Zacatecas, Zac.- Luego de la aprobación federal y con el aval de 24 legislaturas locales en materia de reforma al Poder Judicial Federal, aún en Zacatecas no hay fecha para que se realice la concerniente a la estatal.
El diputado Martín Álvarez Casio dijo que en la agenda del Congreso estatal no se tiene como urgencia darle cabida para que jueces y magistrados sean electos también bajo elección popular.
El 7 de noviembre pasado, en Tamaulipas, por iniciativa del gobernador Américo Villarreal Anaya, se dio a conocer que será el primer estado en realizar la elección popular de las y los magistrados, así como de jueces y juezas para el año 2025.
Este nuevo sistema judicial, en Tamaulipas, prevé la elección popular de quienes lo integran, contribuyendo a su modernización, lo cual traerá consigo legitimidad democrática de las y los impartidores de justicia, colocándolo a la vanguardia de los retos que la sociedad demanda.
Las y los candidatos a jueces y magistrados deberán cumplir los requisitos específicos de experiencia y formación profesional establecidos en el proyecto de reforma, formulada para dar cumplimiento a la reforma federal en la materia vigente y que señaló un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del Decreto federal, para realizar la armonización de las constituciones locales.
Sin embargo, en Zacatecas aún no hay fecha para que el Ejecutivo o algún legislador local presente la iniciativa y se modifique la Constitución a manera de que se homologue con la nueva legislación federal.
La reforma federal fue justificada ante el derroche y corrupción en el Poder Judicial, sobre todo por el uso faccioso en la impartición de justicia, el rezago, la liberación de delincuentes y el carpetazo a denuncias.
Sin embargo, en Zacatecas hay voces como la del Magistrado Miguel Pérez Nungaray, quien hizo un llamado a legisladores federales y locales para actuar en consideración a los resultados de los organismos internacionales como el World Justice Project, pues Zacatecas es uno de los 5 estados con menor grado de corrupción y ello exige altura de miras para adecuar y modificar la Constitución del Estado en el marco de las reformas a los poderes judiciales, expresó el juzgador.
“Se acusó de corrupción al Poder Judicial Federal, de ineficacia e ineficiencia, así como una deficiente impartición de justicia”, sin embargo, Pérez Nungaray sostuvo que son situaciones que no pueden generalizarse y que jamás se siguió un debido ordenamiento normativo para llegar a la máxima instancia de una reforma constitucional.