Por Andrés Vera Díaz
El ex gobernador Miguel Alonso Reyes está en la mira de la Unidad de Inteligenca Financiera comandada por Santiago Nieto, esto según algunas fuentes que le han solicitado no abandonar las múltiples denuncias que hay en contra del actual candidato plurinominal por la circunscripción 2.
Aún cuándo Geovanna Bañuelos quien en los últimos meses ha preferido emitir exhortos en el Senado en una agenda mediática que no promueva el encono ante su debilidad política, fue quien llamara a la FGR para que atrajera las múltiples denuncias en contra del ex mandatario ante la pasividad de la Fiscalía Estatal, abandonó el tema con singular extrañeza.
Aunque permea aún la sensación de que existe algún acuerdo político para blindar a Alonso, pues la tardanza por establecer ya una paralela línea de investigación entre las dependencias federales es evidente, también existe por otro lado la esperanza de que se actúe consecuentemente.
La UIF ahora está centrada en investigar a quienes son directamente bajo preferencias electorales, férreos competidores a la marca Morena específicamente. La espontánea investigación contra los candidatos punteros en Nuevo León es una manifestación explícita, a pesar de que la propia candidata guinda en esa entidad y otros aspirantes en diversos estados hacen lo propio, el señalamiento debe ir contra quienes representan el paralelismo y equilibrio a la caída en el arrastre registrado en 2018.
En este sentido, se arrecia el embate contra Alonso en el espectro mediático y podría elevarse a un plano de investigación financiera y sus consecuencias legales en próximos días. El mensaje es claro, utilizar los deberes judiciales contra las proyecciones electorales que van en detrimento de la legitimación morenista. De ahí la necesidad de repetir constantemente el “arrasaremos”. Se trata de constatar mediante el voto que el respaldo social implica usar a modo los tres poderes para aplastar al adversario y ese nerviosismo se hace patente en Zacatecas sin duda.
Aunque no debe eximirse la responsabilidad natural en las monstruosas obras inconclusas y el desvío de recursos que entre la obviedad y el secreto a voces incurrió el ex gobernador, el problema es el contexto de uso fiscalizador y legal que se trama. La justicia en tiempos electorales es la que menos legitimación tiene en la esfera social, pues solamente se replican los esquemas del viejo régimen por el que se votó en contra hace 3 años.
El retardo en las investigaciones y el ocultamiento de intereses se utiliza como un arma de doble filo en las coyunturas electorales, de ahí que se redireccionen a solamente advertir que se hace patente la implementación de fiscalizaciones, auditorías y judicializaciones para un sector específico, luego entonces, la justicia no es general en su estricta naturaleza.
Por lo pronto, con la reaparición pública de Miguel Alonso tras el anterior evento en el que los presidentes nacionales de la alianza acudieron a una comida en el hotel Baruk de la capital zacatecana, se ha extendido entre la coalición Juntos Haremos Historia la necesidad de revivir los escándalos de acusaciones contra el también ex director de Fonatur. El problema de fondo, es que en la actualidad, la asociación electoral que desmembró cierta parte del alonsismo y tellismo también cerraron la cortina para darle flujo legal a las denuncias como parte de la administración priista, y en ese tenor, se dan un balazo al pie como el propio discurso de David Monreal cuándo constantemente hace alusión al prianismo, ese que está inserto hasta el tuétano en su equipo íntimo.
En la estrategia, se trata de direccionar la relación actual en términos estrictamente electorales entre Alonso y Claudia, pues el ex gobernador está reforzando estructuras sobre todo en comunidades, donde aún posee cierto poderío. Así vemos a una Soledad Luévano concentrada en vincular el pasado con el presente, pero en esa dinámica, de repente ha olvidado revivir el tema de la nómina secreta que ella mismo denunció, y es que en esa lista, aparecen actuales candidatos guindas y colaboradores de campaña de David. Entonces, ¿somos o no somos?.
Al tiempo, esa partida secreta que según los datos de la “legisladora” fue de 2 mil millones en el sexenio de Alonso, serviría como colchón para la operación política que pretenden hacer desde el hipotético gobierno de Monreal para reforzar cuadros, amarrar compromisos y darle patente a Fuerza por México que es el partido de probable salida del coordinador de senadores de Morena.
Tampoco se encuentra en la agenda las llamafas “herramientas legislativas” de las que tanto se aprovechó Soledad. Un tibio anuncio y solamente un cheque donando -las de un mes- fue el resquicio mediático para lavarse las manos. Ahora, que los propios aliados y sumisos de las fracciones en la Legislatura local hacen uso de ellas como dí cuenta en una nota que hablaba de los gastos excesivos y supérfluos de los diputados, también existe un mutis total.
Además, también existe la evidencia oral de quien es el “asesor” de Luévano y actual candidato al dsitrito V, cuándo en un balconeo total, declarase que toda esa parafernalia por demostrar las corruptelas de Alonso eran solamente un aparador político para la coyuntura del 2016 y echarle cargada a quien en ese momento, perdía su segunda contienda y que en la primera, precisamente abdicó a favor de Alonso. Pero que contrariedades y contradicciones.
En fin, el problema esencial de investigar a Alonso es que si finalmente sale a la luz las malversaciones, obviamente él exhibirá las complicidades y en el arrastre se llevará de la corbata a muchos que ahora en franca alegoría, se personifican como parte de la 4T. Es decir, buscan a todas luces la expiación de la culpabilidad que aprobada desde Palacio Nacional se direcciona o se retorna según conveniencia. Así se demuestra cuándo la justicia y transparencia aplica para el pasado y no para el presente, siempre que no se adhieran a lo que erróneamente se llama “Cuarta Transformación”.