CdMx- Andrés Manuel López Obrador presentó el 1 de diciembre de 2018, una lista de 100 compromisos que serían el eje de su Gobierno. A 30 días de entregar la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo, la lista queda con 68 compromisos cumplidos, 15 no cumplidos, 10 en proceso y 7 sin elementos para evaluar.
El grueso de las promesas cumplidas tienen que ver con los programas sociales, que fue uno de los objetivos principales de todo el Gobierno iniciando labores para ello incluso antes de que éste entrara en funciones. Otros compromisos calificados como cumplidos son los referentes a la austeridad y cambios en la administración pública, que además quedaron asegurados constitucionalmente.
Sin embargo, los no cumplidos dejan también una huella grande en el balance final de la administración de López Obrador. El caso Ayotzinapa es uno de los de mayor polémica. El Presidente aseguró que se daría con el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos y en la última semana de agosto se realizó la última reunión entre su Gobierno y los padres y madres, que aseguraron ya no hubo avances significativos luego de que el Presidente tomara personalmente el caso.
Otro compromiso fue sobre la Reforma a la Ley Minera. Hay una propuesta en el Congreso, pero está detenida, dejando en funciones la ley que está vigente desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con lo que la transferencia del impuesto minuto a las comunidades afectadas por esta actividad tampoco se materializó.
La otra categoría es la de los compromisos en proceso, en el que entran promesas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, como por ejemplo, el detener la introducción de semillas transgénicas y nocivas. Aunque se detuvo a Monsanto, lo relacionado con el glifosato quedó pendiente a pesar de los esfuerzos del sector académico.
Justo en la rama de la ciencia se suma otro compromiso en proceso que es el de la vacuna Patria, relacionada con la nueva etapa que se prometió habría en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conacyt) que tendría como tarea coordinar un Plan Nacional para la Innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades pueblos, científicos y empresas.
Finalmente están los compromisos de los que no hay elementos para evaluarlos, ya que son simbólicos y no tienen alguna forma de ser comprobados como el de “Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son los mandantes de nosotros, servidores públicos” o el de “Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda los 5 mil pesos”.
Con base en la lista, el de López Obrador fue el sexenio de los programas sociales. Es en ese rubro en el que más palomitas tiene: se les dio apoyo a los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos; las becas para estudiantes de media superior; a jóvenes en condiciones de pobreza que accedieron a universidades; aumentó la pensión de adultos mayores y se hizo derecho constitucional; se dio apoyo a personas con discapacidad y se instauraron los precios de garantía para pequeños productores.
Uno de los efectos de la entrega de apoyo directo, que no se detuviera en la pandemia y que los programas fueran universales, fue la disminución de la pobreza a nivel nacional. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2020 a 2022, la pobreza disminuyó en todas los estados de México. Ninguna entidad mostró un aumento de personas en esa condición en un periodo que abarcó la pandemia por COVID-19, una inflación que rompió expectativas en todo el mundo y una guerra que aún se mantiene entre Rusia y Ucrania. Con los datos actuales, la pobreza en el país sería la más baja registrada en los últimos 32 años.
El 36.3 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, que son 46.8 millones de personas. La cifra es menor a la reportada dos años antes, presentada en la etapa más compleja de la pandemia, en donde se contabilizó a 55.7 millones de personas en pobreza.
Otros de los compromisos cumplidos que resaltan son la cancelación de la Reforma Educativa; la disminución de salarios en la alta esfera de la administración pública federal; la puesta en marcha del programa Sembrando Vida y de la construcción de caminos artesanales en comunidades rurales; no aumentaron los impuestos por arriba de la inflación ni se crearon nuevos; no se compraron computadoras en el primer año de Gobierno; se cancelaron los fideicomisos; se redujo en más del 50 por ciento el gasto de publicidad oficial; la familia del Presidente ya no cuenta con la partida presupuestal para vestuario o gastos protocolarios y desde el 1 de diciembre Los Pinos se convirtieron en un Centro Cultural.
Compromisos no cumplidos
En la lista de no cumplidos está la promesa de mantener las estancias infantiles y éstas fueron canceladas al inicio de la administración y a cambio se decidió entregar el apoyo directo a las familias, lo que no garantiza el cumplimiento de los objetivos del programa que busca la independencia de las madres y las familias en general para dedicarse a otras actividades económicas y/o educativas.
Tampoco se avanzó en la descentralización de las oficinas de Gobierno a pesar de que en los primeros tres años se dijo que la Secretaría de Cultura ya preparaba su migración a Tlaxcala y que Salud estaba en las mismas tareas para estar en Acapulco, Guerrero.
En cuanto a las compras públicas se estableció que en cada licitación estarían presentes ciudadanos observadores e integrantes de la oficina de transparencia de la ONU, pero no ocurrió.
Otro de los que destacan es que los 50 consulados que México tiene en Estados Unidos se convertirían en defensorías de migrantes pero no hubo tal transición.
El compromiso 89 es el referente al caso Ayotzinapa. El pasado 27 de agosto, padres y madres de los 43 anunciaron el fin de las reuniones con el Presidente López Obrador. A través de su abogado Vidulfo Rosales comunicaron que las citas son solo de confrontación y sin resultados sustantivos. Y que esa postura también es compartida con el Presidente.
Rosales agregó que el Presidente se comprometió a informar a los padres en caso de que se presente un avance considerable en la investigación. Si no hubiera novedades, entregaría a los padres un reporte en el próximo mes, último de su administración.
En proceso
Las últimas categorías son de los compromisos en proceso y los que no pueden evaluarse. De este último entran, por ejemplo, el compromiso 50 que señala “Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son los mandantes de nosotros, servidores públicos” o el 59 que dice: “Ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda los 5 mil pesos”.
En proceso queda el proyecto de Internet Para Todos y los procesos de amnistía para dejar en libertad a presos políticos o víctimas de represalias de caciques, funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario.