Por Andrés Vera Díaz
Un asco la LXIV Legislatura, al final de su periodo constitucional se vio marcado por tres nuevos escándalos que la dejarán de plano, estigmatizada como la peor de la historia.
Además de cínicos, delicados; luego de intentar robarse, sí, robarse el bono especial por finalización de Legislatura a los y las trabajadoras, proyectan disgusto, molestia y repudio hacia quienes fuimos alertando sobre la situación. Son una podredumbre política, ni más ni menos.
Los hechos comenzaron el pasado jueves 27 de junio, cuándo un paro de trabajadores de base y confianza impidieron la realización de los trabajos en el pleno, calificados como de urgentes por la presidente de la mesa directiva, Maribel Galván.
¿La urgencia?, aprobar cuentas públicas de municipios y un tema en especial, la ratificación del Decreto número 210 por el que se extiende a Grupo PROFREZAC SA de CV, (propiedad de José Aguirre Campos, dueño también de NTR Medios de Comunicación), la concesión de los libramientos carreteros de Fresnillo, Calera y Enrique Estrada hasta el 12 de marzo de 2052. Sí, por 28 años más a pesar de las condiciones deplorables de tales tramos viales.
25 votos a favor de las diferentes bancadas y solamente una abstención, la del diputado Figueroa Rangel establece una extraña unidad en el marco de la “urgencia” por sacar avante el tema, expresada una y otra vez por Galván, quien apresuraba los trabajos de este domingo para que todo el orden del día saliera antes de las 12 de la noche, fecha final para culminar el último periodo ordinario de sesiones.
Pero, ¿qué relación existe entre el paro y la aprobación de la concesión? La intención de impago – que en una lamentable declaración del diputado Armando Delgadillo, quien preside el Órgano de Administrción y Finanzas- del bono a trabajadores asegurara que nunca existió riesgo para tal efecto, era elevar el momio para aprobar el “favorcito” a la empresa de Aguirre que también tuvo ligas contractuales en Aguascalientes.
Se trataba de darle paso también, a la posibilidad de que se repartiera entre las y los 30 diputados (hoy ofendidísimos por la exhibida), los 4 millones 750 mil pesos que debería erogarse a los 250 trabajadores con 19 mil pesos cada un@. En una de esas, “pegaba” y se hacían de 158 mil pesos por diputad@ al tiempo de aumentar la apuesta ante el Gobierno del Estado y la propia empresa.
La gesta maquiavélica provino de un diputado de Morena, arengando a los propios trabajadores a rebelarse, ¿no resulta sospechoso?. Yo lo escuché en voz del propio legislador que al momento, platicaba con el representante sindical en el pleno del Congreso.
Pero, al mismo tiempo, un inocente y populachero Ernesto González, entre pasillos recitaba que ya no deberían existir ese tipo de bonos ni prestaciones especiales a los trabajadores. Cínico irremediable, tras denunciar la Estafa Legislativa, ya no le dio seguimiento porque finalmente, forma parte de la nueva versión de la misma, la “agenda legislativa” en la que por medio de los capítulos 1000 y 4000 siguen facturando servicios profesionales, pero ahora, con total opacidad, convenida la misma desde los entes de la JUCOPO, (la presida quien la presida). Además, el pago de asesores externos como lo conviene la normatividad interna, sus viáticos, gastos de representación, caja de ahorro, adelanto por solicitud de dichos conceptos, un gran salario -de los más altos del país en referencia a los congresos estatales- y no son objeto de reducciones salariales por faltas; pero las y los legisladore@s son impolutos, honestos, indifamables, incorruptibles.
Bueno, la maquinación debía salir sí o sí, pues la concesión lleva otro trasfondo. Aguirre siempre ha mantenido una relación de negocios – gobierno con David y Ricardo Monreal. NTR es solamente el medio para apuntalarlos en otros sentidos y la herramienta para compensarlos. Es sabida su relación entre los tres personajes, al igual que con Roy Barragán, quien atiende al empresario en un café del centro histórico.
Y veamos: Con fecha 2 de octubre de 1991 EL ESTADO (Gobierno de Zacatecas) por cuenta de un grupo de empresarios fresnillenses, asociados a través de la compañía denominada GRUPO PROFREZAC, S.A. DE C.V. (“GRUPO PROFREZAC”), solicitó a LA SECRETARÍA (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) que se les otorgara LA CONCESIÓN para la construcción, explotación y conservación del Libramiento de Fresnillo, acompañando para tales efectos los documentos que acreditaban el cumplimiento de los requisitos aplicables conforme a la ley entonces vigente.
Para 2005, Grupo PROFREZAC había obtenido la concesión por 30 años, hasta 2035, once años antes de su finalización, la LXIV Legislatura por medio de la Comisión de Comunicaciones y Transportes que preside Gabriela Pinedo (suplente en el senado de Verónica Díaz Robles), dictaminó que el convenio entre Godezac y la empresa de Aguirre podría extenderse hasta el 2052. ¿Cuál fue la urgencia de prolongar 17 años más la concesión si aún existían 11 años más de vigencia actualmente?
La razón o “argumento”, es que no han obtenido los réditos ante la inversión de los libramientos concesionados y sería en esa fecha cuándo finalmente existiría un saldo positivo. ¿En serio?, pero además, PROFREZAC en 2020 solicitó a LA SECRETARÍA llevar a cabo la modificación de LA CONCESIÓN, a efecto de establecer como carga para LA CONCESIONARIA la construcción, conservación y mantenimiento de diversas obras descritas en ese mismo oficio; prorrogar el plazo de vigencia de LA CONCESIÓN hasta el 12 de marzo de 2052, y autorizar la modificación de EL FIDEICOMISO ORIGINAL, a fin de estar en condiciones de desarrollar las obras materia del desdoblamiento sin necesidad de incurrir en endeudamiento público ni utilizar recursos presupuestales del Gobierno Federal ni del Estado de Zacatecas.
Es decir, el pretexto fundamental es que tras la culminación del plazo original (2035), se “infería”, que la concesión al culminar, pasaría de nuevo a manos de EL ESTADO, por lo que éste debería cubrir los gastos de construcción y/o rehabilitación de los tramos carreteros, (como si éstos estuviesen siempre en óptimas condiciones).
¿Acaso las y los diputados conocen los estados financieros del fideicomiso?, ¿saben cuánto son los ingresos anuales por el cobro de casetas de los tramos correspondientes?, ¿cuáles son los montos de inversión por la rehabilitación y “construcción” aledañas o alterna a los mismos?
Pero, y es que aquí viene el meollo del asunto, el 6 de marzo del 2023, LA SECRETARÍA, informó a LA CONCESIONARIA que no había sido posible a esa fecha obtener los resultados definitivos para emitir la Segunda Modificación de LA CONCESIÓN. Es por ello, que atendiendo a los términos y alcances del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 y del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, y con la finalidad de seguir apoyando el desarrollo de la región centro-norte del país, y garantizar la continuidad de la operación de la vía concesionada, y hasta en tanto no se resuelva en definitiva los alcances de las nuevas inversiones a realizar por EL ESTADO, en su carácter de Concesionario, se autorizó a EL ESTADO continuar con la operación, explotación, conservación y mantenimiento del Tramo Providencia-Libramiento Fresnillo; Libramiento de Calera y Entronque Enrique Estrada, por un plazo de 180 (ciento ochenta) días naturales, en la inteligencia de que la Concesionaria debe de dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones a su cargo, en los términos establecidos en LA CONCESIÓN y su Primera Modificación.
Es decir, PROFREZAC debía cumplimentar el convenio original para otorgarle una ampliación contractual, supuestamente solventada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes decidió otorgar de nueva cuenta la concesión misma que debía ser ratificada y autorizada por la Legislatura en la modalidad de permitir al Gobierno del Estado celebrar actos jurídicos con el concesionario y así, derivar que hasta 2052 se otorguen los permisos a la empresa de Aguirre.
Así, la cancelación momentánea de la concesión fue por el incumplimiento del primer convenio, mismos que no se establecen en el dictamen de la Comisión que preside Pinedo. Pero no es la primera vez que la empresa PROFERZAC medio administra y medio cumple con sus obligaciones contractuales.
Antecedentes tiene en el estado de Aguascalientes, sitio donde la empresa intentó participar en la construcción del libramiento carretero poniente de la capital hidrocálida. Concesionaria de Autopistas S.A. de C.V, parte de la asociación empresarial con PROFERZAC había obtenido la licitación dl libramiento carretero poniente en esa entidad en la administración del gobernador Luis Armando Reynoso Femat, quien tenía relación cercana con Aguirre.
En 2019, se revocó la licitación pues las empresas sólo concluyeron 21 de los 45 kilómetros que contemplaba el proyecto, en el tramo que va de la comunidad de Montoro a la salida a Calvillo. El tramo restante, que conectaría de la carretera 70 poniente a la comunidad de La Escondida en San Francisco de los Romo quedó pausado por temas políticos.
Tras una nueva convocatoria, A la convocatoria -que contempla la rehabilitación de los 21 kilómetros ya construidos y la realización de los 24 kilómetros faltantes- se registraron ocho empresas constructoras: GCPEASA S.A. de C.V., Grupo Profrezac S.A. de C.V., Grupo Valoran S.A. de C.V., Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V., Promotora y Operadora de Infraestructura S.A.B. de C.V. (PINFRA), VISE S.A. de C.V., Operación y Conservación de Autopistas Concesionadas S.A. de C.V. (OCACSA) y Construcciones Caruzo S.A. de C.V.
El 30 de julio del 2020, el entonces gobernador Martín Orozco Sandoval, informó que finalmente PINFRA había ganado la licitación, dejando fuera a las empresas de Aguirre -que por separado compitieron- en la nueva licitación. Tras el fallo, Aguirre y PROFERZAC presentaron un amparo en un intento por parar la obra del Libramiento Carretero Poniente, pero sin éxito. Fue el Segundo Tribunal Colegiado de Aguascalientes el emisor de una sentencia que negó la protección de la justicia federal tramitada por Grupo Profrezac S. A. de C. V. y Operadora de Autopistas del Altiplano S. A. de C. V. que, “en los últimos tres años ha insistido en frenar el desarrollo de la obra de infraestructura carretera diseñada para agilizar el tránsito de transporte pesado por la entidad”, reportaron medios hidrocálidos.
Sin embargo, fue al igual que en el caso de Zacatecas, la revocación producto del incumplimiento contractual, que en Aguascalientes, fue no terminar en tiempo y forma la vialidad referida. Así pues, las empresas de José Aguirre han tenido que promover juicios sin éxito y para los tramos zacatecanos, gestionar políticamente el otorgamiento de una nueva concesión y aprobada fast track en la Legislatura local.
Pero, ¿y el segundo piso del boulevard en la capital? Aguirre no compitió de forma directa, ¿Será porque no había la capacidad técnica y financiera para tal efecto y luego de dos concesiones, una nulificada y la otra con problemas de solventación?
Al final, parece que la concesión de los tramos carreteros son una especie de premio de consolación, ya que la ganadora de la licitación para esta construcción es la empresa tabasqueña “Calzada Construcciones S.A de C.V, -asociada con Construcciones y Derogados del Sureste- de la cual uno de sus principales accionistas es Alejandro Feliciano Calzada Prats, hijo del exdiputado priista ─y conocido operador político de Roberto Madrazo (dueño del medio Latinus)- Feliciano Calzada Padrón.
