Por Ricardo Arteaga Anaya
Durante casi cuarenta años dieron inicio los gobiernos federales y estatales a la implementación del modelo neoliberal en nuestro país, específicamente en cuanto al modelo económico del país, como hemos mencionado en muchas otras opiniones, para lograr implantarlo en México, fue necesario modificar por completo el modelo político y democrático.
Una vez moldeada e impuesta una nueva clase política en el país, fue posible desmantelar en su totalidad las empresas paraestatales, las consecuencias de este modelo político y económico han sido catastróficas para los mexicanos, para el país y para la administración pública, ésta última terminó por convertirse en un negocio para unos cuantos.
Ningún gobierno municipal, estatal ni el Federal, ni siquiera algún otro poder, puede decirse libre de corrupción, de prácticas inmorales por algunos de sus miembros, incluso ni el gobierno de federal ni gobiernos o representantes populares emanados de la cuarta transformación se han librado de actores que han arropado el discurso del cambio para sostener las prácticas de aquellos a los que han undido al país.
La administración pública fue invadida por la idea de que un político pobre es un pobre político, es decir, que un político sin dinero no es capaz, no llega y no puede ni debe hacer política, a ese grado se llegó a conecbir el ejercicio público. Es así, que nadie puede negar que quienes hoy gobiernan, independientemente del tiempo que lleven en el encargo, han recibido herencias malditas, calificativo utilizado para referirse a que un gobierno hereda una gran cantidad de crisis al recién electo.
Cuarenta años de un modelo pensado en enriquecer a unos cuantos no puede cambiarse no va a cambiarse en 3 o seis años, quizás será necesario mucho más para poder cambiar todo un modelo político y económico, sin embargo, debe comenzar en algún momento, al menos quienes han emanado de las filas de la cuarta transformación así deben intentarlo.
Zacatecas no es la excepción, el gobernador David Monreal, heredó un estado en quiebra, con grandes porcentajes de su población en situación de pobreza, con grandes índices de desempleo y desigualdad, de injusticia, con una enorme deuda pública, con una crisis de inseguridad como nunca y con una corrupción sistematizada y normalizada, así como un gran porcentaje de impunidad.
Nadie puede negar tales hechos, sin embargo, el proyecto político y de gobierno representado por la cuarta transformación prioriza un cambio profundo en muchos aspectos, principalmente en el económico y político: que la política y el quehacer público dejen de ser un negocio de unos cuantos y que se pongan al servicio de todos; que el poder político no sirva al económico, sino que exista un respeto mutuo y trabajo en sinergia; que la moral, los principios, sean característica del ejercicio público, la austeridad y el combate a la corrupción, todos son ejes fundamentales para la transformación del país.
El gobernador Monreal, recibió un estado con muchas herencias malditas: deuda, corrupción, impunidad, inseguridad, una gran mayoría de una clase política que busca más el interés personal que el colectivo, desvío de recursos, triangulación, facturación falsa, nóminas secretas, todo impulsado o generado desde un pequeño sector de políticos, no podemos negarlo y tampoco podemos restar responsabilidad a anteriores administraciones, sin embargo, la nueva gobernanza si es responsable de que los actuales funcionarios repliquen las herencias malditas, si es responsable de que los legisladores impuestos como candidatos de la coalición afin a la 4T, centren todo su esfuerzo en mantener el sistema de desvío de recursos, facturación falsa y además intentar revivir las herramientas legislativas, si es responsable de que continúe existiendo recurso para la nómina secreta (bonos de funcionarios de primer nivel), entre muchas otras crisis que se mantienen silenciosamente.
Es imposible que en la actualidad, un gobierno no padezca las herencias malditas que sus antecesores generaron, pero si es responsable si éstas continúan como una práctica común y no solo tolerada, sino consentida.
