Guadalupe, Zacatecas.- El ex secretario de Desarrollo Social con Alejandro Tello, Roberto Luévano Ruiz, contestó a la inhabilitación por un año que le impusiera la Secretaría de la Función Pública.
Tras un documento que exhibe la sanción por omisión en la que incurrió en la recuperación del pago de créditos para Emprender o Consolidar Negocios UNE cuándo fue titular de dicha secretaría, el hoy aspirante a la alcaldía de Guadalupe por el PRI calificó de burda la intentona por bajarlo de la contienda electoral.
En una misiva enviada a este medio, el también ex alcalde de ese municipio y ex presidente estatal del tricolor señala que: “No nos detendrán, la voluntad de los guadalupenses estará por encima de los intereses políticos de Morena”.
Asegura que en los próximos días se registrará como candidato a Presidente Municipal de Guadalupe y asevera que está tranquilo, con la conciencia limpia.
“Esto no es más que un intento burdo, y ridículo por seguir ocultando su incapacidad para gobernar”, anexa.
La única intención de estas argucias legales es tratar de impedir un cambio para Guadalupe. La preocupación es real, ya que las últimas mediciones nos colocan por encima de sus candidatos, expresó.
Manifestó que la resolución de la SFP se notificó apenas el día 7 de marzo, pero fue emitida desde el 18 de enero de 2024, por lo que causa extrañeza este hecho de porqué tardaron casi dos meses en hacerla de mi conocimiento, esperando truncar mi aspiración a contender por un cargo de elección popular.
La causa por la que se le impone la sanción, es por presuntamente no haber vigilado a los servidores públicos responsables del cobro de la cartera vencida de los créditos otorgados.
Cabe destacar que dichos créditos tienen un carácter preponderantemente social, de llegar a aquellos sectores de la población con mayor vulnerabilidad social que no tienen acceso al sistema financiero, microcréditos que fueron entregados a un aproximado de 1,300 beneficiarios con un monto que iban desde los mil hasta los 70 mil pesos.
Sin embargo, conforme a los datos que emite la Secretaría de la Función Pública (SFP), reconoce que de los créditos entregados en el periodo señalado en el informe de presunta responsabilidad administrativa, se habría recuperado entre el 80 y 85 por ciento del total de los préstamos otorgados, lo cual contradice el propio sentido de la resolución, alega Luévano.
“Es un hecho notorio que durante los ejercicios correspondientes a los años 2020 y 2021, atravesábamos por la pandemia del COVID-19, lo que obligó a adoptar diversas medidas que generó que las dependencias funcionaran con tan solo el 10% de la plantilla de su personal, incluso dentro de las medidas adoptadas en ese momento, el propio Comité Técnico del fondo aprobó un periodo de gracia a los beneficiarios de los créditos durante el cual se les dispensó del pago, como medida de apoyo a las familias zacatecanas”.
“Esta no es una sanción definitiva y corresponde apenas a la primera etapa de un procedimiento iniciado por la Secretaría de la Función Pública. Resta aún agotar los medios, ordinarios de mi defensa, para que sean los Tribunales quienes resuelvan en definitiva”, dijo.
Añadió que filtrar la información de esta manera, atenta en contra de su derecho humano de presunción de inocencia y al debido proceso, pues se me somete al escarnio público, aún y cuando no es una resolución definitiva de la cual aún no ha tenido la oportunidad de ejercer el derecho a defenderse.
“Una prueba fehaciente de que esta resolución tiene una connotación político electoral, es que la Secretaría de la Función Pública, informó a un Juzgado de Distrito el día 13 de febrero sobre la inexistencia de una resolución en mi contra, e incluso hicieron llegar el expediente incompleto para demostrar su afirmación, sin embargo, la resolución que me notifican fue emitida con fecha del 18 de enero, es decir, los funcionarios manipularon información de manera perversa y dolosa ante una autoridad judicial que hoy los pone en entredicho, pues falsear información ante una autoridad es un delito”, explica en la misiva.
Afirmó que ante los hechos, queda clara la intención de impedirle estar en las boletas electorales el próximo 2 de junio.
“Los señalamientos que ahora se hacen desde el gobierno están medidos y fundados en tiempos electorales, ya que buscan ganar en la mesa lo que en las urnas no podrán hacer. El miedo tiene nombres, apellidos y colores. De ese tamaño es el temor a perder un municipio que no han sabido gobernar”.
