Por Andrés Vera Díaz
La disminución en la partida presupuestal a las entidades federativas ha sido el común denominador desde que AMLO arribó a la presidencia, con bemoles como ocurre en el PEF2022 dónde la Ciudad de México y el Edomex son beneficiados (y el mensaje no es peccata minuta), los recortes se han direccionado a las prioridades inherentes de la 4T.
Programas federales, paliativos en esencia, junto a su respectiva operatividad electoral beneficiaron el triunfo de Morena en los estados donde hubo elecciones el pasado 6 de junio, en esta bolsa de victorias se incluye Zacatecas y la “nueva gobernanza” que sigue sin tener Secretari@ de Gobierno. Vaya contradicciones.
No solamente la contracción monetaria es una constante en la política de austeridad desde Palacio Nacional, sino la exigencia a que sean los estados contribuyentes eficaces para la aportación a programas sociales y ese fue un mensaje contundente del Presidente de la República tras la primera reunión que sostuviera el mandatario con los gobernadores electos. En ese tenor David no “socializó” el principal mensaje del gobierno federal. Curioso ¿no?.
La punta de mayor contradicción la encontramos en la eliminación del fracasado Crédito Ganadero a la Palabra, (esos programas de tinte protagonista para mantener vigencia política – electoral), cuyo regalo de la 4T al monrealismo fue “trabajado” de forma infame, minado desde su concepción, operatividad y transparencia del gasto. Lo extraño es que ahora con estos llamados a flanquear un frente común por el presupuesto a iniciativa de Soledad Luévano, no tuvo resonancia cuándo el Crédito Ganadero fue reducido apenas al segundo año de existencia en un 75%, y para el tercero simplemente fue erradicado bajo la voz del propio Secretario de Agricultura. Villalobos declaró que el programa tenía serias deficiencias e irregularidades.
En ese entonces, las declaraciones vociferantes de la marca (Luévano y sus lacayos), justificaban la total eliminación del programa derivado de la contingencia por Covid-19 y la prioridad del gobierno por atender con recursos. Sin embargo, esa lógica tiene su consecuencia directa hasta la fecha porque la reducción del PIB y por ende, las aportaciones estatales a la Federación contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal no da para retributar presupuesto a los estados a manos llenas.
Parece ser que de ahí proviene la nueva iniciativa de Luévano para eliminar el comercio informal. Se trata de incorporar al sistema de recaudación a quienes no contribuyen formalmente con el pago de impuestos, pero tampoco se advierte que existe aún gran morosidad por parte de grandes empresas para hacer efectivo el pago de sus cargas tributarias. Entonces regresamos prácticamente al mismo punto esencial que se exhibe en la Reforma al Issstezac: que paguen los pobres. Vaya contrariedad al axioma máximo de la 4T.
Aunque de fondo pudiera tener un carácter vinculante el ordenamiento de la informalidad comercial, los mecanismos técnicos para la cobranza y el fincamiento de créditos fiscales no tienen capacidad. Lo vemos inclusive en la cobranza del predial por ejemplo. Donde ayuntamientos ni siquiera pueden delinear un cobro progresivo en base al valor de la propiedad o de igual forma, el pago de favores políticos y corrupción impiden una recaudación efectiva. ¿Cómo cobrarles a los informales con ayuda de estados y municipios si se condiciona y corrompe a propios o extraños para abonar capitales políticos?. Ya lo hemos visto con los programas sociales en Zacatecas, dónde inclusive se les cobra moche a beneficiarios y hasta a los servidores de la nación. De este tema hemos dado cuenta en periometro.mx y siguen impunes, hasta cobrando los involucrados. Algunos se les premia con Secretarías. Espejitos de Luévano y la Nueva Gobernanza.
Por eso, el enfrentamiento de la seudosenadora es risible y de poca monta. Esa “visión” para la exigencia de recursos no tiene otra arista que el pago de favores electorales, de lo contrario, en esa perspectiva “de estado”, desde cuándo hubiera pugnado por el incremento de las participaciones. Lo más detestable, es que ella votó a favor de la eliminación del Fondo Minero. Debe ser por eso que fiel a su estilo, no otorga ruedas de prensa. La limitante es vociferar en redes como una defensora de la legalidad, la justicia y la equidad presupuestal. Falsedad a todas luces.
Las pifias de la “legisladora” se añaden a pasadas como esa intentona de eliminar la separación Iglesia-Estado. La “senadora” de Morena por Zacatecas presentó en 2019 una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que las Iglesias tengan más facultades de colaboración con el Estado. La intención, dotar de simpatías clericales en un país con mayoría católica y bajo el resguardo de la iconografía religiosa fresnillense. Esa búsqueda de simpatizar con la fe ya sea de forma icónica o legal. Ahora se entiende el logotipo de la “nueva gobernanza”, una cruz destaca entre elementos efímeros.
En fin, Soledad (quién no ha rendido informes legislativos que por Ley deben hacerse), y cuya retórica de productividad senatorial es falsa, pues basta analizar cuántas iniciativas ha presentado en 3 años (sin contar las suscripciones a otras, porque eso no es productividad individual), deja a deber trabajo en relación al salario que percibe. Su única función es colocar cortinas de humo y la más reciente es conformar lo que nunca ha gestionado. David no podrá cumplir compromisos de campaña ni pagar favores políticos o de contribuciones. He ahí la verdad, el trasfondo de la nueva embestida de Luévano que además, pretende reelegirse seis años más a costa del erario.
Pásele a ver el circo de la nueva gobernanza.