CdMx.- Un amplio informe de México Evalúa, que revisa la información oficial sobre el trabajo de las fiscalías y jueces en 2020, arroja un dato estremecedor: un 94,8% de los delitos no ve una salida. Ni una sentencia, pero tampoco un acuerdo entre las partes, ni reparación del daño, en muchos casos ni llegan a juicio y quedan varados en el archivo temporal.
La cifra ha aumentado desde 2019, que ya manejaba un 92,4%. La impunidad crece con unas fiscalías asfixiadas por el número de carpetas y alimenta la seguridad de que matar, extorsionar, secuestrar o desaparecer en México sale prácticamente gratis.
La coordinadora del informe, Chrístel Rosales, explica que el principal problema que ha impedido resolver el lastre de la impunidad es que en los Ministerios Públicos no existe un protocolo de priorización de casos. El escaso presupuesto no se maneja de forma eficiente y se atiende la cascada de denuncias sin ningún orden.
Según sus estudios, al menos un 30% de los delitos se podrían haber desahogado por la justicia alterna, pero no existe apenas ese filtro. “Le dan la misma prioridad a una desaparición u homicidio que a un robo menor”, explica. La falta de visión estratégica en política criminal, cuenta la investigadora, provoca que solo uno de cada dos casos reciba algún tipo de respuesta de la fiscalía, y de los que lo hacen, un 60% son archivados. “En algunos delitos como tortura o desaparición, la impunidad roza el 100%”, agrega.
El documento alerta sobre el colapso de los agentes investigadores. En promedio, los fiscales inician por persona 145 carpetas al año, pero hay casos como el de Nuevo León, donde esta cifra asciende a 456 investigaciones por fiscal; o Sonora, con 326. Y no solo los ministerios públicos se encuentran rebasados, también los peritos —el personal científico encargado de aportar elementos técnicos a la investigación—.
A nivel federal, cada técnico atiende al menos 160 solicitudes de análisis pericial o estudios, pero a nivel local, más de 448. Las cifras desvelan que por tanto, del total de dictámenes solicitados, los peritos atienden menos del 4%. “Esto provoca que los casos no llegan a ser judicializables, no solo por la carga de trabajo, sino por falta de elementos de prueba”, explica Rosales. Otra de las deficiencias del sistema es la falta de jueces. México cuenta con algo más de cuatro por cada 100.000 habitantes. En Colombia la cifra es mucho mayor, 12; y Costa Rica, el país latinoamericano con menor tasa de impunidad, 26.
La investigación revisa la implantación del nuevo modelo de justicia penal, que se instaló definitivamente en 2016 y que pasó de un modelo “inquisitorio” a uno acorde con los derechos humanos, donde se respeta la presunción de inocencia. Hasta ese año, México mantenía un esquema prácticamente medieval, donde la fiscalía tenía todos los instrumentos y no había un debate en el juicio. Antes, el inculpado tenía que probar que era inocente. “Lo que observamos después de cinco años es que se mantienen muchas malas prácticas del anterior sistema, que terminan por frenar el avance de los casos. No es un problema del diseño del sistema, sino de operación”, añade Rosales.
El informe alerta de un aumento de la prisión preventiva de un 21% en el último año. Una herramienta que da 24 meses de margen a las fiscalías para engrosar las carpetas de investigación, pero que se buscaba evitar con el nuevo sistema penal pues las cárceles estaban llenas de gente inocente.
El documento advierte además del abuso del procedimiento abreviado —un mecanismo mediante el cual un acusado se declara rápidamente culpable sin necesidad de juicio y a cambio obtiene una rebaja de su condena— que ha crecido en un 16%.
Con información de El País