CdMx.- En los últimos diez años (2007- 2016) fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres en las 32 entidades del país, revelan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Es decir, en promedio, cada cuatro horas ocurrió la muerte violenta de una niña, joven o mujer adulta. Las causas fueron por mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento o bien degolladas, quemadas, apuñaladas o por impactos de bala.
El Inegi detalla que las carpetas de investigación por homicidios violentos que iniciaron los Ministerios Públicos de las Fiscalías y Procuradurías estatales pasaron de mil 83 en 2007 a dos mil 735 en 2016, lo que presenta un incremento de 152%.
La zona centro del país, integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, es la de mayor incidencia, al contabilizar ocho mil 65 homicidios violentos, lo que representa 35% de la incidencia nacional.
De acuerdo con Tamara Medina, oficial del Programa de Género de Amnistía Internacional, 2012 fue uno de los años más graves para las mujeres en general.
Asesinan cada 4 horas a una mujer
Cada cuatro horas una niña, joven o mujer adulta fue asesinada durante la última década en las 32 entidades federativas, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La información del organismo indica que entre los años 2007 y 2016 fueron localizados los cadáveres o restos de 22 mil 482 mujeres que fueron mutiladas, asfixiadas, ahogadas, ahorcadas, degolladas, quemadas, apuñaladas o baleadas.
De acuerdo con los registros del Inegi, las averiguaciones previas o carpetas de investigación por homicidios violentos que iniciaron los ministerios públicos de las fiscalías y procuradurías de los 32 estados del país pasaron de mil 83 en 2007 a dos mil 735 en 2016, lo que presenta un incremento de 152 por ciento.
Incidencia
La información consultada por Excélsior indica que 61 por ciento de los asesinatos se concentra en nueve entidades. En el Estado de México, se iniciaron tres mil 363 expedientes; Chihuahua, dos mil 376; Guerrero, mil 749; Ciudad de México, mil 349; Jalisco, mil 20; Veracruz, 973; Baja California, 936; Tamaulipas, 930 y Nuevo León, 918.
Según los registros, la zona centro del país, integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, es la de mayor incidencia, al contabilizar ocho mil 65 homicidios violentos, lo que representa el 35 por ciento de la incidencia nacional.
Durante el mandato de Felipe Calderón, 12 mil 308 mujeres fueron asesinadas, mientras que en los cuatro primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 10 mil 174 muertes. La tendencia por año que se ha presentado durante la actual administración indica que al finalizar la gestión del mandatario en turno se superarán los homicidios de la gestión anterior.
No hay lugar seguro
Sus casas, un parque, el trabajo o el transporte público, hoteles o calles se encuentran entre los principales lugares donde niñas, jóvenes y mujeres adultas son asesinadas de forma violenta, según registros de fiscalías y procuradurías de las 32 entidades, así como de organizaciones sociales.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 38 por ciento de los asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos por sus esposos. En México, también se ha identificado como victimarios a parejas sentimentales —novios—, familiares directos, compañeros de escuela o del trabajo, alguna autoridad escolar o laboral, personas conocidas o extrañas.
Especialistas en temas de violencia contra las mujeres mencionaron que no hay registros que permitan dimensionar los asesinatos que se comenten en el país, ya que las autoridades no reportan los homicidios o, incluso llegan a consignar las muertes como no intencionales o suicidios.
Además, los ministerios públicos y peritos no realizan las investigaciones conforme a los protocolos internacionales, por lo que se desconoce cuántos de los 22 mil 482 asesinatos de mujeres en la última década, en promedio uno cada cuatro horas, fueron tipificados como feminicidios.
Es el pan de cada día. Tenemos el caso o Lesvy o el de Mariana Lima, que los quisieron hacer pasar como suicidios. Lo que hacen las autoridades es investigar como suicidio u homicidio no violento. Por eso las recomendaciones a nivel internacional es que se sospeche que cuando hay un homicidio se investigue como feminicidio, porque los perpetradores de estas conductas buscan hacerlo pasar como suicidio”, comentó Lucía Núñez, doctora en Ciencias Sociales y colaboradora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los datos nos pueden horrorizar y preocupar, porque de 2007 a la fecha han aumentado los homicidios. Incluso, 2012 fue uno de los años más graves para las mujeres en general. Lo importante es también cuántos se investigan y cuántos terminan en una sentencia, porque de nada funcionan las carpetas de investigación, la falta de investigación refleja un alto grado de impunidad”, señaló Tamara Medina, oficial del Programa de Género de Amnistía Internacional, organización defensora de los derechos humanos
Las especialistas también mencionaron que la falta de investigación no permite conocer cuántas personas fueron sentenciadas por los crímenes o, incluso, cuántas fueron puestas en libertad ante la falta de elementos, situación que origina desconocimiento para poder implementar políticas públicas que permitan prevenir y combatir al problema.
Lo que nos ha ocurrido en algunos estados es que hay contradicción entre los datos que dan la Procuraduría y el Poder Judicial. Eso es una las cosas que se ha exigido, tener una base de datos entre sí mismas porque son los mismos casos”, señala Tamara Medina.
Cuando se pide que habiliten medidas de seguridad para una mujer, lo que sucede es que mandan una patrulla a darse dos o tres vueltas, porque el Estado no tiene el recurso humano para patrullas o policías para atender todos los casos. Las Alertas de Violencia de Género que ha emitido el Estado no están funcionando. La violencia de género comienza desde el momento en que las autoridades no pueden garantizar la seguridad de una mujer. Si las políticas que se implementan en la actualidad no sirven, es tiempo de cambiar de estrategia”, explica la colaboradora del CIEG, Lucía Núñez.
Aseguraban que era un suicidio
Más de siete años han pasado y el caso sigue impune. El 28 de junio de 2010, el cuerpo de Mariana Lima Buendía fue encontrado en su domicilio del municipio de Chimalhuacán. La falta de protocolos para recabar pruebas e investigar llevó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a considerar que se trató de un suicidio.
El expolicía judicial Julio César Hernández Ballianas, esposo y victimario de Mariana, declaró ante el Ministerio Público que ella se había quitado la vida.
Durante cinco años la familia de la joven abogada de 29 años argumentó a Ministerios Públicos, fiscales y procuradores, en diferentes ocasiones, que el dictamen de las autoridades del Estado de México estaba lleno de inconsistencias.
La petición de la mamá de Mariana Lima nunca fue considerada por las autoridades de la entidad. Sin embargo, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien el 25 marzo de 2015 ordenó reabrir e investigar el expediente de Mariana Lima como feminicidio.
El mandamiento del juez llevó a la captura de Julio César Hernández, en junio de 2016.
Sin embargo, a más de un año su detención, y a siete del feminicidio de Mariana Lima Buendía no se ha emitido una sentencia contra el agresor.
Hallan su cuerpo en combi de R40
El 9 de junio de 2017 el cuerpo de Valeria Teresa, de 11 años, fue encontrado al interior de una combi de la Ruta 40, en la colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
Antes de ser violada y asesinada la menor fue reportada como desaparecida ante las autoridades de la entidad, quienes le comentaron a la familia que no se debían de preocupar, ya que ella, estaba con su “novio”.
Siete cuadras antes de llegar a su casa, Valeria Teresa tomó una combi, la cual modificó su trayectoria, por lo que la menor no llegó a su destino. Veintiún horas después de desaparecer fue encontrada sin vida. El 10 de junio las autoridades detuvieron a José Octavio Sánchez Raso, conductor de la unidad y lo ingresaron al penal Neza-Bordo, por el asesinato de Valeria.
Sin embargo, el 16 de junio fue encontrado sin vida. Las autoridades del centro penitenciario aseguraron que utilizó una cuerda que amarró a los barrotes de la ventana del área de investigación para suicidarse. Un custodio, el director de seguridad y el director del penal fueron separados de sus cargos por la muerte de José Octavio Sánchez Raso.
El agresor, según autoridades del Edomex, se quitó la vida el mismo día en que se confirmó que las muestras de ADN correspondían con el perfil genético recabado en el cuerpo de la menor.
La estranguló un chofer de Cabify
Cuatro meses antes de tomar un taxi de la empresa Cabify, Mara Fernanda Castilla escribió en su cuenta de Twitter: “#SiMeMatan es porque me gustaba salir de noche y tomar mucha cerveza…”.
El cuerpo de la joven, de 19 años y estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), fue encontrado el 15 de septiembre pasado a cinco minutos de casa.
Mara Fernanda abordó un taxi el 8 de septiembre conducido por Ricardo Alexis Díaz, quien la estrangulo y la violó.
La Fiscalía del estado detuvo al homicida, pero las pruebas que presentó el Ministerio Público ante el juez sólo permitieron vincularlo en un principio por privación ilegal de la libertad. Al iniciar el proceso contra el agresor, el juez consideró y recomendó a la Fiscalía del estado investigar a fondo el caso, ya que existían elementos que acreditaban otro tipo de ilícitos.
Después de reorganizar su información y realizar nuevas investigaciones, las autoridades de Puebla presentaron elementos para que a Ricardo Alexis se le iniciara un juicio por feminicidio.
El juzgado determinó un plazo de cuatro meses para llevar a cabo la investigación complementaria y presentar las pruebas en una audiencia en febrero próximo.
El agresor fue internado en la prisión de San Miguel, donde se lleva su proceso.
Rocía gasolina a su mujer y la quema
Un sujeto que intentó quemar viva a su esposa, tras rociarla con gasolina y prenderle fuego, fue vinculado a proceso por intento de homicidio pese a que inicialmente el Ministerio Público se negó a aceptar la denuncia de los familiares de la mujer, ya que ésta no había acudido a rendir su declaración, no obstante que la víctima se encuentra en coma.
El presunto responsable fue identificado como Jonathan Espinoza, quien luego de chocar el carro en que ambos viajaban y de rociarla con gasolina y prenderle fuego, fue vinculado a proceso sólo tras la denuncia pública a través de los medios de comunicación locales, lo que forzó a que la Procuraduría de Justicia del Estado anunciara que el presunto responsable, quien se encuentra hospitalizado, sea vinculado a este intento de homicidio.
De acuerdo a los informes, el agente del Ministerio Público del caso dijo a los familiares de la mujer, identificada como Keira, que ella debía acudir a identificar personalmente al agresor, a pesar de que presenta quemaduras de primer y segundo grado en 80 por ciento de su cuerpo, y se encuentra en estado de coma a consecuencia del choque.
Los hechos se registraron el 18 de octubre en la colonia Juárez cuando el agresor estrelló el vehículo en que ambos viajaban y tras ver que la mujer seguía viva, descendió y la roció con gasolina.