Por Andrés Vera Díaz
Miércoles 11 de enero marcó el inicio explosivo del hartazgo social referente a la inseguridad en el sexenio de David Monreal. La organización de habitantes de Chaparrosa y anexos no solamente se hicieron notables ante la invisibilidad institucionalizada, sino establecieron un referente.
Sin embargo, la intentona de minimizar y menospreciar la protesta fue desde el Poder Judicial y en un tono ultra conservador, el Magistrado Presidente Arturo Nahle, se atrevió a condenar la queja social, justificando su opinión ante la afectación económica.
De Nahle se puede advertir simpatía, proactividad y habilidad política, pero no es un experto en la solidaridad ni tampoco en la afinidad social. No es la primera vez que el Magistrado se envuelve en polémicas declaraciones que no le abonan en su carácter meramente institucional.. A la par, pocos se atreven a criticarlo, sus posiciones como Procurador y hoy jefe del Poder Judicial, no lo hacen inmune, pero si un referente para evitar la descalificación (en el estricto rigor etimológico de la palabra).
El argumento principal para esgrimir la antipopular frase de que “desquiciar a Zacatecas no resuelve delitos”, parece entonar idiosincráticamente, que debemos mantenernos pasivos ante la máxima urgencia social y dejar que las autoridades tengan a bien y de repente, encontrar alguna epifanía para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Vaya sugerencia desde la posición de Magistrado Presidente.
Nahle olvidó, de forma infligida, que los habitantes de Chaparrosa ya se habían manifestado un día antes por el secuestro del niño Tadeo, e inclusive, una advertencia (menospreciada) para radicalizar su protesta. La desatención política promovió que entonces, llevaran a cabo las acciones planeadas. Mostrar absoluta visibilidad y expresar un mensaje claro, contundente y sonoro, resultó en medio de pancartas que pedían perdón a la ciudadanía por las afectaciones. Pero no es en sí un caso particular que atañe, la muestra palpable de catarsis y exigencia social, es el preludio.
De tal forma, que la declaración de Nahle, enmarcada en disminuir la protesta y se alimente en otros puntos del estado (como ocurrió en Villa García un día después), contrasta de manera enorme con la alta tasa de impunidad en México y Zacatecas. ¿Entonces, bajo el dato consistente, confiamos en la institucionalidad de los Poderes o nos cruzamos de brazos ante la barbarie criminal y la barbarie declarativa?.
Datos analizados en el reporte Hallazgos desde lo local 2021, elaborado por México Evalúa, muestra que el 100% de los casos de desaparición investigados en 2021 quedó impune en la entidad. Además, muestra que el 99% de homicidios dolosos también quedó impune, al igual que el 99% de las extorsiones. Por lo tanto, ¿de qué me habla Magistrado Nahle?.
Aun recuerdo, cuándo como Procurador, el hoy jefe del Judicial, declaraba que la violencia era derivado entre simples pugnas criminales, una especie de “se matan entre ellos”, dejando a un lado las causas. Como si fuese normal, más allá de la naturalidad oscura que posee cada ser humano, matarse entre ellos por el gran negocio auspiciado por el narcotráfico y sus derivados (extorsión, secuestro, cobro de piso, robo de autos, etc). Entonces, la justificación parecía sugerir también que mientras los criminales no se metieran contra la sociedad civil y “se mataran entre ellos”, el asunto no pasaba a mayores. ¿Qué acaso el criminal no es sociedad civil también víctima de políticas de desatención social, corrupción, pobreza y ambición de pocos?.
En todo caso, dígame Magistrado, ¿qué programas de rehabilitación y reinserción social veraces, oportunos y eficaces existen para minimizar la incidencia delictiva?, ¿ha realizado usted una depuración efectiva de subalternos en los entes que ha encabezado? Todo esto, olvidado por Nahle, me deja la rara sensación de que siempre ha tendido a justificar, pero no explicar sus pormenores ni promover políticas de alto calado.
A razón de la protesta, no es la primera ni será la última en la entidad, pero tampoco un tema exclusivo del presente. Sendas marchas en los gobiernos de Miguel Alonso y Alejandro Tello quedan registradas en la historia. Recuerdo de forma clara, aquella promovida por tres comunicadores entre los que se encontraban quien redacta. Un video que su servidor subió a redes sociales, tuvo resonancia inimaginable en redes sociales. Algunas páginas la publicaron llegando hasta las 400 mil visualizaciones, pero al igual que hoy, fue la pasividad social la gran presente. El 7 de septiembre del 2017, la llamada Marcha por la Paz salió de la explanada de Ingeniería para conducirse a Plaza de Armas. Cerca de 4 mil personas participaron, sin tintes partidistas, ni intereses mediáticos amarillistas, ni siquiera por “comunicación anisexenal”. Fue tan legítima que tuvo resonancia entre políticos que caminaron, pero no expresaron posicionamientos, porque ese era el llamado y la condición para sumarse. En aquel entonces, Fabiola Gilda, Secretaria de Gobierno y el propio Alejandro Tello, la respetaron. Un comunicado oficial expresaba el respeto (porque no les quedaba de otra), pero igual no atendieron a la gente reunida y como siempre, se comprometieron a combatir la inseguridad que en esos días, también pegaba duro entre la sociedad, no tanto como ahora, pero arreciaba.
Sin embargo, ese tampoco puede ser el pretexto idóneo para remembrar entre líneas discursivas una especie de “estábamos mejor cuándo estábamos peor”, porque todo acto tiene consecuencias. Entonces retornamos al mismo punto, ¿atendemos las causas o nos limitamos a la atención coyuntural?. Deben ser en todo, absolutamente todo caso, ambas.
Por eso a Nahle hay que recordarle su historia, su trayectoria institucional, sus declaraciones llenas de encono y su actual posición. El Magistrado Presidente hizo gala de conservadurismo, porque a la par de protestas políticas como aquellas por exigir recursos federales (gobierno de Monreal), las de mítines y proselitismo electoral, toma de edificios legislativos para pelear por una elección (Soledad Luévano) y hasta la contemplativa colocación de adornos navideños, tienen en su esencia la misma forma coercitiva, pero con distantes objetivos.
Unos se manifiestan para llegar al poder y luego desdeñar al pueblo, otros se manifiestan para exigirle a los del poder cumplan sus promesas de campaña. ¿Gran diferencia verdad Magistrado?.
Artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas:
La prevención social del delito es una obligación a cargo del Estado y sus municipios; de igual manera, es un derecho de los zacatecanos participar en ella.
La seguridad pública es un servicio a cargo del Estado y los Municipios para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, el mantenimiento del orden y la paz públicos.
P.D: El tapabocas de Nahle no intenta combatir un virus, el de la inseguridad.
