Por Ricardo Arteaga Anaya
La impunidad en el país ha sido fomentada por los políticos que se reciclan en el poder, cargo tras cargo y sexenio tras sexenio, gracias a que los partidos los impulsan proceso electoral tras proceso. Se han convertido en centros donde los grupos políticos se hacen de las dirigencias para controlar y manipular la elección de candidatos para beneficio propio y así lograr su permanencia en el poder.
A nivel nacional esto le ha costado a los mexicanos en muchos aspectos, una deuda que pareciera impagable y una crisis institucional y económica que hasta el momento ha sido muy compleja de resolver para el gobierno de la cuarta transformación, la lucha contra la corrupción se inició desde el interior de la administración pública, sin que a tres años de la administración pueda cantarse victoria, la lucha para terminar con los cotos de poder y las redes de corrupción continúa y en muchos Estados, ni siquiera se ha comenzado.
En Zacatecas la situación es similar a la que se recibió en el gobierno federal, las crisis institucional, económica y financiera que se viven, son derivadas de una clase política incapaz, corrupta e insensible para con las necesidades de los zacatecanos que se han reciclado en el poder sexenio tras sexenio, incluso algunos se han colado sin ningún problema en la nueva gobernanza, administración que prometía ni los mismos, ni cuotas ni cuates.
El Estado llegó a superar la deuda de los siete mil millones de pesos sin ninguna justificación ni explicación, aún así y a pesar de los señalamientos del entonces candidato de la coalición juntos haciendo historia y ahora gobernador, sobre la corrupción y malos manejos de las finanzas estatales, el encargado de las finanzas durante dos sexenios, logró colarse como candidato de la misma coalición, al parecer por algún acuerdo con el candidato estatal.
Mientras nuestra clase política realiza sus acuerdos en lo oscurito repartiéndose candidaturas y espacios dentro de la administración pública, los zacatecanos pagamos los platos rotos de una clase política que ha buscado el beneficio propio, enriqueciéndose y beneficiándose a costa del pueblo. Somos los ciudadanos quienes tendremos que cargar con el peso de las decisiones tomadas desde el poder, si no hay recurso, según señala el gobierno del Estado, para terminar el año, que los zacatecanos paguen el plato roto lanzando nuevas placas y cobrando por adelantado los derechos de años posteriores.
Si bien, por el momento no pueden llevarse a cabo muchas acciones para resolver la situación, pueden planearse acciones para el próximo año, como por ejemplo, incluir en el paquete económico que será entregado en las siguientes semanas al Congreso del Estado, una reducción o incluso la eliminación del financiamiento a los partidos políticos para años no electorales, esto no solamente como medida para destinar cientos de millones de pesos al saneamiento de las finanzas públicas estatales, sino también como una sanción por no haber realizado procedimientos transparentes o por no establecer métodos democráticos para la elección de sus candidatos y por ende, representantes populares durante los últimos 20 años honestos.
Si los partidos políticos han sido los verdaderos culpables de la crisis que hoy vivimos los zacatecanos, deberían ser estos los que paguen los platos rotos y no la ciudadanía, deberían ser estos los que pierdan millones de pesos en recurso para ser destinado a un rescate financiero de Zacatecas, a la par, nuestros legisladores podrían impulsar reformas a diversas leyes para establecer una responsabilidad subsidiaria a los partidos políticos, para que estos respondan por sus políticos una vez que una autoridad judicial dicte sentencia cuando uno emanado de sus filas, cometa algún acto contra la administración pública, cubriendo el 50% del daño ocasionado al erario.
Que sean los partidos los que paguen los años y años de corruptelas y malos manejos y no los zacatecanos.