Por Andrés Vera Díaz
Desde la campaña lo advertí, Miguel Varela sería un desastre y lo es. Un político agresor físico de críticos, que vendió casas de cartón (por cierto que la demandas están en pie), que hizo un cochinero (irónicamente) del tiradero municipal y cuyas consecuencias han sido la contaminación de mantos freáticos y arroyos, no podría ser el «gran salvador» de la capital.
En su paso como alcalde de Tlaltenango fue mediocre, como su andar en la diputación federal, sin embargo, el caciquito que ahora se dice capitalino, se inmiscuye en otra arbitrariedad como las expuestas, sí, en este espacio desde el inicio de su «administración».
Desde los despidos injustificados, la contratación del actual presidente del PAN (aún y en tiempos de campaña), la negativa a nombrar titular del Órgano Interno de Control, la modificación del reglamento interno para inventarse cargos salidos de la nada sin justificación social, la denuncia de un desfalco sin pruebas fehacientes «contratando» un despacho ligado al PAN sin justificación legal, la «cancelación» del Viaducto Elevado sin atribución jurídica, y ahora, el impago de las aportaciones al Issstezac, es una parte del desastre varelista en tan solo cuatro meses como alcalde. ¿Con eso o les hago un huevo frito?
Pero además, la política chimoltufesca ya es demasiada burda, coordinadores de asesores que si eso asesoran deberían ser despedidos de inmediato, pero hacen las veces de «voceros» -que con la anuencia de Varela-, tampoco es que se saquen la chamba pues no vocean nada (es que no hay nada que comunicar), se contradicen en su proceder de manera pírrica.
Quien redacta solicitó desde hace más de un mes, el contrato con «Patricia Terrazas y Asociados», supuesto despacho que realizó la auditoría externa en el que se «encontró» el desfalco de 120 millones supuestamente aplicado por el Ayuntamiento anterior. A la fecha, ni contrato y contradicciones. Raymundo Moreno quedó formalmente de mandarlo, pues asumiendo las palabras del propio Varela que quedó formalmente de entregar cualquier información tan solo solicitándola, quedó en mentiras. Un mes después, el propio Moreno se desdijo, que si conseguiriía el documento, luego que no, que no está en sus atribuciones, que él es coordinador de asesores. Pero, ¿que en el machote del Plan Municipal de Desarrollo aparece como «Vocero» y ese fue el cargo que se inventaron aprovechando la mayoría en el cabildo para justificar su paga del erario? En fin, el chimoltrufeo se pega, o tal vez ya sabemos de dónde viene tanta pifia.
Pero ahora, el Ayuntamiento capitalino se encuentra en otro ojo de huracán. El Issstezac ha demandado a la administración varelista por el delito de defraudación fiscal calificada, en relación al delito de abuso de autoridad, derivado de la retención ilegal de cuotas a 445 de 984 trabajadores derechohabientes del Instituto.
Así, el Ayuntamiento del «gran salvador» de la capital, debe cuotas y aportaciones al Issstezac por lo correspondiente al mes de diciembre del año 2024, que ascienden a 1 millón 934 mil 264 pesos que no han sido enteradas, y 2 millones 435 mil 916 pesos de aportaciones patronales, más 74 mil 917 pesos de actualizaciones y recargos, requiriéndose formalmente el pago de 4 millones 445 mil 098 pesos.
La advertencia que este reportero expusiera en el texto llamado «Un desastre llamado Miguel Varela; arbitrariedades al por mayor», adelantaba la decisión de Varela de retirarse del Issstezac, pero azuzando de manera individual a cada trabajador@. Sin embargo, a estas horas no existe en el cabildo la propuesta de desincoporación, mucho menos en la Legislatura.
Los «asesores» no le informaron al ignorante alcalde, que la Ley del Issstezac en su última reforma, no prevé la desincorporación individual de los derechohabientes, ya que como parte de un ente gubernamental, se sujetan al convenio de forma colectiva. El municipio de Zacatecas se incorporó voluntaria y colectivamente al régimen de seguridad social del Issstezac, mediante convenio firmado el 27 de octubre de 1987; fue un acto de carácter colectivo del ente público (patrón); así, al tratarse del fondo solidario de pensiones, en ninguna parte de la Ley de 1986 ni en la vigente del Instituto, se prevé que un trabajador en lo individual pueda solicitar su desincorporación.
Convenio Isstezac 1987 2 by PerioMetro
La retención de cuotas parece obedecer más a crear una bolsa económica para el pago de aguinaldos y compensaciones infladas a parte de los subalternos incondicionales; sí, a pesar de recibir decenas de millones de adelanto de participaciones. Y es que algunos de sus impuestos, presuían traer billete. En Tlaltenango despilfarraban dinero durante el periodo vacacional.
Pero además, el impago de cuotas obrero – patronales, rompe con la la solidaridad intergeneracional que sostiene las pensiones de sus extrabajadores, en detrimento de las finanzas del de por sí, quebrado Issstezac, por lo que pone más en riesgo el pago de pensiones.
Ni su secretario general de gobierno ni su departamento jurídico le avisaron sobre las consecuencias de su decisión, pero al alcalde que ya no aparece de manera pública, (solamente le toman algunas fotos que atendiendo ciudadanía como respuesta mediática), no está atento a lo que sucede en el Ayuntamiento.
Su liderazgo virtual se va difuminando ante tanta arbitrariedad y desconocimiento de los marcos legales, pero el muchacho o como le gusta que le digan «niño azul», aún así, pretende ser candidato a Gobernador en 2027.
Por lo pronto, ante la negativa de concederle amparo contra el Viaducto Elevado, el desligue de varios personajes de Ciudadanía Participativa de endosarle el movimiento (por formas autoritarias y deslegitimadas de otorgar «apoyo»), además de enfrentar una denuncia por defraudación fiscal, exhibe su incapacidad para ser alcalde, y mucho menos, otro cargo al que aspira ya cada vez más lejanamente.
La defraudación fiscal es un delito de carácter penal. Se define como el acto de omitir el pago de contribuciones o de obtener un beneficio indebido. El delito de defraudación fiscal se encuentra en el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 108 y 109. La pena por defraudación fiscal puede ser de prisión, dependiendo del monto de lo defraudado.
Aguas Varela, que los desafueros están a la orden del día, ponte a leer y consíguete asesores jurídicos reales, no intentos de voceros. Ah, ¿Noemí Luna emitirá algún posicionamiento al respecto? Claro que no.