Por Andrés Vera Díaz
La primera comparecencia del Fiscal Cristian Paul Camacho en la LXIV Legislatura revivió la presunta, aunque en la presunción, se cierne la verdadera corrupción del ex gobernador priista Miguel Alonso Reyes.
Dos carpetas de investigación continúan activas, aunque en los hechos, se han unificado en términos de responsabilidad administrativa y penal. Se trata de una investigación por enriquecimiento ilícito y peculado.
De las cinco denuncias que se habían presentado en contra de Alonso Reyes, la Fiscalía General de Justicia desechó la querella contra desvío de recursos, construcción de carreteras y delincuencia organizada.
El tema reabierto, dio pie a que Miguel Alonso emitiera una declaración pública tan sólo a un programa de radio. Ahí, acusó de calumnias e infamias las aseveraciones del diputado local morenista Ernesto González Romo, durante la presentación de una iniciativa de punto de acuerdo cuyo propósito es citar a comparecer ante la Legislatura al fiscal especializado en combate a la corrupción, Salvador Eduardo Villa Almaraz, a fin de que explique “su complicidad con la impunidad de la que disfruta el ex gobernador de la entidad Miguel Alonso Reyes”.
Sin embargo, Alonso solamente fue declarativo más no demostrativo. Tras las primeras denuncias que datan de 2016, el entonces gobernador y posteriormente, director de Fonatur había guardado silencio casi sepulcral, solamente en una entrevista con Radio Fórmula, algunos días después de que Soledad Luévano, quien entonces había dejado la diputación local, presentara una denuncia ante la FGR contra el ex mandatario. «Es una mentira de principio a fin y un ataque político, ya que perdió la elección por violar la ley repetidamente”. «He revisado la denuncia presentada el día de ayer (por parte de María Soledad Luévano), que es más un ataque político sin fundamentos, no hay ninguna irregularidad, se habla de obras inexistentes, se habla de empresas fantasmas, todas y cada una de las obras fueron realizadas”, dijo el recién nombrado director de la Fonatur.
Tras la aprobación del punto de acuerdo para llamar a comparecer el Fiscal Anticorrupción, Alonso solamente ha permitido entrevista en una radio de corte priista y emitió prácticamente las mismas palabras que hace 7 años y medio. Para el ex gobernador, las acusaciones hechas durante esta semana por el diputado Ernesto González Romo, fueron retomadas como una “bandera política” justamente por estar en tiempos electorales. “He sido cauto en todo este tiempo, he sido moderado, cuidadoso, pero me parece que ha sido un exceso de quienes difaman y calumnian sin ningún escrúpulo”, dijo.
Durante la lectura del punto de acuerdo y para hablar en contra del mismo, la diputada del PRI y ex subsecretaria de egresos del quinquenio de Alejandro Tello, Gabriela Basurto, había manifestado de igual manera que el tema era con fines meramente electorales; sin embargo, éste ya había sido tratado en otrora comparecencia del ex fiscal Francisco Murillo Ruiseco.
En 2019, Murillo había confirmado que existían cinco carpetas en la oficina a su cargo, mientras que la hoy Fiscalía General de la República (FGR), declinó competencia en otras 3. Las mismas fueron radicadas en la FGJEZ a finales del 2018 y “ya siguen el procedimiento correspondiente”, afirmó. Además del ex funcionario federal, la investigación implicaba a otros colaboradores de Alonso Reyes cuando esté se desempeñó como gobernador en la entidad.
Según la denuncia presentada por Soledad Luévano ante la FGR de 121 páginas, el ex gobernador usó al menos 24 empresas fantasma para triangular recursos que asignó por adjudicaciones directas apoyado por los exsecretarios de Infraestructura Mario Rodríguez Márquez y José Francisco Ibargüengoitia, y el exsecretario de Finanzas Fernando Soto Acosta.
La búsqueda de referencias que anticipaban los escándalos, además de la exposición de la llamada “Nómina Secreta” advirtieron a Alonso meses antes. El 19 de mayo del 2016, de manera intempestiva, el gobierno del Estado “anunció” la declaración patrimonial del entonces gobernador pero sin exponer documentación al respecto. En conferencia de prensa, los secretarios de la Función Pública, Ernesto Acosta Escalante; Finanzas, Guillermo Huizar; y Administración, Fernando Soto, hicieron “pública” la declaración patrimonial del mandatario con corte al 31 de diciembre de 2015. Según eso, Alonso manifestó en su declaración recursos y propiedades por 20.7 millones de pesos, “los cuales ha acumulado en 25 años de trabajo”.
Sin hacer referencia de los sueldos y prestaciones, los funcionarios trataron de adelantarse ante las pesquisas que Soledad Luévano y Ernesto González realizaban.
Se dio a conocer que 7.7 millones de pesos correspondían a su gestión como gobernador, de acuerdo a la declaración patrimonial presentada con fundamento al capítulo único del Artículo 5 de La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Además se indicó que su patrimonio está compuesto por dos copropiedades, ubicadas una al interior de la Alameda, que data de 1940, y otra en calle Galeana, de 1978, así como una casa en el fraccionamiento Bonaterra, adquirida en 2003. Informaron que son propiedad de Alonso Reyes dos terrenos en el fraccionamiento Bernárdez y dos predios rústicos en las comunidades de Machines y Malpaso, adquiridos en 2011.
Los funcionarios aseguraron que Alonso Reyes “ya contaba con un patrimonio familiar antes de integrarse a la administración pública, además de tener más de 25 años de trabajo en los servicios profesionales y no cuenta con dependientes económicos”.
No obstante, en el portal de transparencia de Gobierno del Estado no aparecía ni aparece la declaración patrimonial de Alonso, como disponen la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Las declaraciones del Gobernador tampoco estaban disponibles en la plataforma electrónica tresdetres.mx, iniciativa que en esos años estaba de moda con la intención de conocer el patrimonio de funcionarios y candidat@s. ¿Qué gobernadores hacen pública su declaración patrimonial? Los resultados
El ex Gobernador zacatecano no había realizado su declaración 3de3, a pesar de que en octubre del 2015, Alonso afirmó ya había presentado las correspondientes que incluían la patrimonial, de intereses y fiscal, hasta abril del 2016 no se sabía nada de éstas, pero un mes después, fue cuándo sus funcionarios dieron a conocer un compendio. Inclusive, luego de que un medio local zacatecano le cuestionara la omisión, el propio mandatario se negó a una entrevista y acusó al rotativo de tergiversar la información. Pese a que NTR Medios de Comunicación constatara que el gobernador Miguel Alonso Reyes no había hecho públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses, en la página www.3de3.mx, correspondiente a dicha iniciativa, el mandatario aseguró que entregó esta información al Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Alonso Reyes afirmó en ese entonces, que durante su sexenio se presentaron las declaraciones correspondientes a la iniciativa hecha por Imco y Transparencia Mexicana. “Lo hemos hecho en tiempo y forma; la documentación está en el acceso pleno a la información. Desde el comienzo lo hemos hecho y hemos estado siempre en la disposición”, afirmó textual, pero fue mentira.
Periometro.mx publicó un reportaje (La opulencia de Miguel Alonso: las propiedades, el derroche y la opacidad:
La opulencia de Miguel Alonso: las propiedades, el derroche y la opacidad
sobre una de las propiedades en Zacatecas más notorias en Zacatecas (con imágenes aéreas y de los interiores) que dio lugar, inclusive, hasta al amedrentamiento a quien redacta el presente texto cuándo se intentaba filmar con dron la propiedad un año después. La Jornada Nacional por medio del periodista Alfredo Valadéz dio cuenta del suceso.
Tras el intento para derribar la aeronave, un grupo de policías tuvo que escoltarme hasta la capital, lugar en la que en comunicación con la entonces secretaria de Gobierno, Fabiola Gilda Torres, se intentó descartar un agresión personal, pero evidentemente si fue así. Posteriormente, en comunicación con Murillo Ruiseco, se confirmó que el rancho de Alonso era custodiado inclusive por policías ministeriales, los cuáles supuestamente fueron retirados tras la exhibición de la nota.
Fin de la primera parte.