Por Andrés Vera Díaz
Bienvenido Ernesto González Romo, al veto y la estigmatización ante la evidencia y la crítica por la conducción política retorcida de la estirpe pública en Zacatecas.
Si bien, quien redacta no tiene una coincidencia plena e inclusive, posturas antagónicas con el diputado, se debe reconocer que la exhibición de una serie de documentos que involucran derroche y un esquema de simulación para comprobar gastos de servicios profesionales en el Congreso del Estado, va en un sentido amplio para demostrar los abusos que comete la clase política en la entidad.
Por los menos veinticinco diputados de la LXIII Legislatura gastaron hasta 649 mil pesos por nueve iniciativas, entre éstas, cinco puntos de acuerdo (llamados a misa) en una sola factura. Con solamente documentos correspondientes a tres meses, se demostró que las y los legisladores derrochaban a manos llenas con el uso de 15 empresas y personas físicas que se entre mezclaban en la comprobación de los recursos para los capítulos 1000 y 3000 del Presupuesto asignado para cada año.
Las facturas que comprueban el derroche son escandalosas, sobre todo para el pago de asesorías por ejemplo hacia Luis Cuauhtémoc Palestina Flores, “asesor legislativo” tanto de la actual Secretaria de Gobierno y entonces diputada local Gabriela Pinedo, Héctor Menchaca y Jesús Padilla (quien además era usado para descalificaren redes sociales a periodistas críticos de los “legisladores” en mención). Palestina fue reconocido por Padilla (hoy actual Secretario del Campo) como parte de un equipo que elaboraba “puntos de acuerdo” que en realidad son posicionamientos o exhortos de temas políticos o administrativos cuya elaboración no tardan más de dos horas en realizarse con datos de acceso público.
El esquema de triangulación inclusive, se conforma de “suscripciones” a este tipo de iniciativas o inclusive, a reformas legales o creación de leyes y se presentaban como trabajos de carácter “independiente” para poder ”justificar” el mismo trabajo pero hasta con tres facturas diferentes. Con razón l@s diputad@s habían modificado la Ley Orgánica del Congreso para poder “anexarse” a otras iniciativas y cuya práctica es común, en muchas ocasiones, disfrazadas de “empatía” o “solidaridad” con una causa.
Sin embargo, la cloaca que podría haber tenido el costo (si es que logramos obtener el total de gastos por servicios profesionales de 3 años de Legislatura), podría ascender a 194 millones de pesos, puesto que con algunas facturas por tan sólo un mes de “servicio” de 649 mil pesos, a 12 meses por 25 diputados, daría esa cantidad en total. Aunque no todos gastaron esa cantidad mes con mes, la “posibilidad” de que así pudo darse de acuerdo a la documentación era factible y eso exhibe también el descontrol y la “necesidad” de justificar el gasto. Inclusive, los propios contadores de la Legislatura promueven que los y las diputadas comprueben todo el recurso al que tienen acceso; es decir, deben dar por erogado la totalidad del presupuesto que se les asigna cada año con la finalidad de que no se les recorte al siguiente y eso, pues levanta sospechas fundadas. ¿Existe toda una red de complicidad y moches en el Congreso en el que participan los “representantes populares”, administrativos y secretarios técnicos?. La profundidad debe hacerse patente, pero, ¿en verdad la propia Auditoría Superior del Estado, dependiente del Congreso, querrá entrarle al tema?. Lo dudo muchísimo. Para 2021, el Poder Legislativo obtuvo un presupuesto de 472 millones 618 mil 724 pesos; si cada diputado podía disponer de 649 mil pesos por “servicios profesionales”, por 12 meses, por 30 diputados, quiere decir que 233 millones, 640 mil pesos serían para tal rubro.
Lo que llama poderosamente la atención es la declaración del diputado González, pues afirma, la red de factureros pedía un porcentaje de “comisión” de hasta el 10 por ciento para posteriormente, regresar en efectivo el restante 90 a l@s diputada@s. Hipotéticamente podemos advertir entonces, que cada uno, pudo embolsarse hasta 584 mil pesos mensuales más su dieta, gastos de representación y viáticos. Con razón los automóviles lujosos de un mes a otro, las cirugías plásticas, la ropa de marca y los viajes extravagantes.
El escándalo que involucra a representantes tanto de Morena, PT, PES, PRI, PAN, PVEM ha dejado además, una evidencia sistemática de que la red de empresas en la que los 25 diputad@s participaban (que curioso), formaba parte de una conexión informativa para justificar la erogación de millonarios recursos. En la corrupción unidos, en los posicionamientos políticos antagónicos, deja más que claro, que existe una gran simulación política y colusión para participar de forma casi unánime, en un ejercicio de derroche y corrupción implícitamente admitida y participante.
Desde el esposo de Noemí Luna, (panistas de los denominados “puros”), así como otros tres blanzuiqzules, dos de los cuáles son nuevamente miembros en la LXIV Legislatura como Karla Valdés y Guadalupe Correa; hasta la izquierda “transformadora” como Lolo Hernández y Gabriela Pinedo, quedan registrados otros nombres que están en el actual gabinete de David Monreal. Susana Rodríguez del Verde (actual Secretaria de Medio Ambiente y que como presidenta de la Comisión de Régimen Interno en la pasada Legislatura aprobaba dichos gastos), Jesús Padilla (Secretario del Campo), la Secretaria de Gobierno y Héctor Menchaca, director de Catastro en Finanzas del Estado, están en la lista de los diputados factureros, Bendita nueva gobernanza.
Omar Carrera, quien se ha quejado de “irregularidades” en la compra del edificio de Morena como “defensor de la honestidad”, también aparece como diputado de la anterior Legislatura que usó dichos RFC´s para justificar un trabajo legislativo mediocre y hasta refriteando iniciativas de manera textual que fueron elaboradas en la LXI. Sin embargo y a todo esto, aún y se atrevían a hacer campaña a favor del ahora “gobernador” utilizando la bandera de la lucha anticorrupción. Inclusive, hasta se presenta como uno de los posibles sucesores de Fernando Arteaga. Sí, quien permitió que su asistente cobre en tres nóminas diferentes se da aires de pulcritud.
Según el Reglamento para el Control y Ejercicio del Presupuesto de la Legislatura del Estado de Zacatecas publicado en el Periódico Oficial el 9 de julio del 2014, y cuya validez inicio el 30 de junio del mismo año, los diputados de la LXI Legislatura, se aprobaba el documento que debería llevar un sentido importante de señalar que el ejercicio del gasto público asignado debía sujetarse a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, austeridad, racionalidad, legalidad, responsabilidad y ética. Sin embargo, dicha Legislatura aún utilizaba las llamadas “herramientas legislativas”, recurso de hasta 200 mil pesos mensuales por diputad@ para supuestamente, ejercer su labor legislativa, aunque la práctica real era también embolsarse el recurso mediante la comprobación (en la mayoría de casos), con falsificación de documentos, como es de conocimiento entre pasillos. A raíz de la sacudida en el caso promovida por Luis Medina Lizalde, un gran escándalo se registró en los medios informativos, derivándose la “cancelación” de dicha partida en la misma Legislatura. Sin embargo, fue ya en la LXIII Legislatura, cuándo el recurso fue destinado a capítulos mil y tres mil, con el que podrían erogar en base a “servicios profesionales”. Inclusive, fue el propio Omar Carrera, quien “denunciara” la intentona de que la Comisión legislativa de Planeación, Patrimonio y Finanzas (PPF) que presidía el petista Lolo Hernández, así como la de Régimen Interno y Concentración Política (CRIyCP), que encabezaba su compañero de partido, Jesús Padilla reasignaron recursos que serían destinados a honorarios de asistentes, Viáticos, Gastos de representación, Asesorías, Gastos de orden social. Todo quedó en una semana mediática, al final, Carrera también uso el esquema de facturación para “comprobar” gastos. Simulación al máximo, bueno, es Omar. Pero además, Mónica Borrego, involucrada en otros dos escándalos de “bisne” como diputada (venta de cobijas y el caso de las casas mazapán), intentó reactivar las herramientas legislativas en 2018, cuándo ella misma había sido parte de la votación para “eliminarlas”. Ahora, Borrego de igual manera, es parte de la lista de 25 diputados que utilizaron los RFC´s.
Y bueno, a todo esto, ¿cuál es la correspondencia política del caso?. Resulta por demás extraño que apenas hace algunas semanas, el propio Ernesto González arremetía y reproducía el mensaje del “coordinador” de prensa de la “nueva gobernanza” que daba a conocer los gastos onerosos del gobierno estatal con algunos medios de comunicación. La idea era sostener el discurso de austeridad de la mal llamada 4T zacatecana y darle la vuelta a la procrastinación por la insulsa gestión de David Monreal para el pago de la nómina magisterial y burocrática. Sin embargo, en las vueltas tan radicales que tiene la política local (más allá de candidatos “reconvertidos”), ahora González debe solicitar el apoyo de la prensa para difundir la información del derroche aplicado en el Congreso, pero lo más curioso, es que los propios medios monrealizados, que dieron rienda suelta a “informar” sobre los convenios exacerbados, ahora atiendan al llamado a un silencio sepulcral, porque un propio diputado asociado a la marca, exhibe a legisladores socios, aliados y herederos de puestos en el gabinete estatal.
Entonces, ¿en realidad la “nueva gobernanza” va en consonancia para luchar contra la corrupción?. De ser así, los cuatros funcionarios ligados a la red de factureras deberían renunciar, pero ni siquiera David se ha pronunciado al respecto. Si en todo caso, es González quien lleva la rienda de “limpiar” la vida pública estatal, ¿porqué exhibir documentación en la que afecta directamente a sus compañeros, partido e inclusive, a sus propios “jefes” en el Senado?. Una investigación retrospectiva podría también afectar a Soledad Luévano que fue parte de la LXI Legislatura como diputada de MC. Si el plan de Ricardo es ir “incorporando” cuadros al partido naranja, ¿cómo sostener esa estrategia?.
Sin embargo, la moneda al aire ha sido la apuesta y el control de daños, iría en un sentido de colocar en la balanza el nivel de afectación, pues es demasiado curioso, que sean “diputad@s” de Morena lo que llame singularmente la atención, pero sobre todo, porque están ligados al grupo “davidista-veroniqusta” (por aquellos del amasiato político entre “gobernador” y “superdelegada”), que a quienes tienen más correlación con los grupos del propio Ricardo (a excepción de Padilla) y de Norma Julieta del Río.
Se lo comentaba en una columna, la identificación y amarre de filas de dos grupos monrealistas está en cierne; uno encabezado por Verónica Díaz y el otro al parecer ya, por el propio Senador y la comisionada del Inai, con sus respectivos tentáculos en alcaldías y cargos en el gobierno “transparente, honesto y transformador”. Sin duda, González no llevó a cabo la denuncia con libre albedrío, con una identificación mas proclive al “ricardismo”, el asesor de Soledad ha emitido un duro mensaje al propio “gobernador” y la “superdelegada”. La repartición de cargos en el gobierno dejó limitados tanto al coordinador de Senadores como a la propia promotora de “transparencia”, lo que copta sus aspiraciones futuras, el moldeo de candidaturas para 2024 y el lucrativo juego de la obtención de cargos como moneda de cambio, pedimento de cuotas y negociación política.
Por lo pronto, la cloaca ha sido destapada, y mientras el golpe afecta con mayor fuerza al propio monrealismo, también salieron duramente salpicados partidos y personajes de la ahora “oposición”, esa que lleva dos día en sepulcral silencio, con la misma insulsa estrategia de parecer ciudadano de a pie, con el pose en redes característico de quien necesita empatía para llevar agua a su molino. Ni Claudia Anaya se ha pronunciado, mientras la Senadora pudo colocar una que otra pieza en municipios, ¿qué más importa ya?.
PD: Se pasaron por el arco del triunfo el Reglamento para el Control y Ejercicio del Presupuesto de la Legislatura del Estado de Zacatecas; el Manual de Normas y Políticas del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, la Ley de Transparencia; el Instituto de Estudios Legislativos y abusaron del derecho a tener un asesor técnico pagado por el propio Congreso. ¿Estas no son infamias?.
