Zacatecas, Zac.- La diputada Violeta Cerrillo Ortiz (Morena) presentó una iniciativa de reforma al artículo 158 de la Constitución Política de Zacatecas que tiene como objetivo principal la eliminación del fuero constitucional o inmunidad procesal en el Estado de Zacatecas, tal y como ha sido entendido tradicionalmente, con el propósito de garantizar que todos los funcionarios públicos puedan ser procesados penalmente por la comisión de delitos durante el ejercicio de sus funciones, sin que ello implique su detención o la separación automática del cargo que ostentan.
Con la reforma propuesta, se busca un equilibrio entre la necesidad de eliminar los privilegios indebidos y la protección del ejercicio independiente de las funciones públicas, por lo que se plantea que todos los funcionarios que actualmente gozan de fuero puedan ser procesados penalmente sin necesidad de recurrir a un proceso de declaración de procedencia o desafuero, no obstante, se establece que dichos funcionarios no podrán ser detenidos ni removidos de su cargo mientras se lleva a cabo el proceso penal en su contra, a menos que exista una sentencia condenatoria firme, se lee en la iniciativa.
En Zacatecas, como en muchas otras entidades, el fuero constitucional ha generado desconfianza en la ciudadanía, quien percibe esta figura como un privilegio que aleja a los funcionarios públicos de la obligación de responder por sus actos ante la ley. La permanencia del fuero ha sido vista como un obstáculo para la justicia, permitiendo que algunos funcionarios eviten el proceso penal bajo la protección de su cargo.
Sin embargo, también es necesario reconocer que la eliminación completa del fuero podría exponer a los servidores públicos a ser removidos de su cargo de manera injusta por razones políticas o por presión de intereses particulares, lo cual pondría en riesgo la estabilidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, expone en su argumentación la propuesta de Violeta Cerrillo.
Según la promovente, éste enfoque garantiza que los funcionarios puedan responder ante la justicia en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano, eliminando la percepción de impunidad. Al mismo tiempo, se protege el ejercicio de sus funciones y se evita que el proceso penal sea utilizado como un mecanismo para removerlos injustamente de sus cargos.
