Por Andrés Vera Díaz
La discusión en torno a la legalidad o no del viaducto elevado que pretende el gobierno de David Monreal ya se ha deslizado al trasfondo político y eso es innegable.
De la falsa izquierda enquistada en la Nueva Gobernanza a los defensores de oficio de la derecha, la pugna ya rebasó su esencia original. Ciudadanía Participativa de Zacatecas había iniciado con un andar muy independiente, sin la necesidad o requerimiento de sumar cuadros con evidente intencionalidad partidista, y pese a las posturas políticas de sus integrantes, la pluralidad emanada les otorgaba credibilidad.
Con argumentos consistentes, fueron demostrando la inviabilidad del viaducto elevado, desde aristas como la afectación al patrimonio cultural hasta los excesivos costos de la obra, su opacidad, las arbitrariedades legales y la amorfa retórica de modernidad que sustenta el gobierno estatal.
Sin embargo, la aparente necesidad de sumar por sumar los fue llevando por caminos que fue desvirtuando su lucha con el endoso político. La suspensión llevada a cabo por el Ayuntamiento de Zacatecas fue un mitin, en lugar de un acto apegado a toda legalidad, cuestión que ni por asomo recriminaron sus principales cabezas.
Luego de anunciar la promoción de amparos ante instancias judiciales y que no han sido resueltas de manera provisional, celebraron la realizada por Jorge Rada ante el Juzgado Tercero de Distrito con impresionante velocidad.
Por sí mismo, el reconocimiento demerita sus propia iniciativa legales, pero pareciese que en la esencia del objetivo, debe celebrarse porque asienta la causa en común, sin embargo, el tinte político de Rada también es evidente.
Ciudadanía ha expresado que no lleva endoso político su movimiento, pero al tiempo de festejar el del despacho de Rada e interceder ante la jueza por la violencia política ejercida desde primeras posiciones de la administración estatal, no remarcan otra suspensión otorgada y promovida por ciudadanos con el acompañamiento de Movimiento Ciudadano. ¿Entonces si hay una causa común o una promoción política electoral singular?
«Si Varela quiere ser gobernador, se debe subir al tema», me dijo directamente un miembro protagonista de Ciudadanía. Pareciese entonces que la atribución directa del Ayuntamiento capitalino no se constreñía directamente a lo legal, sino a la catapulta particular. Y es que, existen algunas situaciones que llaman ciertamente la atención en la suspensión otorgada a Rada.
La primera es la rapidez vertiginosa para tal efecto, aunque justificada por sl supuesto sistema de remisión de amparos, pero en la realidad, abogados me han comentado que es completamente diferente, pues existen demandas que tardan semanas y hasta meses en ser remitidas a respetivos juzgados, y de ahí a que las y los secretarios de acuerdo le den trámite pasa más tiempo.
Otro punto, es que pese al error de llamar corrupta a la jueza, porque sencillamente no fue demostrado, lo que es innegable es que Margarita Quiñonez si se ha extralimitado en funciones como el otorgamiento de la suspensión contra la Reforma Judicial, aún y cuándo no proceden contra reformas constitucionales. De eso, ninguno de los opositores habla n hablará, curioso.
Pero un dato realmente llamativo, es el amparo indirecto que promovieron ciudadanos y respaldados por MC en el mismo juzgado y el cuál fue desechado. Con muchos más días de antelación al de Rada, sencillamente no pasó. Por ejemplo, el interpuesto por Pamela Rosales, fie presentado el 24 de febrero de este año, y apenas ingresado al juzgado el 5 de marzo; un día después, el Juzgado Tercero de Distrito no concedió la suspensión provisional, lo que derivó de una queja ante el Colegiado Primero de Circuito.
Así pues, el 12 de marzo, se interpuso la queja ante dicha instancia por la negativa a la suspensión como demuestra el número de expediente 166/2025 y la cuál fue admitida. Para el 14 de marzo, el Colegiado otorgó la suspensión provisional. Ahora, contrasta de manera enorme con el interpuesto por Rada. El amparo indirecto de dicho abogado se presenta el día 6 de abril, el 10 se remite a juzgado, se acuerda el 11 y se publica el 12; es decir, en menos de una semana cumplió con las etapas, mientras que el promovido por Pamela Rosales se ingresó antes que el de Rada, pasaron más de diez días para su negativa en el mismo Juzgado Tercero de Distrito.
Ahora, según la Ley de Amparo, el juzgador de distrito tiene hasta 48 horas para resolver sobre la admisión/prevencion/desechamiento de la demanda de amparo y pronunciarse sobre la suspensión provisional del acto que se reclama. El plazo de 48 horas se establece para que el órgano requerido decida si acepta o no conocer de un asunto. ¿Cuándo se aplica este plazo? , cuando el órgano requerido recibe la demanda y sus anexos, pero este plazo implica desde que se ingresa al juzgado, no desde su presentación, por eso, el criterio del Juzgado Tercero levanta sospechas sobre en sí, la intención de fondo en la rapidez para cumplimentar todo el proceso.
Así pues, fue el Colegiado Primero el que le corrigió la plana al Juzgado Tercero, ¿no es curioso?, pero de eso tampoco hablarán los segundos promoventes. ¿Porqué?, porque la finalidad en sí no es aglutinar expansivamente la pugna contra el viaducto elevado, sino endosar esas luchas. Por eso, es curioso que Rada, hace algunas semanas criticaba fuertemente la pasividad del Ayuntamiento de Zacatecas en el caso y lo colocaba como corresponsable del acto de la pretensión de construir el viaducto.
Rada formó parte inicial del equipo de Varela en la campaña como un actor entre bambalinas. Posterior al triunfo del panista, el desligue fue evidente y es cuándo iniciaron las críticas tanto de Rada como de Cuauhtémoc Calderón hasta la renuncia del peón del restaurantero quedó de manifiesto. Sin embargo, ahora, reanuncian una estrategia conjunta contra el viaducto elevado y tras la fallida suspensión de Varela y compañía, Rada también fue muy crítico en ese sentido, hoy son nuevamente «amiguis».
No olvidemos, que además MC en voz de Marco Vinicio Flores, había presentado el 4 de marzo, un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo a detener las obras del proyecto del “Viaducto Elevado”. Por considerar que viola principios de movilidad sostenible, afecta el medio ambiente y pone en riesgo el patrimonio cultural de la entidad, se solicitó la suspensión. De hecho, esos fueron los argumentos que fueron expuestos en el amparo indirecto promovido antes que el de Rada y que la jueza desechó, pero son prácticamente los mismos que admitió en el promovido por el abogado mediático. Que raro.
Ahora estimado lector, usted podrá cuestionar entonces de si no debiese tratarse de endosos políticos, porqué se resalta el promovido por ciudadanos y bajo el acompañamiento de MC en el presente texto; es precisamente el punto en cuestión, si no se tratase desde esa perspectiva, ¿porqué algunos exacerban uno y el otro es plenamente menospreciado? He ahí la gran pregunta, y evidentemente, la respuesta ha sido desglosada.