Zacatecas, Zac.- A seis meses y nueve días de la represión cometida por elementos policiacos a mujeres en la marcha por el 8M en Zacatecas, la diputada petista Renata Ávila alertó de un posible carpetazo a las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado.
Y es que al día de hoy, nadie ha sido sancionado y, por si fuera poco, las víctimas denuncian malas prácticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
Los dictámenes psicológicos de las víctimas se emitieron por los peritos de la Fiscalía en sentido negativo, lo que evidencia la falta de perspectiva de género del personal. Dicha situación generó aún más desconfianza, por lo que las víctimas y su asesoría jurídica determinaron buscar peritos externos para la aplicación del protocolo de Estambul, decisión que fue informada a la fiscalía, informó la legisladora local.
El Protocolo de Estambul es un manual que establece estándares internacionales para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Su objetivo es garantizar la reparación de las víctimas, castigar a los responsables y prevenir futuros actos de tortura.
Las víctimas denuncian que, sin importar que las Carpetas de Investigación no se encuentren debidamente integradas, la fiscalía ha solicitado ya audiencia de vinculación a proceso para uno de los casos, lo que pone en riesgo el acceso a la justicia.
Ejemplificó el caso de Rosario, quien detenida de manera brutal por las autoridades, señala que debe enfrentarse además a la Fiscalía de Justicia del Estado, a la que pareciera que le urge pasar la página, cuando su prioridad debería ser lograr acusaciones firmes que permitan a las víctimas acceder a la justicia y cuyos resultados sienten las bases de la garantía de no repetición.
Por medio del Movimiento Feminista, de la Red Plural de Mujeres y de diversos colectivos, se da cuenta de que el Ministerio Público no ha actuado privilegiando los intereses de la víctima, quien claramente tiene desconfianza en las autoridades investigadoras y que legítima y legalmente solicitó dictámenes externos, mismos que serían financiados por organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres, para ella y las otras víctimas directas.
«Aquel día se vivió tortura y abuso de autoridad, no son simples lesiones, estamos hablando de delitos cometidos por el Estado a través de los elementos policiacos en un operativo oficial y frente a sus superiores, quienes en ningún momento intervinieron ni sancionaron a nadie, lo que claro invita a suponer que las actuaciones fueron resultado de una orden, por lo que, requiere de una investigación seria y de altura. Esperamos que la fiscalía general de Justicia del Estado de Zacatecas comprenda la magnitud de los hechos», alegó Renata Ávila.
De lograrse alguna vinculación a proceso únicamente por el delito de lesiones, sería una falta de respeto a las víctimas directas e indirectas, por eso, lo que hoy reclaman las víctimas, el Movimiento Feminista, la Red Plural de Mujeres y otros colectivos, es que antes de solicitar audiencias, se permita la contratación de un perito externo que aplique debidamente el Protocolo de Estambul que ayuden a obtener los datos de prueba suficientes para acreditar la gravedad de los hechos que están denunciando las víctimas a través de testimonios.
La denuncia que hacen es que la Fiscalía quiere llevar a las víctimas directas a un escenario en donde solo se cuenta con dictámenes psicológicos negativos, en donde no se ha realizado el protocolo de Estambul, ni se ha presentado a todos los testigos, en donde se tiene pendiente hacer una ampliación de la denuncia inicial para empezar la primera fase de reconocimiento de los agresores, que tampoco se ha hecho.
Entonces, eso en el mejor de los escenarios conduciría a una vinculación por lesiones, simplemente. En el peor de los escenarios conduciría a una no vinculación a proceso, lo cual significa darle carpetazo al asunto, en términos coloquiales.
La investigación inicial no se encuentra sujeta a plazos perentorios, precisamente para permitir que el Ministerio Público investigue con la exhaustividad y la debida diligencia que la naturaleza de estos hechos requiere, sin las limitaciones impuestas por los términos de la investigación complementaria. En ese sentido, la víctima y su asesoría legal consideran necesario que se lleven a cabo las siguientes diligencias antes de judicializar el caso: Reconocimiento de agresores por parte de la víctima y declaración de personas testigas relevantes para el esclarecimiento de los hechos.
Es por lo anterior, que la legisladora hizo un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para que las necesidades de las víctimas del 8M sean escuchadas y se dé una investigación seria y sin prisa, que tenga como objetivo principal una adecuada calificación jurídica de los delitos perseguidos, para así garantizar el acceso a la justicia y la garantía de no repetición para las mujeres y para todo el pueblo de Zacatecas.
