Por Andrés Vera Díaz
Este domingo pasado, México vivió una jornada histórica. La elección del Poder Judicial marca un hito en el método de designación de ministros, magistrados y jueces.
Sí, fue una participación baja en relación con la anterior elección ejecutiva y legislativa. Entre el 12.57 % y el 13.32 % de electores, lo que representa 13 millones de sufragios, contra un 61 % que representó 60 millones en 2024, abre el debate de si la elección fue un éxito o no.
Depende, evidentemente, de la perspectiva. Hace 30 años, el entonces presidente Ernesto Zedillo disolvió la Suprema Corte e impuso la suya, a modo, sin un proceso abierto o mínimamente considerativo, construyó un Poder Judicial a modo.
Hoy, se trata de un cambio de régimen, particularmente porque los presidentes y gobernadores ya no serán quienes elijan a los juzgadores, como ocurrió, por ejemplo, con Ernesto Zedillo Ponce de León.
Entonces, la deliberación se enfoca en el procedimiento democrático, y pese a la poca participación, que tiene diversas explicaciones, se abre la puerta a una nueva consideración de cómo deben conformarse las entrañas del Poder Judicial, rompiendo con el establishment protector de intereses muy particulares, sobre todo a los potentados.
Por supuesto que la oposición llamó a no votar, porque el último reducto de influencia institucional que les era propio, se conduce ahora bajo un proyecto de deconstrucción nacional, pero la estrategia para deslegitimar el proceso fue en detrimento de los propios perfiles que promovieron entre las sombras y, claro, escondidos a la luz para que, precisamente, no se asumiera de facto un reconocimiento a la Reforma Judicial.
Pero el contraste es significativo en el marco de otros procesos electivos. Por ejemplo, el referéndum de 2022 para decidir si Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continuaba o no en su puesto como presidente reafirmó la alta aprobación que mantenía en las encuestas de valoración: casi el 92 % votó por su permanencia.
El bajo porcentaje de participación en la consulta (menos del 18 % del electorado, lejos del 40 % necesario para ser vinculante) impidió que su resultado fuera de obligado cumplimiento. Esta escasa afluencia —sumada al llamado de la oposición a la abstención en lugar de votar por la revocación— se ha convertido, como ahora en la elección al Poder Judicial, en el arma favorita de la oposición para deslegitimar procesos, pero la contradicción es evidente. No es una cuestión de ejercicios simuladores, es que sencillamente se dan por vencidos antes para intentar justificar que sus «llamados» tienen efecto social derivado de su propia alegoría, lo cual no resulta práctico a la hora de la contabilización de los votos y mucho menos del resultado.
Análisis de las comparaciones
Por eso, resultan curiosas las comparaciones y es que un universo de 13 millones de votos en la elección judicial resulta equiparable a los resultados por partido político en 2021. El PAN obtuvo 9 millones de votos, el PRI 5.7 millones y el PRD poco más de un millón. Es decir, individualmente, obtuvieron menos votos que en la elección judicial, y sobrepasan por poco lo emitido este pasado primero de junio.
Ahora, por el otro lado, se argumenta que, precisamente, los 35 millones de votos obtenidos por Morena-PT y Verde en 2024, en comparación con los 13 millones de votos en la elección judicial, son 3 veces más sufragios. En ese tenor, parecería que lo ocurrido el fin de semana es una derrota numérica para el oficialismo, pero el fondo real no es una baja participación, porque si ese fuese el caso, la oposición hubiese, en la revocación de mandato de AMLO, promovido su salida, pero prefirieron no evidenciarse ante su falta de operatividad política y movilización al voto.
El fondo —y claro, en el contexto de la primera elección judicial de la historia— es encaminar una nueva ruta de democratización en el país. Que si los acordeones o no —como si todo el mundo de memoria se hubiese aprendido los nombres para llegar a la casilla—, que si hay perfiles cuestionables —sí los hay tanto en el oficialismo como en la oposición—, que si murió la democracia y se asienta el comunismo.
Consecuencias de la baja participación
Esos debates en sí no explican precisamente por qué en 2024 la mayoría votó por el Plan C, cuya principal bandera era la reforma para democratizar al Poder Judicial. En todo caso, la baja participación fue consecuencia de lo apremiante y los métodos de publicidad sesgada o la complicación en la elección final de candidatos beneficiarios del voto.
Así pues, la simplificación podría derivar en mayor participación —pretexto que la oposición también fomentó—, pero en el pecado llevan la penitencia. La oposición llama a no votar en procesos en los que se sabe derrotada, como la consulta para el nuevo aeropuerto, la revocación de mandato y la elección judicial; pero sí fomenta la participación cívica en elecciones legislativas y ejecutivas en las que, inclusive, hace el llamado al voto útil, porque sabe que, en consecuencia, puede tener espacios de representación, sobre todo en la vía plurinominal. Entonces, la discusión ahora se centra en quién realmente mata la democracia, los que llaman a no votar o los que sí lo hacen. O sea.
Pero al traste, finalmente, gobernadores y algunos alcaldes de oposición, pese a las consignas de que la elección resultaba una farsa y la casi exigencia a no votar, terminaron acudiendo a las urnas. Es que, perennemente y de facto, reconocieron que no hacerlo resultaría un lastre para sus pretensiones de control de los poderes judiciales locales, en donde la incidencia sigue siendo alta. Basta ver, por ejemplo, el caso Chihuahua, donde la gobernadora Maru Campos, en complicidad con el judicial, le ha devuelto todo al exgobernador corrupto César Duarte, desde ranchos enormes, aguas de propiedad nacional y fortunas sacadas del erario público.
La verdadera deuda
De eso no da cuenta la oposición, como tampoco los 63 mil millones que debe Salinas Pliego al fisco y que ha podido evadir gracias a una Suprema Corte plagada de conservadores prianistas. Tampoco hablan de los abusos a trabajadores que no fueron compensados ante la liquidación de Luz y Fuerza, también negada por la Corte en tiempos de Felipe Calderón.
En fin, que al paso del tiempo, seguramente la ciudadanía se acostumbrará a la responsabilidad de elegir con voto a los tres poderes que conforman al Estado. Ahora, la gran responsabilidad del proyecto de nación de la 4T es impedir que el Poder Judicial siga sirviendo a intereses cupulares y de ostracismo que tanto han reprochado y fustigó la Reforma Judicial.
Eso, precisamente, fueron las razones de hartazgo para que el PRIAN se hundiera en ínfimas preferencias electorales y de confianza social. ¿Pasará lo mismo? Esa pregunta es la que debe cuestionarse ahora la base de la coalición oficial.
