Por Andrés Vera Díaz
Uno de los movimientos de izquierda -aunque hace 12 años dejó de serlo- fundado por Cuauhtémoc Cárdenas en 1989, perdió oficialmente el registro nacional tras la elección del 2 de junio y quedó acotado a una fuerza política local en algunos Estados de la República.
Su muerte se fue configurando tras la alianza en el Pacto por México y posteriormente con una alianza electoral con el PRIAN. La vocación de izquierda se difuminó para siempre y la desesperada intención de obtener migajas ha provocado disputas infames en Zacatecas, dónde dos grupos además, forman parte de sendos escándalos.
Desde las derrotas electorales en Villanueva y Valparaíso (bastiones perredistas); el asesinato de Gaspar Monroy, ex secretario de organización del partido y cercano a Miguel Torres; hasta la detención y sentencia de Izcander «N» por secuestro agravado y cercano al dueto Raymundo Carrillo (acusado por acoso sexual) – Eleuterio Ramos, así como las disputas por retener la dirigencia local, el PRD se pudre cada vez más.
La incorporación de la exdiputada Zulema Santacruz al partido en la pasada Legislatura, permitió abrir la puerta a colocar dos consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado como alfiles de la casta. Ambos personajes adheridos a un presunto esquema de negocio, usando su cargo para litigar contra la Comisión Local de Búsqueda de Personasl y al mismo tiempo, amedrentando a juzgadores, sería el modus operandi con el que se desempeñan y por lo cuál, ya contarían con sendas denuncias.
Pero, en el caso, existe una extraña contrariedad legal. La Ley de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas no impide el litigio de los miembros del Consejo Consultivo, de hecho, señala en el capítulo tercero, artículo 19 que: A excepción de quien presida la Comisión, los cargos de miembros del Consejo Consultivo serán honorarios, y durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados para otro periodo igual. Recibirán única y exclusivamente una dieta mensual, que en ningún caso excederá el monto de 200 cuotas de salario mínimo general vigente, incluidos bonos y prestaciones en especie de cualquier naturaleza, de acuerdo a los lineamientos que se establezcan en el Reglamento de la Comisión y con cargo al presupuesto que anualmente le destine la Legislatura del Estado.
Sin embargo, existe una contrariedad en la legislación, si son honoríficos, ¿porqué perciben una dieta por el nombramiento? Entonces, si reciben un ingreso derivado del presupuesto público aprobado para la CDHEZ, pudiesen ser objeto a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
Uno de quienes estarían involucrados en el presunto conflicto de interés, ya se comunicó con este reportero, asegurando que tiene en su poder un documento del Órgano Interno de Control de la Comisión, en el que le expresan no tener impedimento para litigar. El problema sería si lo hace en contra del propio organismo autónomo y bajo que condiciones o en su caso, influyentismo directo, lo cuál debe dirimirse o en la Legislatura, ente que designa a los consejeros, o el Tribunal de Justicia Administrativa.
En todo caso, urge pues, reformar la Ley y el Reglamento Interno de la Comisión para impedir que los miembros del Consejo Consultivo puedan litigar, o por lo menos, establecer en que casos si y en cuáles no. El presunto involucrado quedó formalmente de enviarme el documento para su observación. Le ofrecí publicarlo y le expresé su derecho de réplica si así conviene a sus intereses.
Pero, luego entonces, ambos consejeros, estarían asociados con Néstor Santacruz Márquez, ex miembro del Partido Encuentro Solidario y exsubsecretario de vivienda, personaje que ha pactado asociación política con el grupo de Raymundo Carrillo y Eleuterio Ramos como una especie de brazo ejecutor en lugar del acuerdo político.
Néstor tiene un historial de violencia. En septiembre de 2021, fue evidenciado por medio de un video golpeando gente en el municipio de Pánfilo Natera.
Su paso en la SEDUVOT fue casi instantánea, en julio del 2022, trabajadores de la dependencia denunciaron malos tratos, abuso de poder y acoso sexual, entre otras vejaciones, realizadas presuntamente por el personaje en cuestión. El resultado, dado de baja del cargo, lo que provocó de inmediato, una serie de desavenencias de su hermana diputada y su salida de la débil bancada del PES para incorporarse al PRD.
Así, fue en la designación de Consejeros de la CDHEZ, como Zulema pudo colocar a uno con directa vinculación, inclusive, identificado en eventos partidistas del PRD en dónde se le observó junto a Néstor y Raymundo intentando entrar a la fuerza al edificio de calzada Héroes de Chapultepec durante plena asamblea.
Tras un previo aviso de quien redacta sobre publicar el presente texto, el mismo Néstor Santacruz Márquez posteó en su perfil de Whatsapp una fotografía mía con el rostro golpeado (de aquella vez hace algunos años cuándo fui objeto de violencia por parte de policías municipales). para posteriormente entrar en una retahila de sucesos contradictorios. Desde el insulto directo, la amenaza, luego una retrospectiva de respeto y odio hacia este reportero, Santacruz se deslizó en su modus operandi. Bueno, se ha ganado otra denuncia formal y el claro mensaje de que aquí no nos dejamos amedrentar y la advertencia de un proceso legal fuerte en caso de cualquier incidencia contra mi familia.
Néstor no entiende de dimensiones políticas ni blindajes del tipo. De ir construyendo un camino propio en el PT a convertirse en un actor violento, no ha podido parar con esa dinámica a pesar de que ya no cuenta con cargo público ni su hermana continúe como diputada.
Pero retornando a las desavenencias, entre las múltipes contradicciones sobre la dirigencia del partido, todos se acusan mutuamente de falsificación de documentos -algunos en posesión de periometro.mx- que ligan a detenidos por secuestro como asistente del presidente Raymundo Carrillo con meses al posterior encarcelamiento de Izcander «N».
Por el otro lado, Carrillo acusa el secuestro del partido por parte del grupo conformado por Miguel Torres, Camerino Márquez y Juan Mendoza, con la supuesta finalidad de que no pueda meter manos en la documentación y el presupuesto del instituto político.
Inclusive, se acusan mutuamente de que el edificio propiedad del PRD Zacatecas en el callejón de Ozuna 121 en el Centro Histórico, ha sido rentado a particulares fuera de toda legalidad.
Por aquí y por allá pululan envíos de documentos de ambos grupos, acusándose de falsificación, contradicción en la renuncia de la dirigencia, la representación legal y la posesión de los inmuebles.
En el PRD están aferrados a desaparecer, mientras se pelean por las migajas, las raquíticas prerrogativas y una nómina sin ninguna transparencia. No faltará, cuándo terminen por hacerse más pedazos, algún partido que les de cabida con tale antecedentes. Al tiempo.
