Por Andrés Vera Díaz
De nada o muy poco sirve que los entes encargados de la procuración de justicia y seguridad en el estado rindan informes por separado. Los datos se diluyen en una especie de marea que se mueve de manera arbitraria.
Ante el contexto negro de alta inseguridad en Zacatecas, nace la pertinencia de que el magistrado presidente del TSJEZ, el titular de la Fiscalía General de Justicia y el secretario de Seguridad Pública rindiesen un informe conjunto ante la Legislatura. ¿Qué la constitución dice una cosa?, modifíquese.
Y es que los boom de inseguridad se manifiestan consuetudinariamente. Robos, secuestros masivos, asesinatos y carreteras desatendidas tienen un ámbito de atribución conjunta. Los llamados o amagos de diputados para que el Fiscal rinda informes ante cada caso de llamativa explosión social se repiten de manera constante, pero, ¿y cómo entonces contrastar o incidir en la colaboración institucional entre poderes si no se les cuestiona y se analizan los resultados o carencias?
Mientras se presumen resultados en la disminución de homicidios dolosos, pues Zacatecas ya no se encuentra en el top 10, resaltan casos individuales o colectivos que simplemente desfiguran los positivos. ¿Qué estrategia existe para la ramificación de la inseguridad ante la alta tasa de impunidad y desatención institucional? ¿Acaso hay algún manual de manejo de crisis o sencillamente la improvisación antepone cualquier situación?
Y es que es notoria la prepotencia o desinterés de algunas autoridades ante un panorama que no entienden, arreciará conforme se acerque el proceso electoral, porque los hechos sin lugar a dudas se usarán indirectamente como método propagandístico.
Se entiende en ocasiones, un trato arreciado contra líderes que tiene afinidad política adversa. Se trata de promover al antiguo “establishment”, pero no coadyuva la imposición y el letargo en el marco referido. No dudo tampoco, que la violencia se exacerbe conforme avance el proceso electoral, porque hay grupos políticos que hasta la avivarán con el propio fin, pero del otro lado, las prioridades no parecen advertir alguna solución de fondo.
El secuestro de siete adolescentes en Malpaso, Villanueva, a algunos metros de la UNIRSE, que dicho sea de paso, colocan a uno o dos policías estatales a “vigilar”, dinamitó nuevamente la oportunidad para que de forma abierta, ya existan posicionamientos que remarcan en un evidente tinte político, para llevar agua a su molino.
Pero mientras además, las noticias negativas del tipo resaltan sobre la poca positividad, vemos al titular de Seguridad Pública reprochando la voz altisonante de una madre de los jóvenes secuestrados. ¿Qué no entenderán el marco del momento?
La procrastinación sobre la declaratoria de zona de desastre por sequía también dejó tintes de soberbia. ¿Qué los efectos económicos adversos no pueden producir inseguridad porque la pérdida de ingresos y empleos no lleva a la desesperación y provoca un nicho de oportunidad para los grupos delincuenciales al reclutamiento?
Pero mientras a los productores frijoleros les decían que la declaratoria era casi atribución exclusiva de la Federación, lo cuál es mentira, por poco y se les obliga a decir en reunión con diputados que deberían agradecer la presencia del secretario de gobierno y la prepotente subsecretaria Julia Olguín.
En la dependencia mencionada, las cosas no pintan bien. La Comisión de Búsqueda de Personas con un arsenal de equipo tecnológico, paralizado. La subsecretaría de Atención Ciudadana en campaña electoral, y mientras presumen un documento en el que se solicita a la Segob que supuestamente atienda la declaratoria, le juegan el dedo a los campesinos con la típica arenga, “Vayan ustedes a la Ciudad de México, nosotros aquí les convocamos a los delegados federales”. Lo que no les dijeron, es que tanto el gobierno del estado con la Secampo, la Sama y Protección Civil, deben emitir información técnica a la Conagua, Gobernación y Protección Civil Nacional para que un consejo técnico avale la declaratoria.
Mientras tanto, la oposición en sus grillas internas, abandonada también a que la queja social por antonomasia les capitalice. En lo que siguen reprochando la política de abrazos y no balazos, alertan sobre el reclutamiento forzado. ¿Entonces masacramos también a inocentes esclavizados porque fueron forzados a delinquir?
Estamos en un limbo.
