Por Andrés Vera Díaz
La retórica del alcalde panista capitalino es inconsistente, poco fondo y sin ninguna forma, intenta replicar la nueva estrategia de la derecha para acomodarse en la agenda pública al son de una aparente y frontal valentía.
Sin embargo, fueron golpes a diestra y siniestra en su pretensión de justificar su inacción que se ha reducido a campañas ocurrentes sin ninguna proyección. La «transparencia» que presume es nula, demostrado ya en la solicitud de información que realizara quien redacta sobre el número de despidos de la actual administración en base a justificación legal.
Tampoco las inauguraciones de rehabilitación en algunas zonas, como en la colonia Tres Cruces, tienen sustento plenamente gubernamental. La unidad de transparencia dio a conocer que no hay información relacionada a tales asuntos. El saludo con sombrero ajeno fue una acción de la empresa Comex, pero no se han dado a conocer los pormenores del convenio.
De igual forma, la aparente rehabilitación de la cafetería ubicada al interior del Ayuntamiento es novedad, la misma ya había sido aperturada a mediados de 2023. Hoy, quitaron plafones, colocaron un par de cascos de construcción en escena y listo, nueva obra.
Pero lo que se ha salido de control es la necesidad de figurar por figurar, (hasta parece que Ernesto González Romo lo asesora), sin tener la certeza y guión de sus declaraciones. Las improvisaciones desde las columnas a modo y la oficina de calzada Solidaridad se exhiben por si mismas.
Y es que, Miguel Varela Pinedo acusó que en la administración anterior 2021 – 2024, se registró un desfalco por 120 millones de pesos entre gastos excesivos de combustible, consumibles, gastos de representación y hasta contratos firmados por Ruth Calderón, a pesar de que la síndica había solicitado licencia para contender a una diputación local.
Sin documentación de por medio y mostrando un video en pantalla, de aquella vez que «denunciase» la sustracción de implementos de oficina, Varela acusó pero sin asegurar que realizaría las diligencias judiciales correspondientes.
«Las denuncias las hicimos en campaña», limitada respuesta ante el cuestionamiento de una reportera. ¿Cuáles denuncias, las mediáticas? ¿Tenía conocimiento de irregularidades financieras desde inclusive, antes de que el TEPJF emitiera el fallo que le otorgaba el triunfo? Si así es, ¿porqué contratar un despacho externo con filia panista para revisar el proceso de entrega – recepción y se «observasen» los señalamientos pasado el plazo legal para tal efecto?
Magdalena Beltrán, ex secretaria de gobierno en la administración de Jorge Miranda, fue enfática al señalar que los responsables de recibir al gobierno municipal, no observaron nada dentro del plazo legal de 45 días posteriores al acto protocolario de Entrega – Recepción, ni siquiera solicitaron una ampliación de 10 días que marca la normatividad para requerir información.
Esta aclaración, mata cualquier intentona pueril de Varela para afirmar un «desfalco» de 120 millones de pesos de manera extemporánea, pues aunque encontrase irregularidades, no fueron notificados en tiempo y forma de manera documental, como señala la propia Ley de Entrega – Recepción.
Pero además, en la misma, se establecen la normatividad para tal efecto, como el Artículo 28, que indica: En caso de que el Órgano Interno de Control no se hubiera constituido, no se haya nombrado su titular, o bien, se actualice algún impedimento legal, el Titular deberá facultar, preferentemente, al titular del área jurídica para que realice las funciones de la autoridad supervisora, hasta en tanto termine el Proceso de Entrega-Recepción. En el caso de los Municipios, dichas funciones serán asumidas por la persona titular de la Secretaría de Gobierno Municipal o, en su caso, el servidor público que determine su normatividad interna.
El problema es, que fue el mismo Varela quien deshechó las ternas propuestas para elegir a la titular del Órgano Interno de Control (OIC). Fue hasta el 14 de noviembre cuándo finalmente toma protesta la doctora Elba Liliana García Arredondo como responsable del ente fiscalizador.
En lugar de seguir con el protocolo de Ley, que establece a la Auditoría Superior del Estado como supervisor del proceso de Entrega – Recepción, el OIC y el comité que la administración entrante debió nombrar, Varela
contrató un despacho foráneo. Patricia Terrazas y Asociados cuyo domicilio fiscal se encuentra en Chihuahua, fue el encargado de «auditar» y supuestamente, encontrar las irregularidades que expuso Varela. El despacho, cuya dueña es Patricia Terrazas Baca, fue diputada federal por el PAN entre 2018 y 2024. Ya sabemos pues, el puente de conexión para la contratación de sus servicios -que ni siquiera el OIC a un mes de su puesta en escena, tenía conocimiento de los mismos-, que estableció otra diputada federal con intenciones de ser alcaldesa capitalina en 2027. Que cosas.
El asunto no termina aquí, Varela acusó directamente a Jorge Miranda y a la diputada Ruth Calderón del «desfalco», pero omitió señalar al anterior OIC de las omisiones en las revisiones. Que extraño, ¿no? Sin embargo, a pesar de no involucrarlo directamente, por añadidura se emite la corresponsabilidad ante los supuestos de Varela. Víctor Anaya Mota, hermano y cuadro de la senadora Claudia Anaya era el titular del departamento fiscalizador en la administración pasada, inclusive, la hoy diputada Isadora Santivañez formaba parte del directorio.
Entonces, el golpe indirecto, además de pelearse con la ASE, el gobernador David Monreal -que exhibió en Tlaltenango el asunto de las casitas de mazapán-, y contra el ex alcalde, mete en la bolsa a su propia alianza política pero intentando no involucrarlos de forma explícita, sin embargo no se puede ocultar.
Al respecto, ante los señalamientos, ninguna palabra fue expuesta en la Legislatura en la sesión de ayer martes. Ni siquiera su propia bancada se subió al tema para «exigir una investigación a fondo o mínimo manifestar alguna palabra de aliento. Que triste.
No es cosa menor, los señalamientos de Varela hacia la anterior administración replican al otrora titular del Órgano Interno de Control, Víctor Anaya Mota, pues indirectamente, la «omisión» por auditar embarra a los cuadros del PRI en toda su extensión. Víctor, hermano de la Senadora Claudia Anaya -acompañante en la campaña varelista- debió aparecer en las acusaciones. Varela prefirió no hacerlo explicito, pero va por antonomasia.
De igual forma, la hoy diputada Isadora Santivañez, como ex directora de auditoría del Ayuntamiento capitalino, ¿fue omisa en los asuntos? La pedrada indirecta no le ha caído en nada al tricolor alonsista, que mejor mantiene distancia con Varela y el grupo inquisidor proveniente de Tlaltenango, entre los cuáles se anexan varios nombres que posteriormente habremos de dar a conocer.
El «trancazo» que celebraran los agoreros del varelismo, se difumina en las inconsistecias legales. Tan así, que se demostró como el «peligro porque la CFE nos cortara la luz» fue falso. Los pagos a la Comisión de electricidad tan a tiempo, que hasta saldo a favor se dejó. Que la gasolina adquirida en una plaza comercial era para un negocio propio de Miranda, tampoco. El propio ex alcalde dejó abierto el tema, «en el registro público de la propiedad se puede dar cuenta de quien es el dueño».Las obligaciones con el IMSS pagadas, la cédula de cumplimiento con el SAT a favor.
⁉️ Las inconsistencias de la acusación de Miguel Varela contra la anterior administración capitalina.
– No hubieron…
Publicada por Andrés Vera Díaz en Martes, 10 de diciembre de 2024
Y mientras Varela hacía su show, en Tlaltenango se exhibían las mañas de Chava Arellano, ex alcalde panista y cuadro del chavo presidente capitalino. Chito Delgado, munícipe de aquella demarcación dio a conocer que si, ya hay denuncias de carácter penal ante la Fiscalía por desvío de recursos y otros tema como:
– Desvío de más de 3 millones de pesos acreditado
– 12 millones de adeudos con proveedores
– Todas las cuentas bancarias del municipio estaban bloqueadas. Los bancos no tenían conocimiento del bloqueo, diez días se tardaron en poder acceder a las mismas; al poder revisarlas, existían 1100 pesos, SI, mil cien míseros pesos. Hay inconsistencias en las cuentas de la tesorería, que registraban ingresos propios por 2 millones de pesos pero jamás se depositaron al banco.
– Adeudo de 1.8 millones de pesos ante la CFE de alumbrado público. Por tal motivo hubo cortes en un mercado, gimnasio y rastro.
– Adeudo de 4.5 millones de pesos ante el IMSS
– Impago de ISR por 1.5 millones de pesos
– Caja de ahorro de trabajadores del municipio no se reembolsó al término de la administración
– El auto oficial asignado para alcalde, fue entregado sin motor y sin llave
Mientras tanto, Varela intenta soportar su estridencia mediática en tan sólo tres comunicadores, «con eso nos alcanza» dicen en los cafés del centro. Por otro lado, algunas plumas con proclividad opositora, ya cuestionaron el circo de Varela con puntos y señales.
A Varela lo han metido en una burbuja de desconocimiento. Tan al oido el cántico al unísono de cuatro o cinco personas de que será gobernador, que lo han atontado a un grado de puerilidad manifiesta. Y se quejaban de David.
