Zacatecas, Zac.- Ante la invasión de tierras a ejidatarios del municipio de Valparaíso por parte de indígenas Tepehuanos provenientes de Durango, el gobierno del Estado y la LXIV Legislatura cerraron filas para llamar a la Secretaría de Gobernación federal a entablar mesa de diálogo para destrabar el conflicto.
En las comunidades de Bernalejo de la sierra y Pajaritos, la riqueza maderera de la sierra de esta región, la producción y cosecha de orégano, sería las principales causas del prolongado conflicto agrario que persiste entre indígenas tepehuanos de los poblados duranguenses de Santa María Ocotán y Xoconostle contra habitantes de las comunidades señaladas.
Aunque el lugar es zona de veda forestal desde hace dos años, por la cabecera municipal de Valparaíso diariamente cruzan por lo menos 30 tráileres con su carga de madera, producto de la acelerada deforestación clandestina que promueven las compañías madereras.
Ante el inminente peligro de un conflicto que escale a niveles de violencia, tanto el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes quien se apersonó en la Ciudad de México, como la Legislatura local realizaron un llamado a Adán Augusto Hernández para que coadyuve en el ámbito de su atribución legal, intervenga para lograr que elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva se hagan presentes en la zona del conflicto para restablecer el orden y garantizar el respeto a la integridad física y la vida de los involucrados, en lo que se imparte justicia, y se llega a un acuerdo pacífico como solución al conflicto.
Asimismo, para lograr que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano busque la mejor forma de solucionar el problema que aqueja a la demarcación anteriormente citada.
De igual forma, para que solicite la instalación inmediata de una mesa de diálogo y acuerdos, con la intervención de autoridades competentes de los estados de Durango, Zacatecas y el Gobierno Federal. También que la Fiscalía estatal integre las carpetas de investigación correspondientes, buscando la sanción a hechos posibles constitutivos de delito, ante presuntos casos de abigeato, robo, intimidación y privación ilegal de la libertad.
