CdMx.- Con la finalidad de asegurar que las comunidades que soportan la actividad extractiva se beneficien directamente de la riqueza generada, la senadora Geovanna Bañuelos impulsó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos. La propuesta de la legisladora del Partido del Trabajo busca garantizar que los recursos del Fondo Minero sean aplicados en infraestructura esencial y programas sociales en los municipios de vocación minera.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT explicó que el objetivo central de su proyecto es devolver al Fondo Minero un sentido de justicia social. Propone establecer un mecanismo de blindaje y una redistribución de recursos más adecuada que impacte positivamente en la calidad de vida de los habitantes de dichas comunidades.
Bañuelos aseguró que, de aprobarse la reforma, el Fondo Minero «dejará de ser un recurso administrado a distancia» para convertirse en un verdadero instrumento de desarrollo local, caracterizado por la transparencia, la eficiencia y el impacto social tangible.
El punto nodal de la iniciativa es la nueva distribución de los ingresos generados por los derechos especiales y extraordinarios sobre minería. La Senadora propone que el 100% de estos ingresos se divida entre tres áreas consideradas críticas para el bienestar de la población: 40% para la Secretaría de Educación Pública (SEP), 40% para la Secretaría de Salud, y el 20% restante para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La propuesta especifica cómo deben usarse los recursos destinados a seguridad, incluyendo la adquisición, instalación y modernización de equipo tecnológico. Esto abarca la implementación de cámaras de videovigilancia, sistemas de comunicación avanzados, plataformas de gestión e información, y el uso de herramientas de inteligencia artificial orientadas a la prevención, atención e investigación del delito.
En cuanto a la distribución geográfica, la propuesta establece que el 85% de lo recaudado se canalice directamente a los municipios donde se localizan las concesiones mineras. De esta forma, se asegura que las comunidades que sufren los costos ambientales y sociales de la minería sean las principales receptoras del beneficio. El 15% restante se destinaría a programas de infraestructura con una proyección de impacto a nivel regional o nacional.
Aludiendo a su estado, la líder petista citó el caso de Zacatecas, entidad que entre julio de 2024 y julio de 2025 produjo una riqueza significativa en oro. Pese a este aporte, la entidad continúa sufriendo rezagos históricos en carreteras, escuelas, hospitales y seguridad ciudadana. La reforma, enfatizó, busca transformar los recursos del subsuelo en «escuelas con tecnología, clínicas equipadas y calles seguras.»
Finalmente, Bañuelos concluyó que su proyecto no es solo una «justicia fiscal,» sino una justicia social. Aseguró que destinar fondos a infraestructura de seguridad, como equipos de videovigilancia e inteligencia artificial, en estados como Zacatecas que enfrentan un contexto complejo de violencia, es esencial para fortalecer las capacidades del Estado y generar condiciones de paz y confianza para los ciudadanos y la inversión productiva.
