Por Andrés Vera Díaz
Las protestas de docentes, específicamente agremiados a la sección 58 del SNTE y del SITTEZ, que escalaron a paro general para exigir el pago del bono de rezonificación, dejó en un escenario endeble a los líderes de dichos sindicatos.
Las primeras declaraciones del gobierno del estado sobre la falta de liquidez, parecía alimentar el tono de Oscar Castruita y Ernesto Macías Silva, para radicalizar la protesta sin resquicio a negociar plazos, pues ante la evidente inoperancia gubernamental, el pretexto para atizar a la docencia.
Luego, tanto el secretario de Gobierno como el de Finanzas, explicaron que la Federación no había radicado los recursos del fondo U080 correspondientes al tercer trimestre del año, cuyo monto supera los 400 millones de pesos.
Este tipo de situaciones no es nueva, y pese a que debería en todo caso ser atípico tampoco lo es; sin embargo, el fondo del pago de la nómina magisterial se remonta sexenios atrás, y eso es algo que la prensa de derecha zacatecana que buscó en la falta de pago de un bono, una forma de promoción para la revocación de mandato, sin siquiera plantear el fondo de la problemática en la gestión de la nómina magisterial y el exacerbado endeudamiento que Miguel Alonso aplicó para tal efecto, simplemente mediatizan de forma burda un asunto de irresponsabilidad histórica.
Así, sencillamente se descontextualiza que en el sexenio de Miguel Alonso, no se llevaron a cabo los procesos administrativos de conciliación de nómina para federalizar la educativa del Estado e integrarla al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que apoya a las entidades federativas con recursos para el pago de nóminas y gastos de operación, lo que implica hoy en día un enorme desequilibrio financiero y un desfalco de las prerrogativas estatales.
Simplemente, de esos gobiernos que «estábamos mejor cuándo estábamos peor», se les «olvidó» realizar el proceso de integración aún y cuándo vendían la gran relación de Alonso con Peña Nieto y a Zacatecas cómo el estado más priista del país. ¿De que sirvió?
Así pues, la salida inmediata de Alonso fue la contratación de empréstitos, con todo y sus amargas quejas al inicio de su gobierno de heredar una deuda pública de 1200 millones de pesos. Pero al tiempo, la deuda que adquirió Alonso para evitar la explosión del magisterio, ha comprometido las finanzas estatales hasta 2035, según lo dicho por Ricardo Olivarez en su última comparecencia ante la Legislatura.
Pero, recordemos las declaraciones del entonces gobernador Alejandro Tello en 2019, justo en pleno diciembre, cuándo existía el riesgo de que 10 mil docentes y personal administrativo del sistema educativo estatal no pudieran recibir su salarios, aguinaldos y otras prestaciones de fin de año, por lo que demandó voluntad política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Tello explicó en ese momento, que debido al déficit educativo histórico que padece la entidad, por el no reconocimiento de la nómina de los maestros estatales por parte de la Federación, Zacatecas enfrenta una crisis que puede derivar en un colapso financiero.
Con la llegada de AMLO a la presidencia, se avizoraba que finalmente, pudiera federalizarse la nómina, inclusive, Tello había propuesto una auditoría estatal que fuese llevada a cabo por el gobierno de México con tal de que pudiese absorberla, pero el gran problema, es la gran cantidad de prestaciones en las condiciones generales de trabajo que no están reconocidas por la Secretaría de Educación Pública y que fueron «conquistadas» sexenalmente.
Sin embargo, el enorme problema fue no integrarse al FONE. En 2019, la propia Gema Mercado, entonces secretaria de Educación estatal, admitía que la incorporación no fue posible porque Zacatecas no cumplía con los requisitos establecidos.
Pero, ¿porqué Miguel Alonso no quiso anexar a Zacatecas al FONE? El fondo donde se radicaba el recurso de la federación de denominaba “FAEB”, una bolsa de recursos que no tenía reglas de operación bien definidas, por lo que su uso podía utilizarse de manera discrecional. Sin ataduras en la fiscalización, los gobernadores podían ejercer el recurso que debía gestionarse como «bolsa extraordinaria» sin reportar a la SHCP y la SEP su estricta aplicación, así entonces, las nóminas se convertían en un desastre anual. Sin la observancia federal, tenía la tendencia de su erogación con meros tintes políticos.
Así pues, los recursos no se sabían en dónde finalmente quedaban y eso, precisamente genera la duda del porqué Alonso tuvo que contratar deuda pública para el pago de la nómina magisterial. O no existía la gestión para el FAEB, o sencillamente se desviaban los recursos a otro lado.
El traspaso al FONE, implicaba que cuando con reglas claras, para evitar que los estados gastaran sin control, los gobiernos locales debían conciliar su nómina con las autoridades federales y demostrar exactamente cuánto se gastaba de nómina y a quién se le pagaba.
De tal forma, la negativa del gobierno de Alonso para poder anexarse al nuevo esquema era no perder el control político del magisterio y cientos de millones de pesos que podía usar prácticamente a su antojo, así pues, las repercusiones continúan hasta hoy.
Por eso, resulta patético observar a «periodistas» sin contexto y a diputados de oposición, enfrascándose en una discusión de supuesto apoyo y exigencia «legítima» de los derechos magisteriales. No dicen ni lo harán, su falta de corresponsabilidad ante la desinformación y la desmemoria.
