Zacatecas, Zac.- Las víctimas de los actos de brutalidad y tortura policiaca ocurridos el 8 de marzo de 2024 en Zacatecas, junto con organizaciones feministas que las acompañan en la búsqueda de justicia, expresaron profunda indignación por las omisiones, inconsistencias y sesgos contenidos en la Recomendación No. 272/2024, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el pasado 10 de diciembre de 2024.
La recomendación confirma las flagrantes violaciones a los derechos humanos de las víctimas identificadas como QV1 a QV15, incluyendo el derecho a la manifestación y protesta, a la libertad y seguridad personales, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la integridad personal y a una vida libre de violencia. Sin embargo, la CNDH minimiza los hechos al no calificarlos como tortura, pese a la evidencia contundente.

A diez meses de los hechos, ninguna autoridad ni perdona ha sido sancionada, por lo que además, las afectadas denuncian las graves omisiones de la CNDH al no investigar ni establecer responsabilidades de los altos mandos gubernamentales, entre ellos:
- Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno, quien días antes de la marcha promovió un clima de odio y criminalización hacia las manifestantes. El día de los hechos, estuvo frente a los monitores que daban seguimiento a las acciones represivas, pero su responsabilidad no fue siquiera mencionada.
- Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública, responsable del mando único de las fuerzas estatales y municipales que ejecutaron los actos de represión y tortura.
- David Monreal Ávila, Gobernador del Estado de Zacatecas, responsable último de las fuerzas de seguridad que cometieron las violaciones a los derechos humanos.
También reprocharon el sesgo de género evidente en la recomendación, que concentra la responsabilidad en mujeres policías, omitiendo la participación de hombres agentes del estado en los actos de represión y tortura, como lo demuestran múltiples videos de los hechos.
Reconocemos los puntos establecidos en la recomendación:
- La inscripción de las víctimas QV1 a QV15 en el Registro Estatal de Víctimas y la gestión de su reparación integral del daño.
- La atención médica, psicológica y/o psiquiátrica gratuita e inmediata para las víctimas, con perspectiva de género y hasta lograr el máximo beneficio. Que exigimos se cubran a nivel de atención privada, por la desconfianza de las víctimas en las instituciones gubernamentales.
- La emisión de una disculpa pública institucional que reconozca los hechos y la responsabilidad de las autoridades, la cual solicitamos sea apegada a los estándares internacionales para dicho acto.
- La difusión de un comunicado oficial contra la estigmatización de manifestantes del 8M, promoviendo el respeto al derecho a la protesta.
- La elaboración de un protocolo policial con perspectiva de género para garantizar la seguridad y respeto a los derechos humanos de las manifestantes en futuras protestas. Solicitamos se incorpore una comisión de sociedad civil, para garantizar se incorporen principios básicos como igualdad sustantiva, perspectiva de género y enfoque de interculturalidad.
- El establecimiento de un área específica de reacción inmediata en la SSP, para atender actos de violencia contra manifestantes.
- La colaboración de las autoridades con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia para determinar las responsabilidades administrativas y penales de quienes participaron en los hechos, dejando en claro que deben ser por acción o por omisión de las autoridades.
- La renombración del Callejón de las Campanas, incluyendo una referencia a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como forma de dignificar a las víctimas.
- El diseño e impartición de cursos de sensibilización y capacitación con perspectiva de género al personal policial estatal y municipal para prevenir la repetición de actos de represión y violencia; para lo que requerimos sea pública la consultoría y/o institución encargada de estas actividades con la finalidad de verificar la expertis para la formación en los temas obligados.
- En coordinación con el Gobierno del Estado, garantizar la difusión en periódicos locales de un comunicado que promueva evitar la estigmatización de las manifestantes y el respeto a su derecho a la protesta.
- La remisión de esta Recomendación a todas las personas titulares de los gobiernos estatales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, para concientizar sobre el uso de la fuerza y la debida diligencia en la contención de protestas del 8M.
- Colaborar con la CNDH en la denuncia administrativa contra las personas autoridades responsables (AR1 a AR63), presentada ante los Órganos Internos de Control de la SSP y la PMZ, asegurando que dichas instancias determinen lo que en derecho corresponda.
Sin embargo, manifestaron su inconformidad ante el plazo de hasta seis meses que otorga la recomendación para cumplir con estas medidas. Este tiempo es excesivo, especialmente en el contexto de que el próximo 8 de marzo está ya próximo y no debe dejarse lugar a que vuelvan a ocurrir hechos similares.
A esto se suma el hecho de que, hasta el día de hoy, el Gobierno del Estado no ha aceptado la recomendación emitida el pasado 10 de diciembre, lo que retrasa aún más el cumplimiento de las acciones necesarias para garantizar justicia y no repetición. Esto demuestra una falta de compromiso y una grave indiferencia hacia la protección de los derechos humanos de las mujeres.
Exigimos:
- Al Poder Legislativo, que cree una comisión especial para dar seguimiento a la recomendación, la cual esté conformada por la comisión de Igualdad de género y derechos humanos de la legislatura. Además que se presente un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que el Ejecutivo del Estado ponga a consideración de la legislatura el plan de seguridad, no repetición y garantías a nuestros derechos a la libre manifestación, protesta, al igual que el protocolo de Marchas con la exigencia al Ejecutivo de que cumpla la recomendación de la CNDH.
- Al Poder Judicial, que juzgue con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos los casos relacionados con los hechos del 8 de marzo cuando lleguen a su jurisdicción.
- A la Fiscalía General de Justicia, que aplique la debida diligencia en las investigaciones y se abstenga de encubrir a los responsables de las violaciones a derechos humanos.
- Al Gobierno del Estado, que acepte inmediatamente la recomendación emitida por la CNDH y garantice la implementación urgente de las medidas señaladas, reduciendo los plazos de cumplimiento.
- A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que cree una comisión especial de su Consejo apoyada por las visitadurías para dar seguimiento puntal al cumplimiento de la recomendación de la CNDH. Y que, desde este organismo, se difunda la Recomendación No. 272/2024, emitida por la CNDH a los 58 municipios del estado, con la finalidad de prevenir que los hechos se repitan a nivel municipal.
- A la Fiscalía General de Justicia la inclusión de altos mandos gubernamentales y policiales, mencionados o no en la recomendación, en las investigaciones para determinar su responsabilidad en los hechos del 8 de marzo, como señalamos, por acción u omisión.
- Al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres. Tome en sus manos la organización del programa institucional con rumbo al 8 de marzo de 2025, con la finalidad de garantizar la no repetición de los actos de tortura y brutalidad policiaca. Es necesario que dicho programa se presente a más tardar en el mes de febrero del año en curso.
Comisión de la Verdad desde la Sociedad Civil
Ante la falta de acción y compromiso por parte de las autoridades, anunciaron la creación de una Comisión de la Verdad desde la Sociedad Civil, la cual dará seguimiento puntual al cumplimiento de la recomendación y alertará a la sociedad sobre su posible incumplimiento.
Convocam a todas las organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía en general a participar en esta iniciativa, para que juntas podamos vigilar el proceso y garantizar que no se perpetúe la impunidad, así como a involucrarse en la organización de la marcha por el 8M 2025.
Aunque estas medidas son un paso en la dirección correcta, su alcance es limitado si no se investiga y sanciona a los altos mandos responsables de planear y ejecutar la represión del 8 de marzo. La omisión de sus nombres en la recomendación abona a la impunidad y refuerza la falta de justicia que históricamente enfrentamos las mujeres en México.
Reiteramos nuestra exigencia de justicia integral, verdad y sanción para todas las personas responsables, sin importar su nivel de jerarquía. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no puede desaprovechar esta oportunidad histórica para contribuir a un verdadero esclarecimiento de los hechos y a la construcción de garantías efectivas de no repetición.
El 8 de marzo de 2024 no fue solo un ataque a nosotras como manifestantes; fue un ataque a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la lucha histórica de las mujeres. No descansaremos hasta que todas las responsables y responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.