Por Andrés Vera Díaz
El próximo lunes comparecerá el Fiscal General del Estado ante la LXV Legislatura. El motivo primordial será detallar el informe de actividades del 2024, pero Cristian Paul Camacho tiene pendientes importantes.
La opacidad informativa sigue vigente, a pesar de la socialización casi diaria de los casos casi exclusivos de vinculación a proceso de personas por la comisión de algún delito, (y que le ha otorgado cierta legitimidad y reconocimiento), en otros temas evaden solicitudes de información respecto a desapariciones y extorsiones, que siguen como un gran flagelo para Zacatecas.
El Fiscal llegó al cargo con legitimidad, tras su paso como coordinador regional Zona Noreste de la Fiscalía General de la República (FGR). Con 27 votos a favor de las y los diputados (por unanimidad), y aunque ha podido sopesar la percepción de inactividad que le dejó su antecesor Francisco Murillo, los compromisos que dejó asentados en su toma de posesión no han llegado a buen puerto.
Camacho ha afirmado que dará resultados sin tintes políticos, pero en ciertos casos icónicos ha exhibido precisamente un condicionamiento a las estructuras de poder. En concreto, el caso 8M y la detención de Julio César Chávez Padilla.
En el plan de trabajo presentado a los diputados tras asumir el cargo, Camacho Osnaya enfatizó su enfoque en tres ejes principales: el empoderamiento de las víctimas, una coordinación real con la estrategia de seguridad del estado y una estrategia de cercanía con la población a través del Ministerio Público Itinerante. Además, expresó que su gestión se enfocaría en la atención de delitos de alto impacto como homicidio, feminicidio, narcomenudeo, secuestro, extorsión y desaparición forzada.
¿Cuántos de esos compromisos se han cumplido a un año y cuatro meses de tomar las riendas de la Fiscalía? La represión del 8M ha quedado en un sendo carpetazo y con la justificación de que los elementos participantes se pueden reservar el derecho a declarar, y así como si no hubiese pasado nada, han pateado el acceso a la justicia en medio de una evidente complicidad para construir la impunidad en acuerdo con la Secretaría de Seguridad.
El otro caso del que hablaba someramente es el de Julio «N», y a pesar de que asegurase ante el pleno legislativo que no se enfocaría el caso desde el punto de vista político, no se ha podido lograr su detención, aún y cuándo el propio abogado del imputado por el presunto homicidio de Raúl Calderón Samaniego, ha declarado en tres ocasiones que su defendido se encuentra en territorio estatal.
Las palabras de Dario Gamón parecen entonar (sin que lo dijese explícitamente), que Julio César puede radicar escondido en el estado y no hay poder que lo encuentre para su detención. Entonces, en este caso cabe se deslizan dos inferencias: o la Fiscalía no tiene capacidad para detener a quien en la apariencia no debería tener capacidad de evadir consistentemente la orden de aprehensión, o hay una omisión flagrante para llevarla a cabo.
Entonces, Julio «N» es el maestro del escapismo o tiene ayuda exterior para permanecer en la sombras, escondido en un sólo sitio (que debería por lo tanto ser localizable para el ente ejecutor, o se mueve por el territorio sin que nadie pueda ponerle las esposas.
Según Camacho, «tarde o temprano caerá Julio N», y se vigilan sus cuentas bancarias. “Pensamos que tarde que temprano cometerá algún error y lo vamos a detener, sabemos que se está moviendo”. ¿Saben que se está moviendo?, entonces, ¿a dónde se mueve, con quién, hacia que sitios? Si la información de su movilidad es reconocida, sencillamente, ¿porqué no es detenido? Surgen muchas dudas al respecto.
Pero, además, está el litigio como tal. en el que se le han concedido algunos amparos a Julio César. El 21 de abril dl 2024, un juez federal otorgó una suspensión provisional contra la ejecución de la orden de aprehensión girada a Julio César Chávez Padilla. La medida cautelar fue concedida por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas en el amparo directo promovido por Chávez Padilla contra actos privativos de libertad, y que apareció listado con el expediente 450/2023.
Posteriormente, en agosto del 2024 obtuvo otro amparo, concedido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación, quien basó la suspensión en que la orden de aprehensión para el primero fue emitida mientras aún gozaba de fuero como presidente municipal.
Hace algunos días, Julio César consiguió una nueva suspensión provisional de la orden de aprehensión. Esta medida fue otorgada por la jueza Segunda de Distrito del Poder Judicial de la Federación en Zacatecas, María Citlallic Vizcaya Zamudio.
Ésta última tiene sus aristas, es limitativa, pues aunque ordena “que el quejoso no sea privado de su libertad”, la resolución establece que, si se trata de un delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa, sí podrá ser detenido, entonces no tiene en realidad el efecto requerido por el imputado.
Julio está “físicamente íntegro y emocionalmente estable… aunque de repente desesperado”, según dijo su abogado, Darío Gamón Rodríguez en días pasados. Los dichos lejos de emitir la sensación de que Julio está en relativa fortaleza, lo que en el fondo exhibe es que recibe asistencia de alguna forma, y sería además ilógico determinar que no es así. ¿Quién le lleva alimentos, vestimenta, cuidados de salud?.
Si se mueve entre sitios, ¿de quién son esos sitios?, ¿le ayudan o tiene lugares en dónde acudir para evitar órdenes de cateo en residencias de terceros o propios que ni las propias autoridades conocen? Si las cuentas están congeladas, ¿paga o no sus insumos, alguien más le provee de recursos, inclusive para pagar la asesoría legal?
Definitivamente, este tipo de cuestionamientos no podrían ser exhibidos en una comparencencia ni ante los medios de comunicación, pero, la pregunta debe ser insistente sobre su paradero y si la Fiscalía ejerce o no sus atribuciones, porque resulta en contraparte, curioso ver como el ente presume detenciones por asesinatos, narcomenudeo, violaciones, agresiones de muchos presuntos delincuentes, pero no logran el de Julio y esposa.
Sumemos los casos de desapariciones en Zacatecas, e dónde la información no fluye y evidentemente, tiene un tono sí, político. La Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares parece un ente irónicamente, desaparecido. La presunción de la disminución del homicidio doloso en Zacatecas contrasta con la opacidad en el manejo de los datos de desaparición.
Así pues, Cristian Paul Camacho Osnaya no parece estar cumpliendo a cabalidad sus compromisos adquiridos y constitucionales, si bien pudiera ampararse mediáticamente en el tiempo, precisamente el tiempo corre contra él y su gestión en casos que son de máxima exposición y no han sido resueltos.
Ya veremos que tal le va en la comparecencia, porque las planchas están a la orden del día en el Congreso.
