Por Alfredo Valadez
Hace unos días, el priismo local hinchó el pecho y levantó la cresta con orgullo, por un suceso para muchos inesperado: una vez más, Miguel Alejandro Alonso Reyes, patriarca priista del estado del año 2010 a la fecha, -jefe del actual gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna-, fue designado Secretario General Adjunto del PRI Nacional, cuyo presidente es Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador con licencia de Campeche.
Desde los partidos de oposición al PRI, una vez más, se comentó lo evidente: Miguel Alejandro Alonso Reyes, se “cayó para arriba”. Y es que el ex gobernador de Zacatecas, no solo sigue bien conectado con el grupo Atlacomulco, del Estado de México, sino que además, mantiene una relación saludable con “opositores” de alto nivel político en el país, entre ellos, su mentor político, Ricardo Monreal Ávila.
Desde ese nuevo cargo, Miguel Alejandro Alonso Reyes gozará de protección política, en un momento peligroso para muchos integrantes del PRI, que estuvieron involucrados en presuntos hechos de corrupción grave, pues el gobierno de la Cuarta Transformación, podría abrir la Caja China en cualquier momento, para seguir dirigiendo su brazo justiciero contra aquellos que en el pasado, le causaron serios agravios al actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sobre Alonso Reyes hay cinco denuncias penales, que ex legisladores federales y locales de MORENA, PT y PRD interpusieron en su contra, en el ámbito local y federal. Actualmente esos cinco expedientes se encuentran radicados en la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, donde el ex gobernador goza de protección e inmunidad total, pues el organismo de procuración de justicia, lo encabeza uno de sus aún servidores: Francisco Murillo Ruiseco.
El problema para Miguel Alejandro Alonso Reyes, sería que surta efecto la petición que el pasado mes de abril se hizo en el senado de la república, para que la Fiscalía General de la República, que encabeza el viejo lobo Alejandro Gertz Manero, atraiga los cinco expedientes penales que existen contra el ex gobernador de Zacatecas.
Si eso pasara, si dicho escenario se materializa, la FGR realizaría una investigación verdadera, contra el hoy Secretario General Adjunto del PRI Nacional, por los delitos que se le imputaron desde el año 2016, antes de dejar la gubernatura de Zacatecas: lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias, negociaciones ilícitas, delincuencia organizada y malversación de recursos, contra él, y varios ex colaboradores y ex familiares.
Pero mientras vemos qué ocurre con ese tema, si son peras o manzanas las que dará ese viejo árbol de la justicia mexicana, el nuevo integrante de la dirigencia nacional del PRI, ya movió sus primeras fichas y volvió a negociar con el monrealismo, el grupo político –la familia-, que decide los nombramientos de delegados federales en Zacatecas.
¿A cambio de qué? Eso se ignora, pero el acuerdo fue que el Gobierno Federal designara a principios de este mes de Noviembre, a Víctor Manuel Reyes Rodríguez, primo hermano de Miguel Alejandro Alonso Reyes y ex compañero de trabajo Alejandro Tello Cristerna en la Cervecería de Zacatecas del Grupo Modelo, como nuevo director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la entidad, una designación considerada como “un abierto conflicto de intereses”, por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
La trasnacional cervecera, debe recordarse, es una de las promotoras de la Presa Milpillas, al grado que inicialmente, el gobierno informó que sería una obra de financiamiento “público-privado”.
A través de un comunicado de prensa nacional, la REMA recordó que en el año 2017, a Andrés Manuel López Obrador -entonces aspirante presidencial-, un grupo de ejidatarios del municipio de Jiménez del Teúl, le pidieron que en caso de llegar a la primera magistratura del país, cancelara el proyecto de construcción de la presa Milpillas, el cual era promovido desde el año 2015 por el entonces gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes. El tabasqueño se comprometió en aquella ocasión, con los campesinos, a evitar su construcción.
Pero acusa la REMA, con la designación de Víctor Manuel Reyes Rodríguez, primo hermano de Miguel Alejandro Alonso Reyes “ferviente promotor de la presa Milpillas”, y del proyecto conjunto que es un acueducto de 170 kilómetros de longitud, el nuevo titular de la Conagua declaró que esa obra de infraestructura hidráulica “es un tema prioritario al que dará seguimiento”.
Sin embargo los integrantes de los ejidos El Potrero, Atotonilco y Ameca, se han opuesto desde un principio a dicha obra –aun no iniciada-, porque se inundaría una parte importante de sus actuales tierras agrícolas y ganaderas, por lo que incluso han interpuesto amparos en el Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas, contra su construcción.
Paralelamente desde hace dos años, diversas organizaciones sociales como el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y académicos e investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, han denunciado que el proyecto hidráulico es inviable el términos financieros, y que su construcción obedece a intereses de la Compañía Cervecera de Zacatecas del Grupo Modelo.
Grupo Modelo opera desde hace más de 30 años aquí y explota el acuífero del municipio de Calera, considerado para los campesinos “zona de veda”, pero no para producir cerveza. El acueducto que se construiría desde la Presa Milpillas, pasaría justo a un costado de la cervecería propiedad de la trasnacional Anheuser Busch – Ab Inveb.
Con la designación de Víctor Manuel Reyes Rodríguez, como director de la Conagua, acusa la REMA, su papel será el de “destrabar”, el conflicto generado en torno a la Presa Milpillas, obra que legalmente “se encuentra detenida por la fuerza de la lucha de las comunidades, que defienden su territorio, y que por medio de denuncias, quejas, demandas y juicios de amparo, han venido demostrando que este proyecto está plagado de corrupción y mentiras”.
Y más grave aún: “hoy en día es para el gobierno estatal (de Alonso y Tello), una urgente necesidad el justificar los más de 100 millones de pesos que ya se gastaron en los ‘avances’ de la presa, como se demuestra con los más de 14 contratos celebrados entre la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA – Víctor Armas Zagoya) y diversas empresas disponibles en el sitio oficial de esta institución. Solo hay contratos pagados pero los avances no existen. Seguramente el señor Reyes Rodríguez ayudará a justificar estos gastos”
