Por Ulises Mejía Haro
Desde la toma de protesta como Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador propuso dos reformas constitucionales, hoy aprobadas: la Eliminación del Fuero Presidencial para que al Presidente no solo se le pueda juzgar por traición a la patria, sino también por otros delitos por los que se enjuicia a cualquier ciudadano, como son la corrupción y los delitos electorales; la Revocación del Mandato, ésta última como un procedimiento de democracia participativa, con la idea de que el pueblo es soberano, que el pueblo “pone y quita” y siempre debe mantener en sus manos las riendas del poder. Con esta reforma, en lo sucesivo nadie podrá confiar que fue electo por seis años y aunque realice un mal gobierno y el pueblo lo rechace, se le tiene que soportar hasta el final de su periodo, aún con todo el daño que pueda causar a la vida pública. Institucionalizar este ejercicio de democracia participativa como un derecho de la ciudadanía de evaluación del desempeño de los gobernantes a la mitad de su mandato como Presidente (a), gobernador (a), alcalde o alcaldesa dará como fruto mejores gobiernos y menos corrupción, ya que de lo contrario serán revocados. Se abatirá el cáncer más agresivo en el país, la corrupción, que ha invadido tanto a las esferas públicas como las privadas, a los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes.
México es grande y se mantiene de pie, no obstante, los saqueos, fraudes y privatizaciones de bienes públicos entregados a los privados por los gobiernos neoliberales de los últimos 36 años. Quién no recuerda el fraude más grande cometido en contra de la economía del país y de los mexicanos al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo, luego del mentado “error de diciembre de 1994”, donde se rescataron con recursos del Estado mexicano a los dueños de los bancos mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que a 26 años de haberse instrumentado se han pagado en intereses una cantidad mayor al adeudo inicial de 521,000 millones de pesos y que en el 2020 se pagaron por esta deuda 43,000 millones de pesos y se seguirá pagando por 50 años más.
También recordamos el fraude por el Pemexgate en el año 2000, donde se utilizaron recursos de Pemex (1,400 millones de pesos) para financiar la campaña a la presidencia de un candidato del PRI y en ese mismo año el caso Amigos de Fox, donde grandes empresarios nacionales y extranjeros de manera ilegal financiaron la campaña a la presidencia de Fox, seguramente a cambio de seguir haciendo grandes negocios con el gobierno. En el sexenio pasado están los casos de la Estafa Maestra donde se desviaron 7,670 millones de pesos a través de 11 dependencias federales que triangularon los recursos con contratos ilegales a 128 empresas fantasma y ocho universidades públicas que recibían a cambio una comisión. También está el caso Odebrecht, empresa brasileña que pagó más de 10.5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios como Emilio Lozoya, exdirector de Pemex a cambio de obtener mega contratos en obras como fue la construcción de la segunda etapa del gasoducto “Los Ramones” que va desde San Luis Potosí a Nuevo León, o el complejo Petroquímica Etileno en Coatzacoalcos, Veracruz.
Tan grave está la corrupción, que en el discurso de toma de protesta como Presidente de México, López Obrador dijo, si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo “acabar con la corrupción y con la impunidad”. Al leer el libro “A La Mitad del Camino”, el Presidente nos deja claro porqué emitió esa frase en su toma de protesta, al explicar del como la corrupción creció de manera galopante en los gobiernos neoliberales, donde las privatizaciones son sinónimo de corrupción, entre los ejemplos que relata están: los contratos leoninos y abusivos firmados por el gobierno con los privados con altas tarifas por la renta de siete gasoductos para el servicio de transporte de gas natural a empresas trasnacionales a las cuales el Presidente obligó la renegociación, logrando ahorros por 3,500 millones de pesos anuales.
Otro ejemplo son las cárceles de lujo con jugosas ganancias de empresas privadas, mediante contratos abusivos firmados por el gobierno de Calderón con empresas privadas ligadas a políticos para la construcción y operación de ocho reclusorios, los cuales representaban un gasto por 288,000 millones de pesos que debía pagar el Gobierno en 22 años por la prestación de servicios, lo que equivale a un costo por recluso de 4,336 pesos diarios “como si fuera el pago de un hotel de 5 estrellas”, se obligó a la renegociación y tan solo en lo que va de la actual administración los ahorros son 10,782 millones de pesos.
Finalmente, otro ejemplo fue la red de corrupción en la adquisición de medicinas, donde solo 10 empresas acaparaban el 79.6% del gasto en medicamentos, hablamos de un gasto total de 241,000 millones de pesos. En un esfuerzo de diversificar las adquisiciones de medicinas se llevaron a cabo compras consolidadas con la colaboración de la Organización de las Naciones Unidas, con el beneficio de comprar de manera eficiente los medicamentos de calidad, sin sobreprecios; generando ahorros a la fecha por 18,919 millones de pesos, solo por el hecho de abrir el mercado a la participación de 244 empresas con registro sanitario de ocho países.
