CdMx.- El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, ha lanzado un desafío público al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al prometer liquidar la deuda fiscal de sus compañías «en menos de 10 días» si la administración federal le proporciona una cifra actualizada. Este anuncio se realizó durante la celebración de su cumpleaños en la Arena Ciudad de México.
No obstante, la cantidad que el magnate ha manifestado estar «dispuesto» a cubrir, de 7 mil 600 millones de pesos (que supuestamente incluye un pago previo de $2,700 millones de pesos realizado en 2022), se encuentra muy lejos del monto que exige el gobierno mexicano. Según lo informado en junio por la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, la suma total de los adeudos asciende a 84 mil millones de pesos.
Salinas Pliego difundió su postura a través de redes sociales, publicando dos documentos: una solicitud reciente enviada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) pidiendo el monto final para finiquitar en diez días, y una misiva de hace un año dirigida a la entonces Jefa de Gobierno.
En esta carta previa, la corporación empresarial exponía su voluntad de saldar los $7,600 millones de pesos, una cifra derivada de resoluciones fiscales acumuladas desde 2006. En el texto se sugería que existía un compromiso previo con el exfiscal y actual subsecretario Félix Arturo Medina Padilla, un pacto que, según la versión de Grupo Salinas, no fue honrado.
La administración federal respondió de inmediato, desmintiendo categóricamente la versión del empresario. Félix Arturo Medina Padilla, hoy Subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que es «falso» que se haya alcanzado algún acuerdo final con Grupo Salinas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador para resolver el conflicto fiscal, que data de ejercicios entre 2008 y 2013.
Medina Padilla explicó que, aunque sí hubo múltiples conversaciones y mesas de diálogo con los representantes del consorcio, nunca se logró consensuar ni el monto exacto del adeudo ni una ruta definitiva para la solución. Esto se debió a que la empresa siempre «discrepó» de la cantidad determinada por el SAT, sin que se llegara a firmar ningún documento de acuerdo.
El Subsecretario recordó que el principio establecido por el expresidente López Obrador era que no se permitiría la condonación de impuestos, sino únicamente la aplicación de reducciones legales en recargos, un beneficio aplicable a cualquier contribuyente. Además, cualquier pacto requería la validación previa del Poder Judicial, condición que nunca se concretó.
De esta forma, la disposición de pago de Salinas Pliego queda confrontada por una significativa discrepancia financiera y un desmentido oficial sobre la existencia de un acuerdo previo, manteniendo abierto el conflicto legal por el millonario pasivo fiscal.
