Por Ulises Mejía Haro
El pasado 1 de septiembre el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su discurso del Tercer Informe de Gobierno destacó que la Cuarta Transformación Política de México tiene cimentadas sus bases al combatir frontalmente la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias, reiterando su compromiso hecho con el pueblo de México en su toma de protesta el 1 de diciembre de 2018, donde se comprometió a convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. La corrupción y la impunidad son el cáncer más agresivo que invade a las esferas públicas y privadas, que corroen la economía, la inversión, educación, salud, la infraestructura y el bienestar social, generan pobreza, desigualdad social y son causa de la violencia e inseguridad.
La Cuarta Transformación tiene como principios rectores el “No Robar, No Mentir y no Traicionar al Pueblo”, pero su plena consolidación no depende de un solo hombre, es tarea de todos, de los tres poderes y de los órdenes de gobierno y de la sociedad en su conjunto; desterrar y sepultar para siempre con hechos y no solo en el discurso la corrupción y la impunidad es un gran reto ante la persistencia de actos de simulación y omisión de algunos gobernantes y funcionarios públicos, de allí la importancia de la denuncia pública ciudadana.
AMLO no ha quitado el dedo del renglón en esta materia, impulsa a través de las instancias como la Fiscalía General de la República, La Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributario la lucha contra la corrupción y la impunidad, como ejemplos se encuentran: el combate al robo de gasolinas y diésel “huachicol”, los avances importantes inclusive con personajes en la cárcel por actos de corrupción en los casos Odebrecht, estafa maestra, ex gobernadores y exfuncionarios de los últimos dos sexenios, entre otros.
También terminó con la condonación de impuestos millonarios a los grandes monopolios, el combate a la defraudación fiscal y disminución de convenios de publicidad con monopolios de televisoras, radio y medios escritos; el combate a actos de corrupción y de tráfico de influencias en programas de gobierno, compras, obras, contratos leoninos, fideicomisos y fondos carentes de transparencia y de honestidad; terminó con las grandes bolsas de dinero que hacían a través de recortes y reasignaciones los diputados a la hora de aprobar del presupuesto (PEF), las cuales se repartían y se ejercían de manera discrecional y con opacidad.
Su política de austeridad republicana y combate a la corrupción está rindiendo frutos, ha generado en lo que va de su gobierno ahorros de un billón 400 mil millones de pesos, lo que ha permitido reorientarlos a los programas sociales para el Bienestar. No obstante, a esta política que impulsa el Presidente, todavía persisten actos de corrupción y hay reticencias y simulación de gobernantes, legisladores y funcionarios de los tres poderes y órdenes de gobierno reacios a abatir el gasto corriente, los lujos, el gasto suntuoso y no productivo o sujetarse a la regulación de salarios, donde la máxima es “Nadie puede ganar más que el Presidente”.
La pandemia de COVID-19 fue una imponderable que afectó a la salud pública y a los gobiernos federal, estales y municipales, a los diferentes sectores de la sociedad, en su economía o productividad, al empleo, educación y al bienestar de las familias; se tuvieron que reorientar miles de millones de pesos para atender esta contingencia sanitaria en la compra de vacunas, reconversión de hospitales, contratación de personal médico, entre otros. Pero ya se aprecia la luz al final del túnel, sin triunfalismos se puede decir que actualmente una gran cantidad de estados, incluyendo Zacatecas están en semáforo epidemiológico amarillo, es decir están bajando el número de contagios y de mortalidad, gracias a que la ciudadanía está atendiendo las medidas preventivas recomendadas por las autoridades de salud y al avance en la vacunación; hasta el 10 de septiembre se reportan cerca de 60 millones de personas adultas que han recibido alguna de las vacunas y de estas el 62 % bajo un esquema completo.
No obstante, la crisis económica por la pandemia, la economía y el empleo se están recuperando, las remesas de nuestros migrantes y los apoyos de los programas para el Bienestar (Adultos Mayores, Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando Vida, Becas Benito Juárez) palearon sus efectos y se evitó caer en crisis alimentaria.
Hoy se avizoran mejores horizontes, los pronósticos de crecimiento económico del país para este año de acuerdo a especialistas del sector privado consultados por el Banco de México son de un 6.18 por ciento, superando el 5 por ciento de crecimiento anual que durante 40 años se mantuvo posterior a la Revolución. El peso no se ha devaluado frente al dólar, no se ha contratado deuda pública adicional y el salario mínimo se ha incrementado en 44 por ciento, los precios de los energéticos no han aumentado en términos reales a excepción del gas que se ha incrementado por arriba de la inflación pero que pronto se resolverá con el gas Bienestar; el índice la Bolsa de Valores ha crecido en un 20 por ciento, la inflación se mantiene estable y las reservas del Banco de México se han incrementado en un 11 por ciento.
Finalmente hay que reconocerle al Presidente Andrés Manuel López Obrador su firmeza para que se aprobara la ley secundaria sobre La Revocación de Mandato, donde se propone que, si el pueblo no está satisfecho con la forma de gobierno del presidente en turno, se puede votar para que renuncie antes de terminar su sexenio. En una encuesta reciente ante la pregunta: ¿Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del presidente, usted votaría porque renuncie o que termine su sexenio? el 72.4 por ciento de los consultados votó porque continúe. Ojalá esta ley pronto se armonice en los estados y se evalúe también la permanencia o no de las demás autoridades a la mitad de sus mandatos.