Zacatecas, Zac.- El debate torno a la Reforma a la Ley de Salud del Estado de Zacatecas en materia de interrupción voluntaria del embarazo, se agudizó este fin de semana cuándo el Obispo, Sigifredo Noriega Barceló, reprochara «presión» legislativa para su aprobación.
El jerarca eclesiástico aseguró que algunos diputados locales quieran obligar a los médicos a practicar abortos en instituciones públicas de salud.
Como «deshumanizante» calificó Noriega el dictamen de reforma que sería votado esta semana, pues dijo la objeción de conciencia para que médic@s realicen o no abortos, debe estar por encima de la legislación.
Sin embargo, la propuesta legislativa si contempla dicho aspecto, siempre y cuándo en centros de salud se garantice que haya doctor@s dispuestos a dar atención a solicitudes de aborto.
Al respecto, Renata Ávila, diputada promovente de la iniciativa junto con colectivas feministas, expuso razones para que la reforma sea aprobada.
Desde el respeto a la libertad religiosa y a la pluralidad de creencias que caracteriza a nuestro Estado laico, expreso mi posicionamiento ante las declaraciones del Obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, respecto al dictamen de la Comisión de Salud del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas sobre la interrupción legal del embarazo y la regulación de la objeción de conciencia.
1. La reforma no elimina la objeción de conciencia. La regula.
El dictamen reconoce y protege el derecho de médicos y personal de enfermería a objetar por motivos de conciencia, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Lo que establece es que dicho derecho no puede ejercerse en perjuicio de los derechos de las mujeres y personas gestantes, especialmente en casos de urgencia médica o riesgo para la vida. Es decir, se protege la conciencia individual sin sacrificar la vida ni la salud de otra persona.
2. El Estado mexicano es laico por mandato constitucional.
El artículo 40 de la Constitución Federal señala que México es una República laica. Esto implica que las decisiones en materia de salud pública deben tomarse con base en evidencia científica, derechos humanos y bienestar social, no en dogmas religiosos.
La regulación de la interrupción legal del embarazo no es un ataque a ninguna fe: es una medida de salud pública y de justicia social. De hecho, responde a sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a observaciones de organismos internacionales como el Comité CEDAW, que han exhortado a México a garantizar el acceso efectivo a estos servicios.
3. Nadie será obligado a actuar contra su conciencia.
El dictamen deja claro que el personal médico puede excusarse de practicar el procedimiento, siempre que refiera de inmediato a la paciente con personal no objetor, garantizando así la continuidad del servicio y el respeto a los derechos de ambas partes.
Lo único que se evita es que la objeción sea utilizada como una barrera estructural, como ha ocurrido en otras entidades donde se niega el servicio incluso en situaciones de urgencia, lo que ha costado vidas.
4. El verdadero compromiso con la dignidad humana implica proteger a todas las personas.
Legislar en favor del derecho a decidir, de la salud y de la vida de las mujeres no contradice el valor de la vida humana. Al contrario: protege la vida y salud de quienes han sido históricamente criminalizadas, estigmatizadas y obligadas a abortar en condiciones inseguras.
En Zacatecas, la fe y la razón pueden convivir, pero la ley debe proteger a todas las personas, no solo a quienes comparten una creencia. Por ello, reiteramos que esta reforma no atenta contra la libertad religiosa, sino que afirma el compromiso del Estado con un marco de derechos humanos donde todas las conciencias —creyentes y no creyentes— puedan coexistir en libertad, con responsabilidad y con justicia.
Reitero, el Estado es laico, y su deber es garantizar derechos, no imponer creencias. Legislar por la vida y la salud de las mujeres no es un ataque a la fe: es un acto de justicia.
