Por Andrés Vera Díaz
Las herramientas legislativas y la subsecuente Estafa Legislativa fueron esquemas de financiamiento para estructuras de la gran mayoría de diputados en pasadas asambleas.
Algunos, muy pocos, más que utilización facciosa del recurso, hacían labores de altruismo real. Luis Medina Lizalde era uno de los diputados que donaban los 200 mil mensuales a comedores, estudiantes de bajos recursos y gente enferma sin exigir apoyo político, formación de estructuras dirigidas o condicionamiento a priori.
Otros más también realizaban donativos a población verdaderamente necesitada, pero me atrevería a decir, que el 90 por ciento de las y los legisladores se embolsaban la partida, compraban casas, autos y realizaban viajes bajo la falsa entrega de los apoyos. Algunas más, cobijas compraban para revenderlas obviamente con la obtención de ganancia.
Por aquello de los reproches de Soledad Luévano que acusa exclusivamente a “La Secta” de ser los grandes beneficiarios de redirigir presupuesto para la erogación de servicios profesionales desde la pasada Legislatura, la praxis de sus declaraciones pretende particularizar, cuándo sabemos de antemano que los 30 diputad@s participaron. Entre estos, varios “ricardistas”. La auto infligida desmemoria no hace patente el uso de las herramienta legislativas que ella utilizó y cuya promesa de donar a asociaciones civiles contra el cáncer jamás pudo ser comprobada. Que contrariedad.
La exposición de Ernesto González Romo sobre el desvío de 200 millones para el pago de servicios profesionales no es irreal. Quien redacta ha podido comprobar la facturación de montos estratosféricos por la hechura de iniciativas, posicionamientos y hasta “opiniones” en empresas que aparecieron sorpresivamente, no tienen historial consecuente, ni siquiera domicilios fiscales lógicos.
Todavía en el actual parlamento se uso el remanente de la etiquetación para capítulos mil y tres mil. El finado Sergio Ortega fue evidenciado con la compra de iniciativas a una razón social con domicilio fiscal en Zapopan, Jalisco sin que haya registro físico de la existencia de la empresa. Ortega no se asumía como parte de La Secta, por eso, el reproche infantil de Soledad y allegados, se contextualiza en el embate que existe entre el ricardismo y los demás grupos que controlan gran parte del gobierno estatal y Morena, cuyos intereses contrastan con el proyecto del Senador.
El veto del gobernador David Monreal a las herramientas legislativas caló hondo, sobre todo en la oposición que ve mermada una fuente de ingresos para el mantenimiento de estructuras electorales, pero en el plato, como ya lo hemos comentado y demostrado, miembros de la Nueva Gobernanza también hicieron gala de mecanizar los servicios profesionales a su favor.
Ahora, y como ya lo había adelantado en otro texto, la oposición pretende etiquetar recursos reasignables, una partida de 20 millones de pesos en 2023, supuestamente para convenir publicidad con medios de comunicación sería el esquema para hacerse de recursos.
Contrasta con la iniciativa del seudoperiodista e intento de diputado local, Enrique Laviada, que propone la creación de canales comunicativos en radio y televisión propios del Congreso del Estado. La simulación por obtener espacios para la meritocracia y la grilla barata, choca pues con la idea de que exista un recurso millonario supuestamente para convenios publicitarios como nunca en la historia.
Ni siquiera se trata de una propuesta que pretenda equilibrar las líneas de comunicación que reprocha entre dientes el diputado naranja. Ese, que vivió de grandes contratos en los sexenios priistas, cree que tiene un veto por antonomasia. Bueno, eso de la victimización ya sabemos de que escuela proviene.
La genial idea, porque ni siquiera tendría la respectiva aplicabilidad original, sería un tiro por la culata directo al rostro, pero ya ha salido una esquirla en el primer año de “trabajo” legislativo. Una reasignación de más de 800 mil pesos que serían destinados a contratos con medios, se fue directamente a los bolsillos de las y los diputados. Ávidos de pagar comilonas, turismo disfrazado de productividad ad hoc y hasta camisas como los comprobantes de Xerardo Ramírez, la incansable búsqueda de recursos para sus intereses personales.
Salidas de las mentes de los diputados más chocantes y mediáticos del PT, MC y PRI, además tiene una contradicción plenamente de fondo, cuándo han desmantelado la oficina de comunicación social para tratar de redirigir el espectro a entonar mensajes discordantes, llenos de fobia y retórica sencillamente de parapeto.
Pero es la bolsa de 20 millones, una moneda de cambio ante otros escenarios como la elección del nuev@ “ombudsperson”. Ante la falta de consenso, la comisión de Derechos Humanos no ha podido sesionar porque prefieren mantener en vilo ante la discusión al presupuesto 2023 las posibilidades de que se catapulte a un opositor. Jorge Rada, que a veces es activista ad hominem y otras, peón en el tablero de Laviada, no tiene los 18 votos a favor como se intentó publicitar. Solamente los votos del naranja y del coordinador del PT son los “amarrados”. Vaya, pero que coincidencias, ¿no?
La probabilidad de que Rada se encargue de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se enfrasca en la terminología estricta. La realidad es que la bancada del PAN va con Arturo López de Lara. La de Morena se reparte entre Maricela Dimas y un destacado académico. En el PRI, ni siquiera contemplan un candidato apadrinado o amadrinado. El Verde tampoco se decanta por individualizarlo, pero tes difícil que busquen darle entre a quien usaría el despacho en pro de intereses de golpeteo político.
Rada tiene demandado al alcalde Miranda y uno de sus hijos por presunta corrupción y extorsión, por ende, Fernanda Miranda, presidenta de la comisión legislativa correspondiente debería de excusarse para la dictaminación y votación; sin embargo, también existe ya un conflicto de interés cuándo el despacho del abogado defiende exclusivamente temas que lo colocan como opositor. Desde la CDHEZ debería también de excusarse por representar acciones legales y otras, legaloides porque hasta el momento, nadie ha visto que represente a empleados por ejemplo del Ayuntamiento priista de Sombrerete por la retención salarial derivado de deudas ante el IMSS, o que promueva demandas extensivas contra los partícipes de la Estafa Legislativa. Algunas asesorías al respecto ha dado, pero de fondo no. ¿Eso no es un conflicto de interés político y moral?.
Seguramente lo veremos respingando de los presentes párrafos, inclusive, hasta la dinámica del chisme infundado le es característico cuándo recrimina “me dijeron que dices”. A promover amparos contra las corridas de toros sí (afectando a Pedro Haces, socio de Ricardo Monreal), pero ante el Congreso Charro midió la repercusión política y económica. Activista ad hominem.
