Por Andrés Vera Díaz
La Fuerza de Reacción Inmediata, grupo especial de la Policía Estatal Preventiva creada en al actual sexenio, cuya gestación fue por obra del general Arturo Medina Mayoral, vive días de creciente repudio.
Si bien, ha sido pieza fundamental para la disminución del delito de homicidio doloso, tampoco es que su «legítimo accionar» en este sentido, se traslape a incurrir en abusos contra la población. Es como si se otorgasen permiso de delinquir bajo la premisa de que contribuyen a aminorar ciertas incidencias de gran impacto. «Si robé pero poquito», sería la especie de automerecimiento que algunos policías se atribuyen.
De hecho, en las mesas de construcción de paz ya existen sendos reclamos por parte de la Guardia Nacional y el Ejército sobre el actuar de células de la FRIZ. Los reproches es que se limpie la corporación porque además de imposibilitar la percepción negativa hacia las fuerzas armadas, también crean desconfianza generalizada.
Sin embargo, y a pesar de los sucesos represivos durante el 8M en 2024, en los que participaron directamente miembros de ese grupo especial, no se han atendido de fondo las arbitrariedades que en su mayoría, no son públicas.
La Comisión de Derechos Humanos expone que el año pasado, 11 denuncias han sido interpuestas ante dicho órgano, más otra en 2025 en la que el hijo de un periodista conocido (Luis Chávez), fue objeto de detención ilegal, tortura y robo, según relatos de ambos.
Pero, a raíz de la última exposición, incontables casos han surgido en redes sociales, en su mayoría no denunciados ante instancias correspondientes (pero quien sabe si verdaderamente lo sean en la procuración de justicia), por temor a represalias.
inclusive, una detención ilegal en Tabasco, derivó en la muerte de un joven sin que hasta el momento nadie, absolutamente nadie de a conocer los avances del caso que implica directamente a policías estatales. Tampoco sobre el 8M. ¿Entonces nos encontramos ante una fuerza armada que goza de total impunidad como premio ante la reacción para ayudar a mitigar el homicidio doloso?
A casi un año, sí, a caso un año, no existen sanciones firmes por las detenciones ilegales y abusos en la marcha del Dia Internacional de la Mujer. La Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos se han lavado las manos, a tal grado que mejor la CNDH emitió una serie de «recomendaciones» muy tímidas. Hasta hoy, no existe ninguna disculpa pública.
Al respecto, el general Medina Mayoral no extiende ningún viso. Inclusive, de conocimiento entre reporteros, se atreve a cuestionarlos en una especie de acto intimidatorio. Si requiere el general observaciones y sugerencias, debería hacerlo patente pero de manera formal.
El problema ya radica no solamente en los protocolos de actuación, la ejecución de políticas con estricta legalidad o hasta la capacitación en derechos humanos, sino en la repercusión política, porque la falta de control del accionar policiaco va en detrimento desde la coordinación entre corporaciones, hasta el discurso oficial que intenta a machas forzadas, imponerse como el modelo casi idóneo de seguridad que hasta se replica en otras partes del país.
Se ha insistido tanto en que la propia Presidenta Sheinbaum ejemplificó el caso Zacatecas como una ruta que debiera ser clonada y aplicada en otros estados, que los episodios negros de la FRIZ son minimizados oficialmente para evadir sus repercusiones mediáticas, pero eso es tapar el sol con un dedo.
Otros casos más no han podido tener la estridencia respectiva porque los canales de comunicación son limitados, además de que por su situación geográfica y poca influencia, quedan casi en el baúl del anecdotario del abuso policiaco.
Por ejemplo, en semanas pasadas, un grupo de la FRIZ se apersonó en un rancho de Monte Escobedo, donde la policía iba a ejecutar una orden de aprehensión contra una persona que ninguna relación tiene con la familia que radica en el lugar. Los uniformados entraron al domicilio equivocado y sustrajeron objetos de mediano valor, pero eso no demerita el robo.
Lo preocupante de este tipo de hechos, es que no existen consecuencias legales sobre quienes cometen actos que son delictivos y tipificados. Más preocupante que sea con arma oficial, placa y vehículos propiedad del Estado, con los que se cometan los ilícitos.
Entonces, se ve minado el estado de Derecho y en consecuencia, el discurso oficial de pacificación delimitada exclusivamente a la reducción del homicidio doloso, que si bien debe reconocerse, no es el único elemento que defina y circunscriba la paz como un concepto absoluto.
Por lo tanto, ha pasado de ser un problema de incidencia «aislada» a uno político, porque contiene elementos de corresponsabilidad gubernamental en la omisión, la inconsecuencia y el discurso.
Al tiempo, ha sido la evasiva la única «estrategia» para sopesar los abusos de algunos elementos de la PEP, cuerpo que además de carecer de un importante número de integrantes por el déficit, no alienta a que la ciudadanía busque integrarse como efectivo.
Hasta ahora, no parece existir un plan que emita un mensaje tanto al interior de la FRIZ y PEP, ni a la población en general, que mitigue los actos y señalamientos. ¿Se deberá a la cerrazón, al miedo a una rebelión interna o la falta de real control sobre una fuerza específica que se ha posicionado como «la fórmula infalible» para disminuir el homicidio?
