Por Andrés Vera Díaz
Se advertía la cancelación del segundo piso o viaducto elevado. El masacote de 3652 millones de pesos no va, pero en vilo el ejercicio del recurso y ese en realidad es el meollo del asunto.
Desde sus inicios, la obra fue mal planteada y ejecutada. La débil socialización y legitimación no pudo ser soportada ante los argumentos de medios y ciudadanos, pese a que en sí, los textos y críticas de los principales opositores a la obra (sin incluir a Varela), eran una forma de asesoría gratuita para resarcir los enormes errores, nunca se solventaron, he ahí la necedad.
En un texto, adelantaba la cascada de amparos luego del otorgamiento del primero, era sencillamente ir buscando ópticas para inundar a los juzgados. Pese a que existieron contradicciones en la emisión de algunos en tiempo y forma, como expuse en su momento, era natural que hubiesen más promociones, y hasta creo que se quedaron cortos.
En la investigación: «Zacatecas: El segundo piso en el boulevard, un negocio turbio para compañías con ligas priistas», dí cuenta como todo el proceso estaba encaminado para que grupo Hycsa fuese la ganadora de la licitación, pues aún y antes de la publicación de la misma, la empresa Geocell Mecánica de Suelos S.A de C.V había realizado un estudio específico para Hycsa en 2022, sobre mecánica de suelos en el boulevard Zacatecas – Guadalupe. Todo estaba planeado para la obtención de recursos y quien ejecutaría los mismos.
Pero en toda la maraña de hechos y declaraciones, resalta entonces que pasará con el recurso erogado, porque no existe certeza de que pasó con éste. Resulta curioso que las declaraciones vertidas respecto a la declaración es que los tiempos ya no daban para la construcción. ¿Entonces es una obra desde el punto de vista de la 4T o era meramente un negocio sexenal?, porque entonces, la argumentación deja entrever que quien gobierne a partir del 2027, podría detener la obra y entablar un recurso legal contra su ejecución. Curioso.
Ahora, sinceramente, ¿creen que se dejarán ir 3650 millones de pesos, o los menos que pudieran aportarse en el presupuesto de egresos hasta 2027? De ahí, que antes del anuncio oficial, el gobernador David Monreal dejara entrever que habrá otros proyectos, esos proyectos seguramente serán los que estaban contemplados en el proyecto integral de MOBI, cuya proyección eran más de 7 mil millones. Bajo la premisa de que los tiempos no dan aún y bajo el presupuesto del cambio de juzgadores, entonces, la viabilidad del ejercicio presupuestal deberá ser en obras que puedan culminarse de aquí a septiembre del 2027. ¿La nueva autopista a Aguascalientes, algún parque industrial o ahora si el Platabus que tendría cierta legitimidad social? La necesidad de ejercer recursos que están en vilo deberán enmarcarse en un nuevo fideicomiso, pues ante la cancelación de la obra, el creado para tal efecto se deja sin efectos legales.
Cabe recordar que el Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago para la Ejecución del Proyecto “Viaducto Elevado Boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec”, fue creado por decreto publicado el 28 de junio del 2023, el cuál originalmente contemplaba una inversión inicial de 1 mil millones de pesos en 2023; de 450 millones en 2024; de 1 mil 550 millones en 2025 y de 654 millones en 2026.
La etiquetación procedente de recursos estatales, evadía por ende, cualquier intervención de la Auditoría Superior de la Federación, por lo tanto, la injerencia de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior del Estado tendrían la atribución legal, pero no realmente oficiosa. Ya sabemos como se gestan las omisiones.
En este tenor, el Fideicomiso irrevocable, deberá ser revocado, aunque en el decreto para su creación, se estableció que podría incluir Recursos Federales, gestionados como subsidio, convenio o asignados y de apoyo directo al Proyecto; y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades que sean destinadas para la ejecución del Proyecto; jamás se tuvo a bien pormenorizar si se gestionaron recursos y si se obtuvieron, transparentar los montos.
De hecho, fuentes directas a este medio, señalaron que gran parte de la cancelación de la obra no fue meramente en base a las resoluciones judiciales, sino a una negativa del gobierno federal para aportar recursos específicos. La Presidenta tiene otras prioridades para Zacatecas como la Presa Milpillas y era conducente mejor aportar para este proyecto que para un capricho davidista.
Pero retomando al punto anterior, la corresponsabilidad en la aprobación del presupuesto 2024 donde se contemplaban los 450 millones de pesos como primera ministración a Hycsa, fue aprobado por la LXIV Legislatura con 25 votos a favor y cuatro en contra. De hecho, el bloque parlamentario del PRI fue el que legitimó el destino del recurso -por aquello de que Claudia Anaya celebrase la cancelación del viaducto-, por lo tanto, los reproches para enrutar la pretensión del masacote de 3.4 kilómetros deben hacerse extensivos.
El decreto 512 – Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2024, da cuenta de como se erogaría el recurso plurianual para la obra. Una vez aprobado el paquete económico, en lo particular, se intentaron realizar varias reservas, respecto a lo concerniente a los 450 millones de pesos para el segundo piso, sin embargo, fueron rechazadas.
Una de las reservas fue presentada por María del Mar Ávila, quien propuso que el presupuesto para dicho proyecto sea destinado a la rehabilitación de las bóvedas del centro histórico, propuesta rechazada con 15 votos en contra, 10 a favor. Otra la presentó Gabriela Basurto, para que se incluyera que para este tipo de obras, antes de que realizar un contrato plurianual, se informase a los diputados del proyecto y sean estos los que autorizaran, reserva rechazada por 17 votos en contra y 8 a favor y una abstención.
¿Era sencillamente una forma de justificar la aprobación del paquete en lo general o un extrañamiento real? Al final, sencillamente sabían que no pasaría, por lo que solo marcaría un referente de que en el vilo de pretendidas autorizaciones año con año por parte de la Legislatura, se asentara una especie de acuerdo previo, porque no se negaba en sí, el esquema plurianual en su esencia.
Ahora, ¿se perdieron esos 450 millones o existe una cláusula de penalización por la rescisión del contrato? Autoridades del gobierno estatal -menos el de Obras Públicas, De la Peña- han dicho que no existirá pago a la empresa, pero, ¿y dónde quedó el recurso ejercido?, ¿existirán procedimientos resarcitorios ante lo que no se ejecutó y al contrario, se afectó?, ¿La LXV Legislatura, como responsable directo de la ASE, mandatará una auditoría profunda a la erogación de recursos?
Son las incógnitas que ahora se plantean, y es una ruta legal que procederá como lo tienen ya previsto en Ciudadanía Participativa de Zacatecas, cuyo principal frente ha sido lo hoy logrado. Irían por resarcir el daño al boulevard, posiblemente denuncias por mal manejo de recursos y que se aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la de Disciplina financiera.
Cabe recordar que el Fideicomiso se creó en base a una «proyección» de economías internos y subejercicios de los presupuestos a otras dependencias, eso representaría un daño exprofeso a la aplicación de recursos etiquetados para otros fines en detrimento del bienestar social. Ríndase pues, los estados financieros.
Se viene otro frente legal, y ahora contra personajes en específico. Al tiempo.
