Por Ulises Mejía Haro
Con el propósito de lograr la autosuficiencia eléctrica de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados federal una iniciativa de reforma en materia eléctrica a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como un organismo de estado, para que ésta produzca y tenga un despacho prioritario de su energía para su comercialización de al menos el 54% de la electricidad consumida en el país y las empresas privadas lo hagan hasta en un 46% restante.
La iniciativa de reforma generó una fuerte resistencia de las grandes empresas y monopolios privados nacionales y del extranjero, quienes ven en peligro sus privilegios y grandes negocios que realizan bajo el marco de la reforma energética privatizadora de Peña Nieto; quienes arguyen que la reforma va en contra de la inversión privada nacional y extranjera en el sector eléctrico, que subirían las tarifas de la energía eléctrica, que limitaría el desarrollo de las energías limpias y que atenta contra el libre mercado y la competitividad.
La reforma eléctrica de 2013 trajo como consecuencia el debilitamiento de la CFE, casi al grado de su extinción, al convertirla en una empresa fraccionada en nueve subsidiarias y cuatro filiales, sin ninguna interconexión entre ellas. La iniciativa de reforma del Presidente López Obrador propone su integración a la CFE como un organismo de Estado indivisible, responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración para que se garantice la seguridad energética, como condición necesaria de la seguridad nacional, restableciendo un sistema eléctrico que asegure el abastecimiento de energía eléctrica a toda la población y para las actividades económicas por parte de la CFE a precios más bajos, que proteja la economía de las familias y garantice el derecho humano a la vida digna.
Con la reforma de Peña Nieto se favoreció deliberadamente a los empresarios privados, los cuales se han apoderado del 62 % de la generación de energía, mientras la CFE participa solo con un 38%. Antes de esta reforma la CFE producía el 64% de la energía eléctrica y el 36% restante lo hacían los privados.
Este crecimiento exponencial de los privados con el menoscabo en la generación de energía por parte de la CFE encuentra su explicación, a que las empresas privadas en sus cuatro modalidades de generación de energía tienen prioridad en el despacho para inyectar su energía en las redes de transmisión de la CFE, y a esta se le obliga comprar la energía a precios altos y garantizar su pago al 100 % mediante contratos a largo plazo a 25 años; las sociedades de autoabastecimiento de energías limpias (solar y eólica) en manos de monopolios privados reciben subsidios mediante certificados de energía limpia, por los cuales la CFE ha pagado 6 mil 159 millones de pesos; además varias empresas han caído en la ilegalidad al crear un mercado paralelo de electricidad con socios simulados de otras empresas, sin pagar el transporte de la energía (porteo) al utilizar las redes de distribución de la CFE, ni pagan impuestos al comercializar energía. Asimismo, los privados para garantizar la recuperación de su supuesta inversión reciben financiamiento a tasas preferenciales por la Banca de Desarrollo de México, en contraste la CFE que produce el 60% de las energías limpias a través de sus hidroeléctricas, es relegada al no tener prioridad en el despacho de sus centrales eléctricas, ya que primero se prioriza a las energías solar y eólica, razón por la cual solo participa con el 38% de la generación de energía eléctrica, no obstante que tiene una capacidad instalada del 54%.
La reforma eléctrica de López Obrador propone la cancelación de las sociedades de autoabastecimiento, contratos legados, certificados de energía limpia y de las subastas a largo plazo; eliminar la compra forzada de la energía generada por los privados, los subsidios, el financiamiento y el despacho prioritario de los privados.
Se busca revertir los efectos dañinos de la reforma eléctrica de Peña Nieto al sistema eléctrico nacional, rescatar y fortalecer a la CFE con la generación de cuando menos del 54% de la energía eléctrica consumida en el país, ahora con un despacho prioritario, mientras los privados podrán participar con hasta el 46% restante de la energía, la cual venderán a la CFE mediante un mecanismo de adquisición donde se despachará en orden de mérito de costos de producción que les signifique ganancias razonables sin que la población pague tarifas caras con aumentos por abajo de la inflación.
La reforma eléctrica de Peña Nieto es privatizadora, al permitir que grandes monopolios privados y extranjeros acaparen la generación de energía eléctrica, al grado que hoy concentran el 62%, de continuar el mecanismo impuesto por la reforma eléctrica de 2013 se estima que la CFE reduciría su despacho a un 29% y los privados aumentarían a un 71%, y a este ritmo en poco tiempo desaparecería, cumpliéndose el objetivo escondido de la reforma eléctrica de 2013, lo cual dejaría a 46.2 millones de usuarios domésticos a merced de los grandes monopolios privados, quienes tienen como objetivo la maximización de ganancias y no el bienestar social.
Ante esta situación, la reforma eléctrica propuesta por el Presidente establece a la electricidad como área estratégica a cargo del Estado, incorporando la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento como procesos indivisibles. La reforma no significa nacionalizar ninguna empresa ni estatizar la industria eléctrica, ni limitar la inversión privada en el sector, los privados podrán seguir haciendo negocios con ganancias razonables; significa poner orden, arribar a un nuevo sistema eléctrico mexicano en el cual el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la CFE.
La reforma reconoce la transición energética para contribuir a la mitigación del cambio climático, para ello se propone la renovación de centrales hidroeléctricas de la CFE y la construcción de parques fotovoltaicos de gran magnitud. El Estado establecerá la transición energética utilizando todas las fuentes de energía, reduciendo paulatinamente las emisiones de gases con efecto invernadero y contará con políticas científicas, tecnológicas e industriales para impulsar la transición con financiamiento y demanda nacional como palanca de desarrollo. No se cancelarán los permisos para los paneles solares para casa habitación. La reforma propone que el Estado tome la rectoría y control en la transición energética y con ello terminar con los abusos de los privados y por su importancia en la transición no se otorgarán concesiones de litio y demás minerales estratégicos necesarios.
