Zacatecas, Zac.- Activistas feministas lograron la obtención de un amparo, para evitar que se lleve a cabo la audiencia inicial entre testigos y acusados por la represión del 8M en Zacatecas.
Y es que, la Fiscalía General de Justicia del Estado, no ha querido aplicar el protocolo de Estambul en las indagatorias. Dicho protocolo aprobado por la ONU en 1999, proporciona el primer conjunto de directrices reconocido internacionalmente para los médicos y abogados sobre cómo determinar si una persona ha sido torturada y como documentar los síntomas, por lo que la documentación puede servir como prueba válida e independiente ante un tribunal.
La activista María Luisa Sosa de la Torre señaló al respecto, que pese a las evidencias y testimonios de las víctimas, a manos de elementos del Estado, la fiscalía se ha negado a interponer el protocolo por lo que se advierte de un posible carpetazo con uno que otro chivo expiatorio.
Además, la Fiscalía ha desechado peritajes psicológicos, concluyendo que las víctimas no sufrieron daños emocionales, por lo que se gesta minimizar los efectos de la represión, tipificando únicamente abuso de autoridad y lesiones, excluyendo el de tortura, por lo que las sanciones no representan la emisión de justicia real.
La semana pasada, la diputada Renata Ávila advirtió de un posible carpetazo en el caso, por lo que llamó a que no se le de celeridad al caso sin aplicar el protocolo referido.
Luego de seis meses de la represión -que consta de mucha evidencia gráfica y testimonial- el Fiscal del Estado, Cristian Camacho ya no ha emitido ninguna declaración al respecto.
Las activistas, además exigen que se de a conocer quien emitió la orden de reprimir a mujeres, pues sin esto, no habrá justicia extensiva.
Un par de meses atrás, periometro.mx cuestionó en este tema específico al Fiscal, quien solamente se remitió a contestar que los elementos policiacos pueden reservarse el derecho a emitir tal información.
