Por Andrés Vera Díaz
El alcalde de la capital Miguel Varela, no ha podido sopesar sus negativos con su falso discurso progresista y de respeto a los derechos humanos con una lona ni con la disculpa pública sin público.
El 8M 2025 fue distinto al del año pasado, con un mandamiento desde la Presidencia de la República y la Segob, ni un atisbo de represión se asomó en este edición. Era de esperarse, la frase «llegamos todas» no podría mimetizarse ante nuevos episodios de violencia por parte del propio Estado.
Sin embargo, la iconoclasia se hizo presente, sobre todo en la sede del Ayuntamiento capitalino, donde el llamado bloque negro rompió vidrios e hizo diversas pintas, aludiendo tanto al mediocre gobernador, como al propio munícipe.
Dicha forma de expresión no es ni arbitraria ni al azar, tiene un significado de fondo en su praxis. así me lo han hecho saber mujeres que están inmersas en el movimiento feminista. Por eso, la lona que colocaron el mismo sábado para medio tapar el interior del inmueble y ya preparado ex profeso, intentaba enviar un mensaje de supuesta sororidad y solidaridad, pero de hecho, la manifestación cuenta con elementos para su ejecución.
Desde el despido injustificado de mujeres a la llegada de Varela, hasta una denuncia por agresiones físicas que derivó en una orden de restricción por sucesos que pasaron hace ya algunos años en Tlaltenango, motivaron la expresión iconoclástica.
¿Pero a que viene el tema a colación del título de este texto?, pues es precisamente aparentar desde la administración panista, una visión que no corresponde ni de cerca, a su propia óptica política, de gobierno o personal, pero es en ese escondrijo de falsa empatía, donde se ocultan otras intenciones para desviar la observancia de otros menesteres; cortinas de humo se le llaman coloquialmente.
Recordemos que en la tierra de Varela, precisamente durante su administración y luego en la de su lacayo Salvador Arellano (ambos del PAN), se fraguaron ventas de lotes y casas sin servicios y certeza legal (cuestión que aún sigue como problema y por lo que existen varias denuncias contra ambos personajes), el fraude que continúa en litigio, sería de alrededor de 54 millones de pesos, como lo expuso el actual alcalde de Tlaltenango, Francisco Delgado Miramontes.
Desde la venta ilegal de terrenos municipales, la simulación de contratos de obra pública a través de una empresa fantasma denominada 10KR Proyecto S.A. de C.V, en un esquema en el que las administraciones de Varela Pinedo y Arellano Anaya vendieron más de mil terrenos de propiedad municipal a familias, cobrando 40 mil pesos por cada lote, sin que el dinero ingresara a la Tesorería; hasta la construcción de casas denominadas de «cartón» en una colonia llamada Manuel Clouthier, dónde hasta la fecha no hay servicios de drenaje ni agua potable.
Los montos por la venta de lotes superaron los 61 millones de pesos, sin que existiesen dictámenes de urbanización, impacto ambiental y vial. Varela se ha encargado con total cinismo a criticar el viaducto elevado que pretende construir el gobierno de Zacatecas, bajo los mismos términos. Reprochar la falta de permisos y estudios técnicos forman parte de su estrategia mediática.
El esquema tiene mucho parecido al que aplicaba el «Cartel Inmobiliario» en la Ciudad de México y cuyo principal gestor fue nada menos y nada más que el actual dirigente nacional del PAN, Jorge Romero. En 2014, Romero era el jefe delegacional de la Benito Juárez, en la que se otorgaban permisos para la construcción de pisos en edificios, sobrepasando la normativa. En Tlaltenango, evidentemente no hay edificios de varios pisos, pero se remitieron a la venta de lotes y casas sin la existencia de un plan de urbanización. En algunos casos, los mismos terrenos fueron revendidos, usando el dinero de nuevos compradores para cubrir los reembolsos de afectados anteriores que reclamaban el retorno de su inversión.
Ahora, como alcalde de la capital, Varela y parentela intentan replicar su esquema con ciertos cambios. La dinámica consiste en ir observando ya no terrenos propiedad del ayuntamiento, sino lotes en colonias marginales pero que tampoco cuentan con los servicios indispensables, además de usar al catastro como fuente de información para investigar desarrolladoras que ya cuenten con permisos correspondientes del gobierno del estado para diseñar un plan de inversión que integre inmobiliarias de Colotlán, Jalisco y urbanizar con constructoras radicadas en Tlaltenango.
Inclusive, algunos constructores han hecho saber a quien redacta, que no hay posibilidad de integrarse a los planes de obra pública de Varela, pues ha colocado como prioridad a una constructora domiciliada en el centro de la cabecera municipal, que ya ha hecho trabajos de rehabilitación de caminos en aquella demarcación.
Algunos desarrolladores, también han dado cuenta a este reportero, que por medio de la secretaría particular y la de obras públicas, se les convoca a reuniones en privado para establecer pláticas encaminadas a desarrollar viviendas pero bajo el condicionamiento de que se metan constructoras afines a Varela.
Un par de constructores se han comunicado conmigo para preguntar sobre los hechos constitutivos de fraude que habría realizado Varela, parentela y compañía en Tlaltenango, advirtiendo la desconfianza en que pueda replicar su esquema de venta de lotes, por medio de inmobiliarias fantasma o constructoras a modo para construir viviendas en zonas que aún y con permisos correspondientes, no tengan la urbanización requerida y pueda fraguarse un fraude similar.
Y es que uno de los dueños de una empresa con proyectos ya autorizados -y quien ha pedido el anonimato- me ha comentado que personajes cercanos al presidente municipal, les han insinuado que en caso de no atender el llamado a un negocio conjunto, se podría impedir la construcción de fraccionamientos por medios de argucias legales o legaloides.
Entonces, ¿qué interés tiene Varela en estructurar un modelo de negocio que le de réditos en su actual posición? La idea es ingresar a las arcas (no municipales), un monto considerable de recursos que le permita competir por la gubernatura de Zacatecas con un caudal considerable. Si en Tlaltenango, el monto del fraude que ha denunciado Delgado Miramontes supera los 54 millones de pesos, en Zacatecas capital podría cuadruplicarse porque existen muchas zonas no regularizadas, y otras, aunque con permisos correspondientes, podrían ser detonadas con empresas a modo.
