Por Ulises Mejía Haro
El pasado 30 de septiembre el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados federal una iniciativa de reforma en materia eléctrica a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el propósito de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que ésta produzca y tenga un despacho (autorización del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE para que una central eléctrica inyecte su generación de energía en las redes para su comercialización) al menos el 54% de la electricidad consumida en el país y las empresas privadas lo hagan hasta en el 46% restante; ya que la reforma eléctrica de 2013 de Peña Nieto favoreció a los privados que se han apoderado del 62 % de la generación de energía, mientras la CFE participa solo con un 38%. Antes de la reforma, la CFE producía el 64% de la energía y el 36% restante lo hacían los privados.
Como era de esperarse las grandes empresas privadas nacionales y del extranjero, las cámaras empresariales, industriales y de la transformación, el Consejo Coordinador Empresarial y los partidos de oposición pusieron el grito en el cielo, arguyendo que la reforma propuesta iba en contra de la inversión privada nacional y extranjera en el sector eléctrico, que subirían las tarifas de la energía eléctrica, que limitaría el desarrollo de las energías limpias y que atenta contra el libre mercado y la competitividad.
Al consultar la iniciativa de reforma eléctrica publicada el pasado 1 de octubre en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados se constata en su Exposición de Motivos y articulado, lo que el Presidente en sus “mañaneras” ha insistido, que la reforma no significa nacionalizar ninguna empresa ni estatizar la industria eléctrica, ni limitar la inversión privada en el sector, los privados podrán seguir haciendo negocios con ganancias razonables; significa poner orden, arribar a un nuevo sistema eléctrico mexicano en el cual el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la CFE, la cual se convierte en un organismo de Estado, responsable de su planeación y control, autónomo en el ejercicio de sus funciones y administración para que se garantice la seguridad energética, como condición necesaria de la seguridad nacional, restableciendo un sistema eléctrico comprometido con el pueblo de México que asegure el abastecimiento de energía eléctrica a toda la población y para las actividades económicas por parte de la CFE a precios más bajos, que proteja la economía de las familias y garantice el derecho humano a la vida digna.
La iniciativa de reforma tiene como propósito revertir disposiciones de la reforma eléctrica de 2013 que favorecieron de manera deliberada a las empresas privadas en la generación de energía eléctrica, como lo podemos observar en sus cuatro modalidades: 1) Productores Independientes que concentran el 31% de la energía generada, a los cuales se obliga a la CFE a comprar su energía y garantizar el pago de toda su capacidad mediante contratos a largo plazo por 25 años, asegurándoles con ello la recuperación de su inversión; 2) Sociedades de Autoabastecimiento que concentran el 12% de la energía generada en manos de monopolios privados, con despacho prioritario y subsidio en el transporte de energía; 3) Centrales Eléctricas construidas después de la reforma eléctrica de 2013 que concentran el 15% de la generación de electricidad, con despacho prioritario por ser renovables; 4) Subastas a Largo Plazo con generación del 4%, subsidiadas a 20 años y despacho asegurado al 100%.
Como vemos, la participación privada concentra en sus cuatro modalidades el 62% de la generación de energía eléctrica con despacho prioritario, recuperación de inversión, subsidios y financiamiento a tasas preferenciales por la Banca de Desarrollo de México y con recursos de AFORES; mientras la CFE al no tener prioridad en el despacho de sus centrales eléctricas solo participa con el 38% de la generación de energía eléctrica, a pesar de que tiene una capacidad instalada del 54%; situación que debilita sus finanzas, ya que al no tener despacho prioritario para cumplir con los contratos de largo plazo que le obliga a entregar energía “que no tiene” a su Subsidiaria CFE Suministro Básico para atender a 46.2 millones de usuarios, se ve forzada en comprar dicha energía a los privados en subastas de largo plazo, la mayoría renovables a precios elevados, sufriendo pérdidas anuales por el orden de los 223 mil millones de pesos. Todo lo anterior es un verdadero abuso de parte de los particulares en la generación de energía, por ello se propone eliminar sus cuatro modalidades.
De continuar el mecanismo impuesto por la reforma eléctrica de 2013 se estima que la CFE reduciría su despacho a un 29% y los privados aumentarían a un 71%, y a este ritmo en poco tiempo desaparecería, cumpliéndose el objetivo escondido de la reforma eléctrica de 2013, lo cual dejaría a 43 millones de usuarios domésticos a merced de los grandes monopolios privados, quienes tienen como objetivo la maximización de ganancias y la recuperación a corto plazo de sus inversiones y no el bienestar social.
Ante esta situación, la reforma eléctrica propuesta establece a la electricidad como área estratégica a cargo del Estado, incorporando la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento como procesos indivisibles. La CFE generará por lo menos el 54% del consumo eléctrico nacional y las actuales inversiones en generación eléctricas podrán participar hasta en un 46%, sujetas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional a través de la CFE. Este 46% se incorporará mediante un mecanismo de adquisición por parte de la CFE donde se despachará en orden de mérito de costos de producción.
La reforma reconoce la Transición Energética para contribuir a la mitigación del cambio climático, para ello se propone la renovación de centrales hidroeléctricas de la CFE y la construcción de parques fotovoltaicos de gran magnitud. El Estado establecerá la Transición Energética utilizando todas las fuentes de energía, reduciendo paulatinamente las emisiones de gases con efecto invernadero y contará con políticas científicas, tecnológicas e industriales para impulsar la transición con financiamiento y demanda nacional como palanca de desarrollo. Otro negocio de los privados que se cancelaría son los Certificados de Energías Limpias, los cuales reciben al cumplir con un 10.9% mínimo de energías limpias inyectadas y que por este concepto la CFE ha pagado 6,159 millones de pesos, adicionales a su venta de energía. La reforma propone que el Estado tome la rectoría y control en la Transición Energética y con ello terminar con los abusos de los privados y por su importancia en la transición no se otorgarán concesiones de litio y demás minerales estratégicos necesarios.