Por Andrés Vera Díaz
Un megalaboratorio de narcóticos asegurado en el laboratorio en el poblado de Carrizalillo, en Valparaíso Zacatecas, con lo cuál se evitó la producción de más de 27 toneladas de metanfetamina, equivalente a cerca de 700 millones de dosis, exhibe dos frentes importantes.
El primero es el cambio en la política de combate al crimen organizado con la llegada de la Presidenta Sheinbaum en cuánto a la estrategia comunicativa. Es sumamente necesario dar a conocer los resultados y no emitir casi de forma exclusiva, una retórica más populista.
En este sentido, Sheinbaum a roto con el discurso de su antecesor y ha respondido en el reconocimiento de problemas máximos para el país. Desde el caso Teuchitlán que ha fomentado una campaña carroñera de la oposición sin ningún sentido histórico, la mandataria ha puesto sobre la mesa no solamente temas legislativos, sino de tecnificación como la construcción de bases de datos para la localización y prevención en el tema de las desapariciones.
La sobre exposición de los medios vinculados directamente con la oposición intentan construir una historia que remarque la omisión del gobierno de López Obrador, pero no remarcan el contexto correcto, como los hechos ocurridos en periodos emecistas en Jalisco y priistas en el municipio en cuestión, además de que es la Fiscalía de Jalisco quien sigue teniendo la custodia del rancho y apenas, tras «abrir» el sitio de manera pública, emitió un documento en el que solicita la colaboración de la Fiscalía General de la República.
A la par, la oposición olvida sistemáticamente casos como la masacre en San Fernando. El 22 de agosto de 2010 se presentó la primera Masacre de San Fernando, mejor conocida fuera de México como Masacre de Tamaulipas, aunque en ese estado se han cometido otros asesinatos masivos. El crimen fue cometido por el cartel de Los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal, municipio tamaulipeco de San Fernando. Las víctimas fueron 72 migrantes de diversos orígenes, durante su tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos, por ello este nefasto suceso también ha recibido el nombre de Masacre de los 72, y es uno más en la lista de crímenes no resueltos por el Estado mexicano.
Otro momento terrible y del que poco o prácticamente nada expusieron medios de derecha, fue precisamente el sí, campo de exterminio en una cárcel en Coahuila, entidad en ese entonces gobernado por Humberto Moreira, en donde se originó el cártel de los Zetas y que azotó gran parte del norte de México, incluido Zacatecas. Basta leer el informe «El yugo Zeta. Norte de Coahuila 2010-2011», publicado a finales de noviembre del 2017, realizado por Sergio Aguayo, profesor del Colegio de México (Colmex) e investigador asociado del FXB Center for Health and Human Rights de la Universidad de Harvard (EE.UU.), y Dayán, profesor de la Universidad Iberoamericana y experto en derechos humanos.
Pero, ¿cuál sería entonces la relación entre el megalaboratorio en Valparaíso y Teuchitlán? Su conexión en realidad tiene que ver con el manejo de los casos, Por un lado, se enmarca un operativo federal que emite la sensación casi palpable de una desconfianza en las autoridades estatales. El desconocimiento local, pleno al momento de emitir la información por parte del gobierno federal conlleva varias aristas. Desde el contexto de la atribución constitucional hasta la debilidad operativa de fuerzas castrenses zacatecanas para enfrentarse a un acto de tal magnitud. Pero no es solamente la falta de capacidad, sino en el contexto en el que los grupos de reacción como la FRIZ y el Grupo Operativo Rural de Zacatecas (Goruz) han sido señalados por abuso de autoridad en comunidades y hasta en zonas urbanas.
Es significativo que el anuncio del gobierno federal no incluyera ninguna información acerca de la colaboración de fuerzas estatales, y es que, tras la publicación (justo en el momento que se reunía la Mesa de Construcción de Paz que incluye representación de cuerpos federales), existía una gran confusión por parte de autoridades locales.
Lo anterior exhibió no una falta de coordinación, sino en términos reales, que es la Federación quien se encargará de este tipo de eventos al margen del gobierno estatal para evitar la fuga de información, porque si bien operativamente no hay similitud en la capacidad de acción, la aparente «descortesía» de no notificar al estado infiere que es mejor guardar la secrecía que evitar el «halconazo».
De hecho, autoridades federales sabían del operativo, pero no tenían autorización de dar a conocer antes ni luego del comunicado oficial federal, así como los pormenores o las generalidades durante la Mesa de Construcción, así lo reveló un mando del Ejército a quien redacta.
Pero a la par del hecho, curiosamente sobresalió la desconfianza en las autoridades locales (o eso dicen ser), que la naturaleza del aseguramiento, mientras la sobre exposición amarillista del caso Teuchtlán sigue su andar sin el reconocimiento de otros casos ya expuestos en el presente texto.
El aseguramiento solamente valió algunas declaraciones a priori y tras la confirmación, someras palabras para intentar eludir la obviedad de la desconfianza, pero no un reconocimiento extendido y oficial sobre el hecho. Parece entonces, que remarcar solamente algunos aspectos como la reducción del homicidio doloso debe ser parte de la propaganda local, como el reconocimiento de que Zacatecas es un referente nacional en ese departamento, pero entonces, ¿en el contexto del aseguramiento de fábricas de estupefacientes no se emite el respectivo énfasis?
Ahora, la fallida estrategia comunicativa no es solamente el caldo de cultivo para la crítica del sexenio davidista, sino la falta de complementariedad de políticas que lleva a cabo el gobierno de Sheinbaum. A la par de insistir en las causas y orígenes de la violencia en México, también existen directrices concretas para enfrentarlas (y es dónde precisamente Claudia rompe con la dinámica de AMLO). Hay que realizar acciones, darlas a conocer y enmarcar su contexto.
Por ejemplo, Sheinbaum presenta reformas para combatir el delito de desaparición como la creación de la plataforma única de identidad. Además de que la Guardia Nacional ya tiene atribuciones de investigación de delitos, remarca la puesta en escena nuevamente de la Marina en operativos de alto calado.
Mientras esto sucede, la oposición no reconoce ni por asomo este tipo de acciones y se constriñe a comparar sin ningún contexto histórico a Teuchitlán con Auschwitz y por lo tanto, demeritar intrínsecamente acciones de desmantelamiento de narcoestructura, pero al mismo tiempo, ensañándose con el mote de «narcopresidenta» a Sheinbaum sin ninguna, sin absolutamente ninguna prueba.
