en el primer semestre de 2024, incluyendo presuntas detenciones arbitrarias, lesiones y tortura. Romo Fonseca lamentó que varias recomendaciones de la CDHEZ permanezcan «reservadas», impidiendo el acceso a la verdad.
Por ello, la iniciativa propone citar a comparecer ante el Pleno del Congreso al Secretario de Seguridad Pública, General Arturo Medina Mayoral, y al Director de Seguridad Vial del Estado.
El objetivo es que ambos funcionarios informen detalladamente sobre las acciones, sanciones y medidas correctivas aplicadas a los elementos involucrados en conflictos con la ciudadanía, así como el seguimiento de las quejas ante la CDHEZ.
»Es urgente que los cuerpos policiales reciban capacitación constante, actúen con profesionalismo y apego a los protocolos de derechos humanos», subrayó la legisladora, aclarando que no se busca debilitar a las instituciones, sino «fortalecer su legitimidad».
