Por Ricardo Arteaga Anaya
El Poder Judicial, sin duda, es indispensable para lograr la justicia social, sin embargo, se enfrenta a situaciones que frenan su función, es inevitable el hecho de que en parte ha sido alcanzado por la corrupción impuesta en nuestro país por una clase política perdida por la ambición al dinero y al poder, en su intento por ello, han corrompido todas las esferas y todos los poderes del Estado, alcanzando al Poder Judicial federal y estatales, imponiendo las prácticas de otros poderes y niveles de gobierno al interior de estos.
Este poder, al menos los ministros y magistrados que lo encabezan son electos, de forma indirecto, por la voluntad popular, pues el Congreso elije las planillas propuestas por el Ejecutivo, otros dos poderes y representaciones que son electas mediante el voto popular, es así que estos debiesen proponer ternas y elegir a los miembros del poder Judicial de acuerdo al interés popular: la impartición de justicia. Sin embargo, la corrupción política cuyo origen es la ambición de tener más y más, desde hace décadas ha fomentado que los encargados de la impartición de justicia sean meras cuotas para cuates, familiares y allegados a determinados grupos políticos, al menos de los que tengan el consentimiento del Ejectuvio y del grupo mayoritario en el Congreso, ya sea local o federal.
De esta forma el Poder Judicial se ha ido conformando por personajes, en la gran mayoría de los casos, que representan el pago de favores o de cuotas para grupos políticos e incluso personales y la búsqueda de una impartición de justicia ha ido quedando de lado, muchas veces sobajada por el intento de brindar impunidad a quienes los llevaron al encargo y a quienes pertenecen al grupo político del que se emana, ejemplos existen de sobra en las útlimas décadas.
El caso más reciente y que, sin duda, generó gran polémica, fue la declaración del actual Presidente del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Zaldivar recordó la presión que recibió no solo por el Presidente de la República, sino por toda la maquinaria del Estado mexicano cuando decidió plantear una resolución contraria a la que el Ejecutivo Felipe Calderón Hinojosa, había solicitado para proteger a familiares de su esposa por el caso de la guardería ABC, donde fallecieron decenas de niños y bebés y otros tantos sufrieron de quemaduras graves, evidentemente la presión narrada lo llevó a considerar su muerte como venganza por la desobediencia al Presidente de la República, a quien debía el encargo.
A nivel local también padecemos de actores políticos y ejecutivos que han visto al Poder Judicial de los Estados en el mismo sentido, como agencias de colocación, recientemente los zacatecanos fuimos testigos de la propuesta de una terna de dos mujeres y un hombre, en cualquier Estado democrático y en el que se pugne por la paridad de género, se hubiese electo a una mujer para equilibrar a dicho poder en cuanto a la conformación de género, sin embargo, se optó por la elección de un hombre, y no sólo eso, sino que se eligió (a propuesta del Gobernador) a quien calificó las elecciones en las que el gobernador y los diputados fueron electos.
El método para la conformación del poder judicial, sin duda, ha ocasionado otros daños al mismo, la corrupción hacia abajo ha permeado y se opaca la gran labor de los trabajadores de dicho poder y de muchos jueces honestos cuyo compromiso es la adecuada impartición de justicia, la solución no es sencilla, pues como en otros poderes, enfrentarse a la corrupción es una tarea compleja, diversas reformas deben impulsarse, la primera debe ir en el sentido de modificar el método de selección de los representantes del poder, evitar que personas externas al mismo poder participen, que quienes participen cumplan con carrera judicial y quizás, en una última etapa, sea sorteado el cargo, , muchas opciones pudeden impulsarse para reformar a un poder tan golpeado por una clase política poco comprometida
