Zacatecas, Zac.- El congresista federal Ulises Mejía Haro reafirmó su convicción de que la contienda electoral de 2027 será decidida por la voluntad popular y no por las «demostraciones de apoyo innecesarias.»
Durante su habitual encuentro informativo, La Legislativa, el morenista instó a sus compañeros de partido a dejar de lado el afán de protagonismo y a fortalecer la cohesión interna, advirtiendo que la ciudadanía será capaz de discernir a aquellos funcionarios que efectivamente brindaron atención a la colectividad.
No solo dirigió críticas a la perceptible carencia de entendimiento entre las diferentes esferas gubernamentales, sino que también alertó sobre la ausencia de comunicación con el Ejecutivo del estado.
Mejía Haro sostuvo con firmeza que el destino del proceso electoral de 2027 penderá del criterio ciudadano y se mantendrá al margen de intereses facciosos o los ya mencionados despliegues de apoyo. Aseguró que el verdadero valor político se fundamenta en la labor constante, la proximidad social y la probidad. Recalcó que, cuando llegue el momento, la gente evaluará quién se ocupó genuinamente de las necesidades de todos.
El legislador enfatizó que las definiciones partidistas se concretarán a su debido tiempo. No obstante, anticipó que la base electoral tendrá la capacidad de discernir entre aquellos que dedican su esfuerzo al trabajo efectivo y aquellos cuya motivación principal es la notoriedad. Esta distinción será crucial para determinar quién merece la postulación y, eventualmente, el cargo.
En respuesta a las críticas recibidas en plataformas digitales por sostener encuentros con alcaldes de otras fuerzas políticas, el diputado defendió su talante de apertura. Rechazó categóricamente las descalificaciones procedentes de espacios de «intrigas electorales,» asegurando que su deber es atender a cualquier persona que lo solicite, sin importar su adscripción partidista.
Finalmente, el legislador zacatecano lamentó que algunos presidentes municipales de Morena hayan suspendido reuniones previamente pactadas debido a presiones políticas. Calificó esta situación como un error grave que «perjudica directamente a la ciudadanía,» pues implica la paralización de gestiones y la detención de recursos que podrían traducirse en beneficios tangibles para sus comunidades.
