Por Andrés Vera Díaz
Rubén Ibarra Reyes obtuvo cuatro años de libertad condicional luego de que se le vinculara a proceso por el abuso de una niña de cuatro años de edad, pero quedó exento del delito de violación equiparada.
Tras una semana en prisión preventiva y 24 horas de audiencia para tal efecto, la decisión del juez levanta sospechas de si la Fiscalía de Justicia del Estado integró mal la carpeta ex profeso.
Al final, los resquicios legales -porque así está tipificado en el Código Penal- otorga a Ibarra la oportunidad de hasta placearse sin pudor en Aguascalientes. ¿De quién es la culpa?. ¿del juez, de la legislación, de la Fiscalía, del abogado defensor? Al final, es la tenue tipificación la salida legal y a ésta se acogieron.
Además, un acuerdo entre las partes, en las que hubo dinero de por medio, deja en una posición extremadamente cómodo a Ibarra en su situación jurídica -más no en la social-, dejando en la sociedad, el escarnio público bien ganado.
La indignación fue patente, no solamente entre grupos universitarios, sino con feministas que exigieron su destitución para evitar su posible regreso a la máxima casa de estudios en cualquier calidad -y es que sí, Ibarra tenía la intención de culminar el rectorado-, pero en todo caso, inadmisible que pueda continuar como docente – investigador con todas las prestaciones y privilegios.
Hoy, el Consejo Universitario sesionaría con un único punto, darle cause a la renuncia del rector o iniciar el procedimiento para su destitución por faltas graves. La misma normatividad en la Ley Orgánica establece que un causal que impide ser rector es ser condenado por delito intencional. El enorme problema moral del Consejo Universitario es la naturaleza del delito, tan indignante como la posibilidad de que se le respeten sus derechos laborales, pero en el mismo caso, será la legislación la que hable.
En todo caso, la urgencia por reformar la legislación en ambos aspectos debe apremiar tanto en el Congreso del Estado como en la propia normatividad de la universidad. Entonces, que cada quien asuma su corresponsabilidad, porque la diputada Isadora Santivañez, -quien se ha destacado en la defensa de los derechos de infancias- ya había presentado una iniciativa para aumentar las penas hasta 13 años de prisión por abuso sexual -lo que le hubiese impedido a Ibarra salir libre- y eliminar beneficios preliberacionales.
Ahora, el tema ya con resolución de por medio, pega directamente a la planilla de Ángel Román, pues la pareja de Ibarra testificó a su favor. Perla Trejo Ortiz -quien además aparece en un video con Ibarra de paseo por Aguascalientes- sería la nueva Secretaria General de la UAZ, y aunque se ha exigido que se le retire de la posición, fue votada en el contexto de una elección. Ella podría presentar un Juicio de Derechos Políticos, porque se le retiraría la posibilidad de acceder a un cargo bajo sufragio mientras el caso de su pareja fue en el ámbito personal. Entonces, el tema también se encuadra en la ética y la moral, por lo tanto, su renuncia tendría que ponerse sobre la mesa luego de aceptar el cargo ya con la elección validada y con la entrega de la constancia de mayoría.
Ángel Román enfrentará en su rectorado el embate de los grupos enquistados que se negarán a endosar el poder político y administrativo en su totalidad. Así pues, la manutención de ese cargo en específico promoverá se ponga en duda el ideario de recomposición de la UAZ como factor de unidad y soporte social.
