Zacatecas, Zac.- “La Ley de Revocación de Mandato nació viciada de origen, está hecha para obstaculizar su cumplimiento, con la finalidad de que sea inaplicable al titular del ejecutivo del estado de Zacatecas”, denunciaron este miércoles en rueda de prensa, integrantes de la Red de Ciudadanas y Ciudadanos por la Revocación de Mandato.
Carolina Menchaca Valdez, promovente de la consulta, señaló que la reforma de 2019 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, establece un plazo de 18 meses para que las constituciones en los estados garantizaran el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato a la persona titular del poder ejecutivo local, sin embargo, en Zacatecas se aprobó cinco años después.
Asimismo, expuso que una vez que se aprobara la ley en la entidad, el 8 de mayo de 2024, el ejecutivo del estado, encabezado por David Monreal Ávila, la publicó hasta el 7 de septiembre de 2024, “de manera premeditada, con el fin de retrasar su entrada en vigor y que no se pudiera aplicar el ordenamiento del artículo 11 de la ley”.
Dicho artículo, explicó, establece que se puede presentar una solicitud de revocación de mandato dentro del primer mes después de finalizar el tercer año de mandato del gobernador, pudiendo recolectar firmas un mes antes de presentar la solicitud, no obstante, no fue posible al no haber ley publicada.
Por lo que señaló, que la prórroga de seis días para recabar apoyo ciudadano, aprobada hace unos días por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) ante la solicitud de los ciudadanos, “significa una burla”, ya que, aseguró que los lineamientos y herramientas para la recolección de firmas fueron entregados con significativos retrasos, acumulando una pérdida de al menos dos meses.
La activista puntualizó que este 12 de diciembre se cumplió el plazo límite de recolección de firmas, no obstante, la red ciudadana solicitó, luego de señalar las omisiones del órgano electoral, la ampliación de este término hasta por 70 días, sin embargo, únicamente fueron aprobados seis.
Aunado a esto, dijo, la red ciudadana acató todas las indicaciones del IEEZ, como la prohibición del uso de radio y televisión para promover la iniciativa o evitar coaccionar a la ciudadanía para dar el apoyo, mientras que “el ejecutivo local si llevó a cabo, de manera impune, acciones para inhibir, desalentar e impedir la participación ciudadana”.
Menchaca Valdez, afirmó que se reportaron intimidaciones hacia trabajadores del Estado, así como a beneficiarios de programas sociales para disuadir su participación en el proceso. Además de que se difundieron rumores intimidatorios para desalentar la firma.
Por su parte, Tonantzin Arteaga Hernández, recordó que el pasado 30 de octubre se presentó un ataque por parte de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), en contra de Eduardo Goitia Martínez, quien fue agredido por elementos policiacos al promover la consulta.
Denunció también, que el 30 de noviembre se reportó el robo de una lona y un megáfono pertenecientes a la organización por parte de servidores públicos del Gobierno del Estado, hechos por los que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
A pesar de las dificultades, Tonantzin Arteaga, informó que la Red logró recolectar 26 mil 500 firmas en los 58 municipios del estado, equivalentes al 21 por ciento de las requeridas por la Ley, reflejando un amplio descontento ciudadano.
Asimismo, aludió a encuestas recientes que muestran que en municipios clave, como Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas capital, entre el 67 por ciento y el 82 por ciento de la población se manifiesta a favor de la revocación del gobernador.
Por su parte, Eduardo Goitia Martínez, representante legal del colectivo ciudadano, hizo pública una agresión verbal que Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, realizara en contra de auxiliares de recolección en el municipio de Villanueva, cuando les dijo “pónganse a trabajar huevones (sic.)”.
Para finalizar, Goitia Martínez, reiteró la necesidad de reformas legislativas que garanticen procesos democráticos directos más accesibles y efectivos, proponiendo reducir al 3 por ciento el requisito de firmas del listado nominal para la solicitud y al 30 por ciento la participación necesaria en la consulta popular, alineándose con la legislación federal.
