Por Andrés Vera Díaz
El Instituto Nacional de Acceso a la Información está en la antesala de su desaparición. La propuesta para desaparecer siete entes autónomos, entre ellos el INAI, verá la luz la próxima semana en la Cámara de Diputados, y luego en el Senado.
Creado originalmente el 25 de octubre del 2002 como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), fue el primer organismo encargado de «obligar» a todas las dependencias federales de México a transparentar el uso de sus recursos, así como el qué, el cómo y el porqué de sus acciones
El IFAI surgió derivado de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En su diseño original, tenía como función central resolver controversias derivadas de las solicitudes de acceso a la información, luego terminó adquiriendo las funciones de un órgano regulador en materia de información y de protección de datos personales que «cuida» el cumplimiento de su aplicación y promueve una nueva cultura del manejo de la información.
Sus atribuciones originales parecían maravillosas, capaces de contribuir a la edificación de investigaciones periodísticas como la Casa Blanca, la Estafa Maestra o las empresas fantasma de Javier Duarte y varios ex gobernadores priistas.
Sin embargo, poco a poco se fue convirtiendo en un ente de colocación de empleo. A partir de su la consolidación de personalidad jurídica propia y presupuesto, se fue desviando de la esencia propia. Los escándalos en el derroche y contratación de personal afines a las y los comisionados, han sido expuestos por la propia Auditoría Superior de la Federación. Contradictoriamente, el ente defensor de la transparencia, no promovía la suya ni desglosaba en sus informes los sueldos, gastos en honorarios, viáticos, adquisiciones, nepotismo e inclusive, aviadores.
A raíz de estas exposiciones, fue que en diciembre del año pasado, el presidente López Obrador anunció que presentaría la iniciativa para su desaparición y la de los otros entes. “Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, dijo el entonces mandatario unas horas después de que el INAI eligiese como su nuevo presidente al comisionado Adrián Alcalá.
En esa consonancia, durante la segunda jornada de la Semana Nacional de Transparencia llevada a cabo en Zacatecas -por cierto que será la última-, y ante un buen número de «proinais de derecha» – no todos-, el secretario de la Función Publica del gobierno estatal remató bajo su propio estilo en la intervención que hiciera: «Lo primero que debemos decir, es que es una reforma -la desaparición- que tiene la desaprobación de muchos integrantes del Ilamado circulo rojo o de quienes se autodefinen como intelectuales, es decir, de la gente que piensa que piensa pero esa misma reforma tiene el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, es decir, del pueblo, de la gente padece y siente».
Advirtiendo sobre la ironía de su comentario, Ernesto González Romo agregó: «¿A caso los ciudadanos no entienden que un viaje a Europa pagado con recursos públicos, de algún comisionado del INAI es importante para defender su derecho a la información? «
«Tomando en cuenta que un salario promedio en Zacatecas es de 5 mil pesos mensuales, ¿Es mucho un viaje de 200 mil míseros pesos?»
«¿A que se debe que una madre, que tuvo que mandar a sus hijos a Estados Unidos de adolescentes, para que arriesguen su vida por un futuro menos decadente, no logre comprender que una comidita en el cardenal, pagada con dinero público, es una buena inversión cuando se trata de la noble tarea de proteger los datos personales de los ciudadanos? «
«¿De verdad es difícil de entender la falta de solidaridad de ese pueblo olvidado con la causa del INAI?».
Y es que entendamos de una buena vez, la desaparición del INAI no mata el derecho al acceso a la información pública consagrada en la Constitución. Pero, y entre la «defensa» a ese acceso, que pretende ser constreñido a la existencia particular de un instituto, la propia comisionada Norma Julieta del Río declara que en efecto, «Los derechos seguirán vigentes pese a la eventual desaparición del INAI», según un boletín oficial.
En el contexto, la propia comisionada expuso que la información de la Plataforma Nacional de Transparencia no puede pasar a manos del Poder Ejecutivo, porque de los 15,000 millones de registros que contiene sólo 1,000 están relacionados con las actividades del gobierno federal.
Y es que la intención de la reforma que pretende Morena y aliados, particulariza quién asumirá las funciones del instituto a cargo de garantizar la transparencia, pasará a manos de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, una nueva dependencia que será creada en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Al respecto, Julieta del Río señala también que una Secretaría del Poder Ejecutivo no puede llevarse los datos de los demás poderes, de las universidades, de los sindicatos y de todos los sujetos obligados. Los datos personales en posesión de particulares no pueden verse a través de Profeco, que depende de Economía, porque hay tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio 108. Se necesita un órgano técnico especializado”.
Pero, de fondo, caemos de nuevo en la controversia de si ese órgano especializado no ha incurrido en excesos y es aliado de la derecha mexicana. Inclusive, Julieta del Río, colaboradora de la revista Nexos (cuya dirección recae en la persona de Héctor Aguilar Camín, sí, ese rancio derechista que añoraba los apapachos de sexenios anteriores). fue exhibida en el oneroso gasto de viáticos.
Y es que en febrero del presente año, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló nepotismo, extorsiones, aviadores y contratos irregulares en el INAI. Lejos del escrutinio público y a pesar de ser el órgano de la “transparencia”, el Inai ha ocultado sistemáticamente su propia corrupción.
La ASF, al hacer el análisis de la cuenta pública 2022, revisión extendida a la cuenta de 2023, descubrió nepotismo, extorsiones, viajes y gastos de representación injustificados, contratos y compras irregulares, e incluso aviadores (personal que cobra sin trabajar) que forman parte de la serie de presuntos actos de corrupción en el INAI.
En la revisión, se documenta que los siete comisionados –entre ellos, los cuatro que se mantienen vigentes– habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como en el manejo de la tarjeta corporativa American Express. Incluso se detectaron gastos personales, lo que podría implicar el delito de peculado, como se le denomina al desvío de dinero público.
Además de lo observado por la ASF, queda constancia de lo publicado por el medio digital Contralínea, quien exhibió los gastos de Óscar Guerra Ford en 2014 en un table dance. El entonces comisionado del INAI. Guerra Ford, realizó al menos 94 pagos con la tarjeta bancaria del Instituto que incumplieron los controles administrativos pues, en realidad, se trataba de gastos personales sufragados indebidamente con dinero público.
Entre esos cargos destacan tres, pues los realizó en un table dance –de nombre Curazao– clausurado posteriormente por trata de personas en su modalidad de prostitución. El caso, ocultado por el propio INAI -que garante de la transparencia- fue motivo de crítica por el entonces presidente López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum.
Y es que el INAI reservó la información de los gastos de Guerra Ford bajo el pretexto de que: “los movimientos bancarios permiten identificar los conceptos de los gastos que fueron solventados con el patrimonio de una persona física, lo que daría cuenta de su patrimonio y su capacidad económica. En ese sentido, este Instituto estima procedente la clasificación como confidencial de los datos referidos, con fundamento en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”. Chulada con los garantes de la transparencia.
Además, la ASF detectó que entre enero de 2022 y septiembre de 2023, Julieta del Río pagó con dinero público seis viajes al extranjero –incluidos destinos como París, Barcelona, Murcia y Chicago– y 92 al interior del país, nueve comidas y como parte de sus viáticos, incluso costeó cafés del Starbucks, revelan facturas y reportes. En total, en ese periodo gastó 1 millón 59 mil 839 pesos del erario nacional en los vuelos, estancias, alimentos y gastos de representación.
Al respecto, y en medio de la renovación de la presidencia del instituto -de la cuál era aspirante Del Río-, señaló a Contralínea que todo eso se debía cancelar como parte de una reingeniería profunda al órgano autónomo, y que las reuniones internacionales se debían hacer ya por Zoom de aquí en adelante. Además, expuso que los estados de cuenta de las tarjetas corporativas American Express que tenían asignadas todos los comisionados deben ser públicos.
Pero, y aún a pesar de las evidencias, Julieta del Río se ha atrevido a «desmentir» a la presidenta de la República. En un texto del medio Triple Erre se lee: «…la zacatecana se fajó las enaguas y convocó a la señora presidenta a que presente pruebas. DEL RÍO instó a SHEINBAUM: Yo le diría a la presidenta, a la cual respeto públicamente, que ojalá solicite las actas de las auditorías, que solicite quién hizo las cosas (topillos y trácalas) en el INAI y que no nos culpe a todos… y que confíe en el INAI” .Ayer, la policía de la CDMX logró capturar al presunto responsable de los destrozos en el templo de la transparencia de México. La presidenta SHEINBAUM rechazó que el ataque hubiese sido consecuencia de los múltiples descalificativos que le dedicó al INAI el CAUDILLO LÓPEZ.
La retórica de Julieta del Río de confrontación, se ha ido minando tras la «disposición» de reducir el presupuesto para el instituto en la antesala de su desaparición. Y es que, el 11 de noviembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum ‘bateó’ la propuesta del organismo para evitar su desaparición.
La mandataria fue cuestionada sobre la alternativa presentada por Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, para ‘frenar’ la eliminación del instituto, que incluye una reducción de su presupuesto a 334 millones de pesos y la desaparición de plazas.
Pero el giro del INAI se ha planteado ya, que ante su inminente desaparición, por lo menos se cuide la Plataforma Nacional de Transparencia, algo en lo que concuerdo, aunque no sea la panacea de la transparencia y muchos datos se encuentren inexistentes, como ligas caducadas y archivos en blanco-.
A pesar de los tonos de confrontación, la presidenta Sheinbaum ha escuchado las solicitudes de audiencia de Julieta del Río y se ha pospuesto la discusión de su desaparición que se tenía previsto para este miércoles 13 de noviembre. En su visita a Zacatecas, Sheinbaum atendió cordialmente a la comisionada, Sí, a pesar de todo.
Y es que desde esferas altas allá en la Ciudad de México, se preguntan precisamente sobre el actuar de la casi ex comisionada. Por un lado, férrea promotora del instituto que no es el «templo de la transparencia» como alegan medios acomodaticios, pero al mismo tiempo entre pasillos, se promueve como candidata de Morena al gobierno de Zacatecas. Aunque el momio va cambiando y ahora el objetivo es la Auditoría Superior del Estado, luego de intentar la Secretaría General de Gobierno. A pesar de declarar en algunos medios que no busca chamba, la realidad es otra.
En la capital del país, también se preguntan su relación con medios opositores y un discurso anticuatroté, a pesar de ser un organismo autónomo que no derivaría en frentes meramente políticos. También, se cuestionan sus conexiones políticas en el gobierno de Zacatecas, dónde tiene cuadros subyugados en varias secretarías. Por un lado fuego abierto contra la 4T, por el otro asociación con un gobierno morenista.
Y mientras el cabildeo está con todo para que los trabajadores del INAI se integren a la nueva dependencia federal, en Zacatecas lo mismo. El IZAI correría similar suerte, aunque pudiera pasar en los mismos términos a que fuese absorbida por la Función Pública, existe un resquicio para que siga existiendo bajo la autonomía constitucional de la entidad federativa.
Al tiempo, espero desde el primer minuto de publicada esta columna, las llamadas de reproche, advertencias y quejas. Por lo pronto, en este espacio queda asentado el mensaje político y sus futuras consecuencias.
